Miles de menores fueron objeto de abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales regentadas por religiosos de Irlanda durante casi 70 años, reveló hoy un informe elaborado por una comisión gubernamental. Los abusos, que el documento calificó de situación "endémica" en este país, provocó que varias generaciones de niños y niñas entregados al cuidado del Estado viviesen "a diario el terror" de los castigos corporales.

La Comisión sobre Abusos a Menores fue establecida en 2000 para aclarar numerosas denuncias de abusos sexuales ocurridos desde 1940 hasta mediados de la pasada década de los 80 en escuelas públicas, orfanatos, centros para enfermos mentales y en otras instituciones estatales, que, en su mayoría, estaban administradas por sacerdotes y monjas de la Iglesia católica irlandesa. No obstante, la investigación documentó casos que se remontan hasta 1914 y otros, más cercanos, denunciados en 2000.

El informe, de unas 2.500 páginas, es un catálogo de "abusos sexuales crónicos" y de maltratos físicos y emocionales infligidos "sobre miles de menores desfavorecidos, abandonados y olvidados" tanto por religiosos como por personal laico. El texto también lanza duras críticas contra la jerarquía católica irlandesa, a la que acusa de pasividad ante los abusos cometidos por individuos reincidentes.

Órdenes religiosas investigadas

Entre las órdenes religiosas investigadas figuran las Hermanas de la Misericordia (a cargo del mayor número de instituciones para menores), los Hermanos Cristianos (el principal gestor de instituciones para chicos de entre 10 y 16 años de edad) y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio.

Estas últimas administraban las infames Lavanderías de la Magdalena, popularizadas por la película Las hermanas de la Magdalena (2002), donde se recluía a jóvenes de supuesta vida disoluta bajo un régimen de esclavitud y continuas humillaciones. Para la Comisión, las congregaciones religiosas no tuvieron en cuenta las consecuencias que tendrían sus acciones sobre el desarrollo de los menores.

Al contrario, el informe denuncia que la principal preocupación de las órdenes era "la mala publicidad y los potenciales escándalos" que se generarían si se llegaba a conocer el verdadero alcance de los abusos. El presidente de la Comisión, el magistrado Sean Ryan, aseguró que las autoridades eclesiásticas abordaban las denuncias de abusos sexuales trasladando a los agresores a otro lugar, donde, "en muchos casos", volvían a delinquir. "El bienestar general de los niños no se tomaba en consideración", recalca el documento.

Un día de vergüenza para Irlanda

Durante la presentación del informe, se registraron tensas escenas entre miembros de la Comisión y víctimas de los abusos, a los que no se permitió entrar en la sala. El grupo de apoyo a las víctimas One in Four (Uno de cada cuatro), consideró que "la jornada de hoy es un día de vergüenza para Irlanda". Los perjudicados lamentan también que, como resultado de la investigación, que le ha costado al Estado más de 70 millones de euros, ningún supuesto pederasta será llevado ante la Justicia.

El informe sólo nombra a los individuos que ya han sido condenados por cometer abusos sexuales, a pesar de que la Comisión descubrió "casos específicos" en 216 instituciones. "El abuso sexuales de chicos era endémico en las escuelas; mientras que, en las de chicas, las menores eran objeto de actitudes depredadoras por parte de trabajadores varones, visitantes o cuando salían al exterior para realizar alguna tarea", indicó el texto.

Según la Comisión, los maltratos no se denunciaban normalmente, pero en una ocasión en que el Ministerio de Educación fue alertado al respecto, sus responsables actuaron en connivencia con los religiosos para mantener la cultura del silencio imperante. Por lo general, abundó la investigación, la autoridades educativas irlandesas optaban por ignorar las acusaciones de abusos sexuales y nunca presentaron estas quejas ante la Garda (la policía irlandesa).

Los pederestas eran trasladados

"Como mucho, los abusadores era trasladados, pero nada se hacía para tratar el daño infligido sobre el menor. En el peor de los casos, se culpaba al niño y se consideraba que estaba corrompido por la actividad sexual y era castigado con severidad".

Y si las condiciones de habitabilidad eran "frías, húmedas y básicas", los castigos corporales eran "perversos, severos, arbitrarios e impredecibles" en las instituciones donde los menores "vivían con el terror diario de no saber por dónde iba a llegar la siguiente paliza", concluye el informe.