Prohibir sí, educar también: qué dicen los expertos sobre expulsar de las redes a los menores de 16 años

"[Las redes sociales] se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos y la desinformación vale más que la verdad". Pedro Sánchez ha anunciado este martes un paquete de medidas para garantizar la "protección" de los usuarios en entornos digitales. El Gobierno quiere penalizar la manipulación de los algoritmos y vigilar de cerca la polarización y los discursos de odio en Internet. La propuesta que más interés ha generado es la que tiene que ver con vetar el acceso de los menores de 16 años a redes sociales como Instagram, X, YouTube o TikTok. Este asunto lleva meses encima de la mesa y encuentra parangón en otros países, como Australia o Francia. ¿Qué impacto puede tener la iniciativa? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Quién va a vigilar que se cumpla el reglamento?  

Sánchez ha avanzado que las plataformas digitales tendrán que "implementar sistemas de verificación" de edad que "vayan más allá de simples declaraciones formales", es decir, "barreras reales y eficaces" contra la entrada de adolescentes y menores en espacios online. Esta es una medida que contempla paralelamente la ley de protección de los menores en entornos digitales que se está tramitando en el Congreso de la mano del Ministerio de Juventud e Infancia. Sumar, de hecho, ha confirmado que tiene que "estudiar" la propuesta del jefe del Ejecutivo. El PP, por su parte, planteó en diciembre una enmienda al mismo texto que pedía explícitamente "prohibir la entrada a redes sociales de los menores de 16 años" y establecer "un horario de descanso digital".

"La presencia de los menores en entornos digitales preocupa desde hace mucho tiempo. Esta prohibición es una buena manera de empezar a regularla, por mucho que suene, en cierto modo, drástica. Lo que pasa es que no va a servir de nada si solo se queda en una prohibición, tiene que ir más allá: regular, concienciar y formar a estudiantes, familias y docentes", señala Paula Marcelo, educadora e investigadora Juan de la Cierva en el grupo Ágora de la Universidad de Huelva, donde estudia la alfabetización mediática e informacional y trabaja en una guía para las familias. Pedro Sánchez también aspira a acabar con la impunidad de los directivos para que sean "legalmente responsables" de las infracciones que se cometan en sus plataformas.

El Gobierno tiene previsto aprobar este paquete de medidas la próxima semana en el Consejo de Ministros. Lo hará, insisten desde Moncloa, para "hacer de las plataformas digitales un espacio saludable". El plan de acción y los flecos de la propuesta todavía son una incógnita. "Lo importante no es tanto la edad que se establezca, sino el hecho de que por fin se ha asentado -a nivel internacional- un consenso: tenemos un problema sistémico y estructural con las redes sociales y por fin se está moviendo la responsabilidad hacia el sistema", desliza Álvaro San Román, investigador en el programa de Doctorado de Filosofía de la UNED. "El anuncio es importante, pero no se va a poder materializar sin la complicidad de las grandes compañías digitales, tanto para verificar la edad de los usuarios como para poner límites éticos y líneas rojas en su funcionamiento", insiste Jorge García Marín, profesor de sociología en la Universidade de Santiago de Compostela.

¿Qué hacen otros países?  

España no es el primer país que pone el derecho a la desconexión tecnológica de los menores encima de la mesa. Australia fue pionera en este sentido. La primera norma para fijar una "edad mínima" se aprobó hace ahora dos años. Y entró en vigor el pasado mes de diciembre. El texto es similar al que propone España. Los usuarios tienen que acreditar que tienen 16 años para abrirse un perfil en Instagram, Snapchat o TikTok. Las compañías, por su parte, deben acreditar que no se infringe el reglamento. Esto no afecta a todas las empresas, solo a las que entran en el listado de plataformas age-restricted, un listado que se actualiza además de manera rutinaria y sin necesidad de reformar la legislación.

