Junts se mantiene en el 'no' al escudo social pese al acuerdo entre PSOE y PNV que da más garantías a los caseros

Un mes ha pasado desde que decayeran las medidas recogidas en el llamado escudo social, el 31 de diciembre de 2025. La moratoria antidesahucios para familias vulnerables, la prórroga del bono social eléctrico o la prohibición de los cortes de suministros de agua, luz y gas a los consumidores vulnerables. Un mes y el Gobierno todavía no ha dado con la tecla para sacar adelante un nuevo Real Decreto-ley.

Lo intentó la semana pasada por medio de un nuevo decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones. Un movimiento que tumbaron en el Congreso las derechas parlamentarias: PP, Vox y Junts. ¿La semilla de la discordia? La protección frente a los desahucios para inquilinos vulnerables. Una medida que, en palabras de la portavoz de los posconvergentes, Miriam Nogueras, "promueve la okupación", profundizando la desprotección de los pequeños propietarios.

Cambio de estrategia. Este martes, en el seno del Consejo de Ministros, el Gobierno optaba por trocear en dos el decreto. Por un lado, las pensiones; por otro, las medidas del escudo social. Una decisión no exenta de discusión, dentro incluso del propio Ejecutivo. La decisión no se tomó de manera definitiva hasta la propia reunión semanal de los componentes del Gobierno. Y es que la parte socialista del Ejecutivo sentaba a primera hora de la mañana a la mesa de negociación una opción bien distinta. La idea de los de Pedro Sánchez era llevar a la Cámara Baja la moratoria antidesahucios por un lado, en un decreto separado, y las pensiones y el resto de medidas sociales que cuentan con más consenso en otro decreto compartido, según explican fuentes de Sumar. "Sería como dejar caer la moratoria", advertían entonces voces de la coalición izquierdista. Una medida, recordaban, de la que depende el bienestar de más de 60.000 familias vulnerables de toda España.

Finalmente se imponía el criterio del socio minoritario del Ejecutivo y la moratoria se votará con el resto de las medidas sociales. Sin embargo, los números siguen sin garantizar una mayoría en el Parlamento. Para sacar adelante el nuevo decreto social, el Gobierno necesitaría, bien el apoyo de Podemos y la abstención de Junts, bien el sí de los de Puigdemont. En cualquier caso, los posconvergentes son la pieza clave del nuevo puzzle parlamentario.

"Ya votaron a favor una vez", recuerdan en conversación con Público voces del Gobierno. Lo hicieron, sí, pero no sin obtener algo a cambio. Hace un año, el apoyo de Junts al escudo social estuvo supeditado a la aprobación de un sistema público de avales para los pequeños propietarios. Un fondo que les garantizara el cobro de sus rentas, protegiéndoles frente a posibles impagos. 

Las relaciones con Junts no están, sin embargo, en su mejor momento. Hace meses que los de Puigdemont dieron por finiquitado su apoyo al Gobierno de Sánchez, acusándolo de vulnerar el acuerdo de investidura. Para volver a atraerlos hacia el bloque de sus aliados parlamentarios, el PSOE ha encontrado, sin embargo, una nueva estrategia: negociar nuevas ayudas a los pequeños propietarios con el Partido Nacionalista Vasco.

La mañana de este martes, en paralelo a la reunión del Consejo de Ministros, el PNV anunciaba, a través de una nota de prensa remitida a los medios, un acuerdo con el Partido Socialista. El pacto pasaba por una "nueva redacción" de la moratoria antidesahucios. En el nuevo decreto, la medida no se activará para los propietarios de un máximo de dos viviendas afectados por un impago. Serán los servicios sociales los encargados de suministrar una alternativa habitacional. En el caso de los propietarios de tres o más inmuebles, la moratoria seguirá aplicándose a con normalidad, "siempre que haya un contrato previo y que el propietario no sea una persona vulnerable". En cualquier caso, los caseros afectados seguirán teniendo acceso al sistema público de compensación que, por si fuera poco, el Consejo de Ministros dotó la semana pasada con 300 millones de euros adicionales.

El acuerdo entre PSOE y PNV, al mismo tiempo que desencadenaba una ola de indignación y críticas entre las izquierdas, tampoco ha convencido a Junts, según informa Ferran Espada. El grupo de Míriam Nogueras, que es indispensable para aprobar el texto cuando se presente en el Congreso de los Diputados, opta en estos momentos por un no que, de mantenerse, hará decaer la prórroga de las medidas activas desde la pandemia. Nogueras publicaba un vídeo en Instagram donde ha advertido de que votará en contra de una medida "que no sólo no soluciona el problema, sino que es injusta" porque "hace pagar el coste de este escudo social al pequeño propietario y a los vecinos". 

Por tanto, los de Puigdemont se decantan por un voto contrario. "No es un escudo social, es una medida que no funciona y que no se ha querido solucionar bien", apuntan fuentes de la formación.

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Fuentes de Moncloa confirman a Público que las comunicaciones con Junts continúan rotas. Por el momento, no se ha sentado a hablar. El acuerdo con el PNV, ansían, apunta en la dirección de las reivindicaciones de Junts y podría atraer a las negociaciones a los de Puigdemont. En ese supuesto, el Gobierno estaría dispuesto a escuchar las reivindicaciones de los catalanes y hacer algunas concesiones para construir la mayoría necesaria para sacar adelante las medidas del decreto.

Podemos lo tilda de "pacto criminal"

La otra llave para sacar adelante el decreto estaría en manos de Podemos. Los de Ione Belarra han insistido en las últimas semanas en la urgencia de las medidas recogidas en el escudo social, especialmente la moratoria antidesahucios, y ya votaron la semana pasada a favor del macrodecreto. No está todo hecho: el nuevo guiño al PNV no les ha gustado. "A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas", criticaba con dureza la mañana de este martes la secretaria morada. Tachando de "especialmente lamentable" la forma de comunicarlo.

"Una vez más, el Partido Socialista, en vez de pelear por la mayoría social, utiliza a la derecha como excusa para recortar las medidas que Podemos con tanto esfuerzo peleó en el Gobierno", ha recriminado Belarra a los de Sánchez, instándoles a convertir en estructural la protección a las familias vulnerables. A la espera de conocer el texto definitivo del acuerdo, voces de la formación morada trasladan a Público que su voto no está garantizado. Y que siguen "con preocupación" la información dada a conocer a través de los medios de comunicación.

Con el respaldo de Podemos y una posible abstención de Junts las cuentas seguirían estando muy ajustadas. Nadie puede fallar. Los partidos de Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y Compromís. Todos juntos sumarían 172 síes, frente a los 171 noes del bloque de la derecha, conformado por PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Queda todavía tiempo para negociar. Una vez aprobado en el seno del Consejo de Ministros, el decreto dispone de un plazo de un mes para volver a la Cámara Baja. Desde el Gobierno no pierden la esperanza, acostumbrados a alcanzar acuerdos in extremis en medio de una aritmética parlamentaria complicada.