Los alcaldes del norte de Italia imponen polémicas ordenanzas contra la inmigración

Los alcaldes del norte de Italia han comenzado una batalla para limitar la presencia de inmigrantes dictando una serie de polémicas ordenanzas, como la obligación de tener una renta mínima para poder ser residente.

Durante estas últimas semanas han proliferado en el norte del país, feudo de partidos de la derecha como el federalista Liga Norte o Forza Italia, iniciativas de varios ayuntamientos para "frenar" la presencia de inmigrantes, que han sido tachadas de "xenófobas" por una parte del mundo político.

El primero en endurecer las normas contra los extranjeros fue Massimo Bitonci, alcalde de Cittadella, en la norteña región de Veneto, quien impuso que tienen que ganar más de 420 euros al mes y contar con una casa en buen estado si quieren residir en la localidad.

"No queremos que en nuestro territorio vivan extranjeros que no se sabe de qué viven o qué hacen, por lo que es necesario que tengan una renta mínima", explicaba Bitonci al canal de televisión SKY.

El alcalde exige así a los inmigrantes que quieran residir en Cittadella una renta mínima de 5.000 euros al año, demostrar que se vive en una casa con las normales autorizaciones ediles y sanitarias y no tener antecedentes penales.

El ministro de Solidaridad Social, Paolo Ferrero, aseguró que la medida es racista y discriminatoria porque "viola los derechos civiles y constitucionales" de las personas.

Aunque estas críticas no han supuesto un problema para otros 40 municipios de la región de Veneto que ya se han mostrado dispuestos a adoptar la ordenanza de Cittadella.

A la iniciativa de este municipio se ha unido estos días el ayuntamiento de Caravaggio, en la provincia de Bergamo, de la región de Lombardia (norte), que ha dispuesto que los extranjeros que no pertenezcan a la Unión Europea no pueden casarse con italianos sin tener el permiso de residencia.

La ley italiana permite que un extranjero pueda casarse con un italiano o italiana sin necesidad de tener ese permiso y optar después de dos años de matrimonio a la nacionalidad.

El alcalde Giuseppe Prevedini explica que esta ordenanza "evitará los matrimonios de conveniencia".

"Una ley italiana me impone denunciar a los inmigrantes clandestinos, pero otra me da la facultad de poder casarlos. ¿No es absurdo?", añadió Prevedini en declaraciones al diario "Corriere della Sera".

Para el portavoz del Partido Comunistas italianos en el Congreso, Pino Sgobio, la iniciativa del alcalde de Caravaggio "es de lo más racista que pueda existir" y viola "la reglas jurídicas y sociales del país".

Sgobio pidió al Ministerio del Interior que intervenga lo antes posible para que "se detenga esta verdadera infamia, que corre el peligro de extenderse por el país".

El vendaval contra la inmigración que recorre el norte del país ha llegado también al pequeño pueblo de Montegrotto Terme, en la provincia de Padua, cuyo alcalde ha hecho escribir en los paneles de información municipales: "Ciudadanos emigrad. Viviereis mejor como emigrantes que en vuestro propio país".

El alcalde Luca Claudio, miembro del derechista Alianza Nacional, explica que con este mensaje ha querido protestar porque "en Italia se dan más derechos a los inmigrantes irregulares y se vive mejor como inmigrante que como ciudadano".

Algunos como la alcaldesa de Romano d'Ezzelino, Rossella Olivo, han decidido incluso no conceder becas a los estudiantes que no sean ciudadanos de la Unión Europea.

Esta oleada de ordenanzas anti-inmigración ha sido también objeto de debates televisivos y sondeos en Italia.