Australia contempla además sanciones contra las tecnológicas que no apliquen o incumplan los mecanismos de verificación. "El problema no solo se reduce a la esfera educativa, como veníamos detectando en actuaciones previas. España parece que quiere imitar este modelo: salirse del veto escolar y abordar el problema como algo social y estructural", continúa Paula Marcelo. Los primeros resultados apuntan en la buena dirección. Las fuentes consultadas por este diario, no obstante, piden "esperar" para "ver los efectos a medio y largo plazo". De momento, las principales compañías reportaron a las autoridades australianas un borrado de aproximadamente 4,7 millones de cuentas pertenecientes a menores de 16 años. Y esto solo en la primera mitad de diciembre, es decir, dos semanas después de la entrada en vigor de la norma.

Francia también ha tomado cartas en el asunto. La Asamblea Nacional aprobó la semana pasada el artículo central de un proyecto de ley que busca proteger a los menores de los daños de las redes sociales. El texto ha salido adelante con una abrumadora mayoría: 116 votos a favor y 23 en contra. Los noes han llegado de la mano de La Francia Insumisa. La coalición de izquierdas aboga por impulsar los recursos educativos y huir de las políticas prohibicionistas. "Lo mejor es plantear estas cuestiones desde la positividad y no desde el castigo, es decir, premiando a quienes hacen un uso correcto de las redes sociales. La alfabetización es aquí fundamental. El carné de conducir te lo puedes sacar porque te enseñan antes como utilizar el coche, pero con el móvil no ocurre: ¿quién te enseña a moverte por Internet?", compara Ana María Ruiz-Ruano, profesora de psicología evolutiva y de la educación en la Universidad de Granada.

Emmanuel Macron propone por un lado un sistema de verificación de edad y por otro la prohibición simultánea del uso de teléfonos móviles en los centros educativos. El límite para acceder a las redes sociales en el supuesto francés es más reducido: 15 años. Irlanda, Dinamarca, Grecia, Italia o el Reino Unido debaten ahora medidas similares. "La regulación debería ir más allá de España, Francia o Australia, necesitamos un consenso a nivel europeo", propone el sociólogo Jorge García Marín.

La prohibición, ¿puede quedarse corta?

Las voces consultadas por este diario creen que la iniciativa para regular el acceso de los menores a las plataformas digitales es "a grandes rasgos positiva", pero recalcan la necesidad de ir más allá. "El éxito de la propuesta no va a estar en que un chaval no pueda tocar el móvil hasta que cumpla 16 años, sino en acompañar y prestar atención a las familias para que eduquen a los niños y niñas en un uso sano y crítico de las redes sociales. Las medidas van a resultar efectivas a largo plazo si son flexibles y se van adaptando a los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial", insiste Paula Marcelo. "La regulación tiene que pensar también en las consecuencias de lo que se regula. Los teléfonos móviles ocupan muchas horas en la rutina de miles de adolescentes. ¿Cómo les vas a decir que de un día para otro les quitas el acceso? ¿Todos los chavales que tienen redes sociales hacen cosas malas?", recalca la profesora Ana María Ruíz-Ruano. "Es una cuestión complicada. Lo vemos con el acceso a casinos o con el consumo de alcohol: hecha la ley, hecha la trampa", insiste.

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Esta es una cuestión en la que también repara el filósofo Álvaro San Román. "Los argumentos que está dando la gente que está enfadadísima [con esta propuesta] es que se les va a prohibir su modo de vida, dicen que son muchos los que dependen de las redes sociales para entablar relaciones sociales. Lo dicen como si fuera obvio, como si fuera natural. Este es uno de los puntos de fondo: cómo suplimos las carencias de una sociedad, mediante relaciones interpersonales reales o mediante relaciones mediadas por la digitalización", sostiene. El alcance de la medida todavía parece difuso, pero las valoraciones iniciales son "positivas" y apuntan en la buena dirección. Así lo resume el sociólogo Jorge García Marín: "No hace falta que [la prohibición] funcione al 100%, basta con que sitúe el acceso a las redes como un problema y ponga el foco en los riesgos que lleva asociados, como el aumento de los casos de ciberacoso, los trastornos de conducta alimentaria y la falta de atención en las escuelas".