Totana se enreda. Y las consecuencias políticas van cayendo en cuestión de horas. La operación Tótem alcanzó el jueves al regidor de la localidad murciana. Y en la madrugada de ayer se confirmó su primer destino: la cárcel. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, decretó prisión provisional, y sin fianza, para José Martínez Andreo, del PP.

Tomó esa decisión tras 16 horas de declaración del alcalde. Además, la jueza liberó al ex edil Juan Francisco Casanova bajo fianza de 20.000 euros y, con depósito de 15.000 euros, a la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida.

El impacto del seísmo llegó a las orillas de Génova. El número dos, Ángel Acebes, confirmó que el PP tomaría medidas ya que la decisión judicial “tiene trascendencia”. “Aplicaremos nuestra regulación interna con toda claridad y con toda firmeza”.

Las hubo casi de inmediato. IU, al igual que los socialistas, pidió la dimisión inmediata de Martínez Andreo. El Consistorio, por su parte, decidió ubicar al concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Juan Carrión, como nuevo regidor de Totana en funciones.

Martínez Andreo también movió ficha. Solicitó a su partido la baja “cautelar” de militancia para que la imagen del PP “no quede dañada”. Hizo lo mismo el diputado autonómico Juan Morales, asimismo investigado en el caso Tótem.

Lejos de una “estrategia ruin”

La Junta Directiva del PP regional se reunió de urgencia. Miguel Ángel Cámara, el secretario general del partido, dio cuenta del resultado en una comparecencia sin preguntas. Acepta las bajas de Martínez Andreo y de Morales para que puedan tener una “defensa independiente y ajena a cualquier estrategia política ruin y mezquina”.

No obstante, advirtió, el PP se reserva “todo tipo de acciones” para defender el “buen nombre” de Murcia, del partido y su militancia.

Suspensión del juicio contra la ex edil del Ayuntamiento de Fortuna (Murcia) María Dolores Sánchez, del PP. El fiscal lo pidió a la Audiencia Provincial después de que la ex concejal implicara en un presunto caso de corrupción al alcalde, Matías Carrillo, a su esposa, a un hermano y a dos concejales.

Sánchez negó que hubiese participado en una compra de votos a cambio de ofrecer puestos de trabajo en las elecciones de 2003, informa Efe. “Todo el mundo se ha ensañado conmigo, pensando que soy la más débil”, dijo. La ex edil acusó a Carrillo de presionarla para que firmase tales contratos. “Vio el marrón y delegó en mí”, subrayó.