Las restricciones fruto de la objeción de conciencia a la anterior Ley del Aborto, aprobada en 1985, condujeron a un grupo de profesionales de la sanidad pública a crear centros privados donde las intervenciones fueran seguras y de calidad. Desde entonces, esas clínicas practican el 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo. "Las mujeres vienen a que les presten gratuitamente un servicio al que tienen derecho. Quien no lo entiende son algunos políticos que se erigen en salvadores de la moral", explica Eva Rodríguez, representante de la asociación de clínicas acreditadas Acai en la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (Fiapac), que celebra su congreso en Sevilla.

Los antiabortistas dicen que esto es un negocio.

La mayoría de la gente que viene a este congreso trabaja en centros públicos de todo el mundo. Y para ellos no es un negocio, es su trabajo, es su profesión. En España, se puede considerar entre comillas un negocio porque no se ha podido hasta ahora, con la nueva ley, implantar en la sanidad pública. Es decir, es un negocio en el sentido de que tienes que cobrar por tu trabajo. Pero no un negocio en el sentido que ellos dicen. También hacemos planificación familiar, llevamos embarazos, cursos sobre educación sexual... No es un negocio, es un derecho.

¿Cuál es el objetivo del congreso?

Este año está centrado en el acompañamiento a las mujeres y el proceso que se sigue desde todos los aspectos, como la prevención, que pasa por mejorar las políticas de salud sexual y reproductiva para que lleguemos al menor número posible de embarazos no deseados. Analizaremos por qué los anticonceptivos fallan o por qué no se usan.

Los antiabortistas también suelen censurarlos.

Es contradictorio y está fuera de la realidad. Entiendo que las personas que son profundamente religiosas sigan los dictámenes de su iglesia. Pero la mayoría de la sociedad no es así y, aunque se tengan ciertos sentimientos religiosos, la gente quiere planificar la familia, tiene relaciones y usa anticonceptivos, que es lo que hay que promocionar.

La ley siempre suele ir por delante de la sociedad.

Mi percepción es distinta. Desde que se aprobó la ley, las mujeres están informadas de que tienen un derecho y ya está. Son los políticos quienes ponen trabas a las mujeres.

¿Las mujeres tienen menos sentimiento de culpa?

Eso ha mejorado, pero ha ocurrido algo. Durante años, el aborto ha estado muy silenciado en España, aunque se seguía practicando con distintos signos políticos. La gente ha venido tranquila, pero tras los casos del doctor Morín y la clínica Isadora, las mujeres volvieron a venir con sentimientos de culpa muy enraizados. Hay una militancia importante de sectores contrarios que ponen fotos de abortos de muchas más semanas y eso remueve mucho los sentimientos. Si todo se normaliza, la cosa irá a mejor. Si no, las mujeres lo seguirán haciendo pero con mucho menos confort.

¿Hay muchos abortos clandestinos?

Ha habido un repunte en Europa desde hace unos años y en España también ha habido. Si lográramos la igualdad y equidad que dice la ley, problamente esto desaparezca.

¿Habría que regular la objeción de conciencia?

Sí, y que fuera individual, no colectiva. Un hospital no puede realizar la objeción en bloque. Si hay muchos objetores y no se puede realizar el servicio, el hospital tendrá que contratar a profesionales que no lo sean, porque el servicio es legal y hay que darlo.

¿Cabe la objeción en la atención primaria?

Que quien empuja la camilla de la mujer quiera objetar, o quien le lleva la medicación, es un maltrato hacia las mujeres y una falta de respeto hacia ellas, que han tomado una decisión, generalmente con mucho dolor emocional y con todo el derecho legal.