Los administradores concursales de Air Madrid consideran que los activos de la aerolínea sólo cubrirían el 17,65% de sus deudas con empresas y con los cerca de 50.000 pasajeros que se quedaron en tierra en diciembre de 2006 a raíz de que el Ministerio de Fomento le suspendiera la licencia de vuelo.

En un informe, al que tuvo hoy acceso EFE, en el que critican duramente a Fomento, los administradores nombrados por el juzgado cuantifican los activos de Air Madrid, dieciséis meses después de ser declarada insolvente, en 25,5 millones de euros y las deudas en 144,5 millones.

Por ello creen que "las expectativas más razonables" para que los acreedores sean compensados pasan por aprobar el convenio anticipado que propuso el propietario de Air Madrid, José Luis Carrillo.

Respaldado por la actividad hotelera de su grupo, Carrillo ha prometido devolver en un año el importe completo de los billetes de avión de los clientes que quedaron en tierra y en cinco la mitad de las deudas contraídas con las empresas.

Los administradores concursales consideran "particularmente grave" el desfase patrimonial de Air Madrid, que atribuyen a su modelo de empresa, basado en el arrendamiento de aviones e inmuebles y en la utilización como financiador del principal accionista (Carrillo y su sociedad Optursa), aunque también apuntan como agravante el retraso en la actuación de Fomento.

En primer lugar critican que los incumplimientos significativos de la normativa que adujo Fomento para retirar la licencia a Air Madrid en diciembre de 2006 "eran inferiores a los existentes en meses anteriores".

Por ello, apuntan que "a un observador imparcial puede sorprender que, a partir de un momento determinado, la comprensión que el Ministerio de Fomento había tenido hacia esta sociedad se haya trocado en severa y rápida aplicación de las normas legales y reglamentarias".

Además, denuncian que a pesar de que Air Madrid remitió sus cuentas y su informe de auditoría de 2004 y 2005 meses después de que hubiera finalizado el plazo, Fomento no revocó entonces la licencia ni adoptó ninguna medida.

Por ello, concluyen que "existen algunos datos que evidencian que la suspensión de licencias y autorizaciones tenía que haberse adoptado -o al menos podía haberse adoptado- con anterioridad, y que la demora en la adopción de esa medida ha contribuido de modo decisivo a agravar la situación de insolvencia", que fue instada finalmente por el despacho IURE Abogados en nombre de una familia de viajeros.

Los administradores también ponen de manifiesto que "el modelo elegido por Air Madrid explica que nos encontremos ante una sociedad con un activo ínfimo en relación con el importante pasivo", lo que provoca que, si la compañía se liquida, los acreedores recuperarían una parte "muy reducida" de lo que se les adeuda.

"En el caso de que se apruebe el convenio anticipado propuesto, se evitaría ese resultado", añaden los administradores, que valoran que se devuelva el 100% del dinero a los viajeros, fundamentalmente inmigrantes latinoamericanos que se quedaron sin volar a sus países de origen a partir del 15 de diciembre de 2006.

No obstante, recuerdan que si prosperase el convenio, sería fruto de una nueva garantía de la sociedad dominante y apuntan algunos hechos que podrían afectar a las expectativas de cobro, como las sanciones administrativas que se han impuesto a Air Madrid en España y en el extranjero, o la crisis económica y financiera, que podría repercutir en Optursa, enfocada al sector hotelero.

Los administradores, que han presentado su informe fuera de plazo por las dificultades para solventar todas las reclamaciones, procedentes de España y el extranjero, recuerdan que las razones del mal funcionamiento de Air Madrid "fueron técnicas, no económicas", ya que "no se restringieron los medios económicos para tratar de solucionar los problemas relativos al mantenimiento".