Las agencias privadas se regulan sin fortalecer los servicios públicos

La reforma laboral incluye la regulación de las agencias privadas de colocación como complemento de los servicios públicos de empleo. Algo que despierta un rotundo rechazo en los sindicatos, que insisten en la necesidad de fortalecer los servicios públicos de empleo, pero que responde a una directiva europea y que es, por tanto, de obligado cumplimiento para España.

No obstante, el Gobierno quería discutir su implantación con sindicatos, patronal y comunidades autónomas dentro del debate sobre la políticas activas de empleo y el fortalecimiento de los servicios públicos. Como con los 426 euros, finalmente ha optado por actuar unilateralmente.

El servicio de estas agencias será gratuito para los parados, pero no para el Estado: el Ejecutivo tendrá que resolver cuestiones como por qué tipo servicios va a pagar a las agencias, cuánto dinero, o qué colectivos van a intermediar estas empresas.