Los derechos de la infancia se abren paso frente a los padres que comparten en redes la vida de sus hijos

El Ministerio de Juventud e Infancia ha sacado a consulta pública su intención de legislar con respecto al sharenting. El departamento de Sira Rego adelantó esta semana que está trabajando en una norma para poder regular la publicación de fotografías, vídeos y cualquier otra información sobre los hijos e hijas en las redes sociales de sus progenitores. Se trata de una práctica cada vez más habitual entre los padres y madres, y, sin embargo, "algo que se sube con cariño puede terminar convertido en algo traumático sin que nadie pueda evitarlo", como explica a Público Natalia Díaz, activista por los derechos de la infancia y autora de Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red. Como dato, con solo seis meses de edad, el 81% de los bebés tiene presencia en Internet, según una encuesta de 2019 en diez países de la firma de seguridad informática AVG.

"Cuando los padres comparten la vida de un menor en redes, están creando una identidad digital que él no controla. Es la idea preconcebida que los demás se hacen de él, y da lugar a poner etiquetas. Además, esa huella digital es rastreable durante años y puede influir en futuras oportunidades académicas o incluso laborales, porque empresas y centros educativos ya revisan la presencia online", argumenta Díaz. Para Violeta Assiego, ex directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el sharenting pone en "riesgo" el "bienestar emocional y físico de las niñas y de los niños al perder por completo el control de su privacidad y que no se midan las consecuencias que esto puede tener en sus vidas (...) Se les trata como objetos, no como un sujeto de derechos".

"Cuando un adulto comparte de forma constante fotos o vídeos del menor, por ejemplo, del primer día del colegio, de un momento de rabieta o una revisión médica, lo que está haciendo es crear una huella que ese niño o niña no ha elegido y que pueda acompañarle toda la vida", recuerda Claudia Caso, directora de la Fundación SOL. "Desde el punto de vista psicológico, los menores pueden sentirse expuestos, ridiculizados (...) lo que afecta a su autoestima y su sentido de la autonomía. Hay niños que piden que se retiren vídeos virales suyos, pero muchas veces ya es demasiado tarde. Y ya no hablamos solamente de seguridad digital, sino también de una relación familiar y de las dinámicas que se establecen. Cuando un niño percibe que su vida privada se expone sin su permiso, se resiente la confianza con sus cuidadores", añade Caso.

Entre los riesgos del sharenting están el grooming o "engaño pederasta", que "ocurre cuando un adulto se hace pasar por un menor para ganarse su confianza", advierte Natalia Díaz. También está el ciberbullying, "cuando se utiliza un contenido subido a redes como burla y acoso", pues "un vídeo que a un adulto le parece gracioso, para el niño puede ser una vergüenza que lo acompañe durante años". Y la geolocalización: "Hoy en día, introduciendo una fotografía en el buscador, se puede saber dónde ha sido realizada. A veces, sin querer, se publican detalles que muestran dónde vive, a qué colegio va, qué actividades hace y a qué hora. Esto permite que cualquiera pueda seguirle la pista y conocer sus rutinas", detalla la activista.

A su juicio, se puede hablar de "una prostitución de la vida íntima del menor para el consumo de adultos desconocidos": "Podemos hablar sin lugar a dudas de explotación infantil, ya que hay menores trabajando en redes sociales sin ningún tipo de regulación y para lucrar a los padres (...) Muchos niños se convierten en el centro del contenido y en la fuente principal del éxito de canales o perfiles. Su imagen genera likes, seguidores y dinero, pero ellos no pueden decidir ni gestionar esos beneficios", remarca Díaz. Al final, se "limita su desarrollo personal", algo que "en nuestro ordenamiento jurídico viene recogido en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)", indica Violeta Assiego.

Cabe recordar que casi el 25% de personas jóvenes ha sufrido violencia digital en España, según el Estudio de Prevalencia recientemente publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia. Asimismo, el informe del comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia destaca que la sobreexposición digital puede provocar daños psicológicos, como ansiedad, vergüenza, baja autoestima, y aumentar el riesgo de acoso entre iguales.

El Ministerio de Juventud el Infancia recuerda que "el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, reconocen el derecho de las personas menores de edad a expresar su opinión y a que esta se tenga en cuenta en todos los asuntos que les afectan; así como a ser oídas y escuchadas, sin discriminación alguna, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento en que estén afectadas". "A la vista de las consecuencias ya patentes de esta realidad [sharenting] se estima que no proceder a su regulación constituiría una vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia", argumenta el departamento de Sira Rego en el argumentario de la consulta pública abierta este miércoles.   

Para Violeta Assiego, es "importante" que se creen "mecanismos de garantía e incluso sanciones" cuando hay un interés de monetizar, hacer publicidad o atraer al público, como ocurre con las madres y los padres influencer. "Es cierto que en España a partir de los 14 años se requiere ya el consentimiento" de las criaturas, reconoce la experta en derechos humanos, pero advierte de que "el consentimiento no puede ser una excusa para hacer que los hijos no puedan decir nada". "Los representantes legales de las niñas y los niños tienen que actuar siempre protegiendo el interés superior de estos niños (...) no son un objeto, no son un jarrón, no son un coche sobre el que pueden disponer", insiste. Si bien no desdeña la labor de la educación, sensibilización y prevención en este ámbito. Assiego, de hecho, apuesta por ampliar la mirada más allá de las soluciones punitivas, basadas en el castigo, y aboga por incentivar la activación de protocolos institucionales, guías de buenas prácticas o líneas de ayudas. Así como por introducir mejoras a las condiciones ya existentes, como reducir a los 12 años la firma del consentimiento o la agilización de mecanismos para que si los hijos consideran que alguna publicación con su imagen puede perjudicarles, se puedan borrar inmediatamente.

Por otro lado, Claudia Caso pone el foco en la responsabilidad de las propias plataformas, quienes -afirma- "deben tener también obligaciones concretas" y "ofrecer herramientas fáciles para que se puedan denunciar y retirar contenidos de manera ágil". "También deben tener opciones de privacidad por defecto y desde el diseño, y sistemas con los que se puedan impedir que las imágenes de los menores sean reutilizadas o descargadas sin su permiso, incluso que puedan ser manipuladas en un momento dado por inteligencia artificial", concluye.

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Mientras, bajo el punto de vista de Natalia Díaz "hay cuatro puntos fundamentales en los que se debería priorizar en cuanto a la regulación" en la que está trabajando el Ministerio y de la que ella está participando a través del grupo de expertas: "La exhibición pública del alumnado en las redes sociales de los centros educativos, la utilización de menores en situación de vulnerabilidad, el contenido con menores que actualmente no pasa por ningún control de calidad ni filtro institucional, y por último los menores que están trabajando en redes sin ningún tipo de regulación". Si bien es verdad que "se debe garantizar el derecho a la intimidad y a la imagen de las infancias en general, considero que en el caso de los centros educativos y los niños y niñas influencers, se debería intervenir lo antes posible y de manera prioritaria", termina la activista.