El Gobierno prepara un nuevo real decreto extraordinario para amortiguar las consecuencias económicas de la escalada internacional en Oriente Próximo y, en particular, de la guerra con Irán. De hecho, el próximo viernes celebrará un Consejo de ministros extraordinario para ello.  La experiencia reciente demuestra que las guerras contemporáneas tienen consecuencias económicas incluso para terceros países a través de la energía, el transporte, la inflación y el coste general de la vida. 

El supuesto objetivo del decreto es precisamente evitar que la situación de crisis internacional termine golpeando con fuerza a las mayorías sociales en nuestro país. La pregunta obligada es si ese escudo incluirá todos los instrumentos necesarios para "no dejar a nadie atrás" porque las informaciones que corren hasta el momento aseguran, lamentablemente, lo contrario. Sin embargo, si algo han demostrado las crisis recientes es que hay un elemento que determina la eficacia de cualquier política de protección económica: la vivienda. Obviarlo sería un auténtico disparate que solo redundaría en mejorar los resultados electorales de la derecha y la ultraderecha, las cuales están abonadas desde hace ya mucho tiempo al cuanto peor, mejor.  

Por ese motivo algunas fuerzas políticas de izquierdas y organizaciones populares en defensa del derecho a la vivienda están exigiendo que el decreto incorpore necesariamente medidas de vivienda como la moratoria de desahucios para hogares vulnerables o la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler, máxime teniendo en cuenta que vencen más de medio millón este año. No se trata únicamente de una reivindicación política dentro del debate parlamentario, sino de una conclusión que se desprende directamente de la experiencia económica reciente.  

Recordemos. Cuando comenzó la guerra en Ucrania en 2022, Europa sufrió uno de los mayores shocks energéticos de las últimas décadas. El precio del gas se disparó, la electricidad alcanzó máximos históricos y la inflación se trasladó rápidamente al conjunto de la economía. 

En ese momento, el Gobierno conformado entonces por PSOE y Unidas Podemos, fue capaz de responder con un amplio paquete de medidas destinado a proteger el poder adquisitivo de los hogares: bonificaciones al combustible, ayudas energéticas, rebajas fiscales y transferencias directas.  Ese paquete incluyó también algunas medidas de vivienda que resultaron decisivas para evitar que la crisis económica se transformara en una crisis social de mayor dimensión.  

La prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la limitación de las subidas del alquiler al 2% o la prórroga forzosa de los contratos de alquiler permitieron mantener unas mínimas condiciones de estabilidad y seguridad residencial mientras la economía atravesaba el periodo de mayor tensión inflacionaria. No fueron decisiones accesorias ni simbólicas: fueron mecanismos de contención que evitaron que el aumento del coste de la vida derivara en una ola de expulsiones residenciales. 

Aquella experiencia debería haber servido para tomar nota de que cuando las crisis económicas se intensifican, la vivienda se convierte en el principal factor de vulnerabilidad social y es precisamente cuando mas se necesita de la intervención pública.  

Si durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania el propio Gobierno asumió que la protección frente a los desahucios y la estabilidad en los alquileres formaban parte esencial del escudo social, resulta difícil sostener que esas herramientas dejen de ser necesarias ahora que vuelve a abrirse un escenario de incertidumbre económica internacional. Sobre todo, en el escenario de emergencia habitacional en el que nos encontramos con el récord de precios de la vivienda más altos de los últimos quince años.   

Si dicho argumento no es suficiente y o si al Gobierno le falla la memoria, aunque sólo sea en términos de políticas públicas, la coherencia exige reconocer que, si la vivienda fue considerada entonces un elemento clave de estabilidad económica y social, también lo es hoy. Y la razón es, en el fondo, bastante simple. En la estructura de gasto de los hogares, la vivienda representa la partida más grande y menos flexible del presupuesto familiar. A diferencia de otros consumos, su coste no puede ajustarse fácilmente cuando aparecen tensiones económicas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un mercado cautivo por la avaricia especulativa, donde al menos para los 8 millones de inquilinos que hay en nuestro país, la decisión de pagar menos por una vivienda no es una decisión libre, ni suya. Sucede lo mismo para los millones de personas cuya cuota de la hipoteca depende de si suben o no los tipos de interés.  

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Parece evidente y vistos los antecedentes que, lo que hoy comienza como una crisis inflacionaria, puede acabar convirtiéndose en un problema de acceso a la vivienda todavía más grave para las mayorías sociales en este país.  

Desde una perspectiva macroeconómica, además, esto tiene unas consecuencias evidentes en la reducción del consumo.   

Por eso, entender que las políticas de vivienda cumplen también una función económica más amplia es imprescindible desde un punto de vista estrictamente económico. Y esto lo digo para los que necesiten de ese argumento, por si les parece poco el de que se hace necesario evitar una oleada de desahucios salvaje con las consecuentes vulneraciones de Derechos Humanos que ello conlleva.  

Se trata de evitar que una crisis internacional provocada por los intereses económicos y petroleros de Donald Trump se convierta en una crisis social que acaban pagando las familias trabajadoras en nuestro país.  

Y ese debería ser el objetivo de cualquier escudo social, de un escudo que funcione de verdad, claro. La experiencia acumulada durante la pandemia y durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania dejó una conclusión bastante clara: la estabilidad de los hogares es una condición previa para que cualquier escudo social funcione. 

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Sin medidas que protejan la vivienda, no hay escudo social que valga.