El Gobierno ha dado hoy luz verde a la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que ofrecerá a las víctimas una salida al maltrato con el fin de llevar una vida 'digna y mejor' y que, entre otras medidas, incluye la libertad vigilada para los agresores condenados o la inclusión de los hijos de las mujeres maltratadas como víctimas de la violencia machista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la aprobación del plan, que ya fue presentado a finales del pasado mes de mayo, y que está dotado con 1.539 millones de euros con una duración de cuatro años.

Con la estrategia, el Gobierno quiere decir a las víctimas que 'hay salida' a la violencia machista y que pueden y tienen derecho a 'una vida digna y mejor', ha subrayado la vicepresidenta.

Elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fruto de las aportaciones de los distintos ministerios, así como de las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y distintas organizaciones, está vertebrado sobre siete ejes y cuenta con 258 medidas, ha explicado Sáenz de Santamaría.

A su juicio es un proyecto 'muy ambicioso' e integral, 'a la vanguardia' de lo que está haciendo la UE en materia de protección de la mujer. Asistir de forma personalizada a las víctimas, prevenir la violencia, atender a los grupos de mujeres más vulnerables, la coordinación estatal y la información y la visibilidad de esta lacra son algunos de los pilares sobre los que se ha elaborado.

Además de la extensión de la libertad vigilada para los condenados por violencia machista, el texto incluye la promoción de mecanismos que permitan conocer los movimientos y el estado de los internos condenados que se encuentren de permiso penitenciario, para dar cuenta de inmediato a los agentes encargados de la seguridad de las víctimas.

Los maltratadores condenados podrán ser vigilados entre tres y cinco años después de salir de la cárcel y si incumplen las medidas de alejamiento respecto de la víctima existe la posibilidad de acordar prórrogas de esa libertad vigilada de cinco años como máximo, como anunció el Ministerio de Sanidad. Además, 'el nuevo Código Penal considerará delito los matrimonios forzados, así como el hostigamiento o acoso a la mujer', detalla el departamento de Mato en un comunicado.

Las víctimas en riesgo recibirán asistencia en casas de acogida en un plazo de 24 horas, para lo que se creará una Nueva Red Nacional, que integrará los centros ya existentes y dará cobertura a cada caso según las necesidades de atención, tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 17 de junio, presidida por la ministra del ramo, Ana Mato. La nueva red integrará los centros de emergencias, las casas de acogida y los pisos tutelados existentes en las comunidades autónomas.

La Estrategia incluye, por primera vez, un protocolo sanitario específico contra la mutilación genital femenina y la puesta en marcha de una ventanilla única para las víctimas de violencia de género a nivel autonómico.

También persigue, entre otros, potenciar el servicio de información online del teléfono 016, y mejorar la formación de los profesionales, para lo que, entre otras cosas, se incluirá en el contenido formativo troncal de todas las especialidades médicas información especializada sobre violencia de género.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.

EUROPA PRESS

El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para las personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y que les dará acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios pagando una cuota mensual.

Este convenio especial dará acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios por el período de tiempo determinado en el mismo. La contraprestación económica a abonar será de 60 euros mensuales hasta los 65 años y de 157 euros mensuales para los mayores de esa edad.

Se completa así el paquete normativo iniciado en agosto de 2012 con la aprobación del Real Decreto que regula la condición de asegurado y, según el Ministerio de Sanidad, 'hace efectiva la universalidad de la asistencia sanitaria pública para todos los españoles'.

Estos convenios especiales, que podrán ser suscritos por españoles o extranjeros que no reúnan la condición de asegurado ni beneficiario, están dirigidos especialmente a los españoles que no trabajen pero que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (los denominados rentistas); los europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español y los nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público.

El Real Decreto, además, establece el sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el Sistema Nacional de Salud, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.