La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) presentará este jueves a la Defensora del Pueblo un informe sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley 8/2012 de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid que posibilita la ampliación de la gestión "externalizada" a seis hospitales de la región. [Puedes ver el pdf completo, aquí].

Con ello, Afem pretende mostrar a la opinión pública, así como a las instituciones y grupos políticos legitimados y capacitados para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma, datos y elementos de juicio para que puedan conocer los efectos de la medida. En este sentido, sobre las 18.45 horas de este jueves Afem presentará el informe a la Defensora del Pueblo en la sede de la institución, según informa el colectivo de facultativos.

El estudio, realizado de forma conjunta con los servicios jurídicos de Afem, analiza las consecuencias jurídicas, sanitarias y económicas de la privatización teniendo en cuenta las experiencias de otros países en materia de colaboración público-privada en el ámbito sanitario.

Al respecto, el presidente de Afem, Pedro González, detalla que la Comunidad de Madrid se "va a lanzar a un proceso privatizador" de la sanidad regional "sin tener ningún estudio" tanto sobre el coste real como de la viabilidad de este modo de gestión. De hecho, según remarca, el informe apunta a la inviabilidad económica de esta medida.

Dicho estudio sostiene que la normativa aprobada por la Asamblea de Madrid vulnera las normas constitucionales básicas en materia de sanidad pública y seguridad social. Uno de los argumentos es que rompe la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria.

Concretamente, el informe remarca que los hospitales públicos tienen un régimen económico presupuestario y cooperativo que no genera ningún problema a la hora de derivar a otro paciente a otros centros de la red que se considere más idóneo para la atención. Frente a ello, Afem entiende que el régimen económico y contractual de los centros privados establece penalizaciones en caso de derivación de pacientes de su zona.

Además, el informe impulsado por Afem sostiene que el modelo que pretende articular la Consejería de Sanidad que dirige Javier Fernández Lasquetty establece una especie de apartheid sanitario que discrimina a los pacientes por zonas. Con ello, se presupone que la población de los centros concesionados no tiene libertad de elección plena de centro y se generaría dificultades para ser atendidos en otras instalaciones fuera de la zona.

Afem remarca que el estudio sobre la inconstitucionalidad de esta medida pone de manifiesto que el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún estudio sobre cómo optimizar sus recursos sanitarios ni de los costes reales que implica la "externalización de la gestión" , como tampoco dispone, a su juicio, de mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales "privatizados".