Andalucía dobla el número de maltratadas protegidas

Francisca [nombre ficticio], viuda con dos hijos, sufrió una agresión de su pareja hace siete años. Llora al recordar lo que ocurrió y tiene "miedo" de salir a la calle. Su pareja había estado en prisión cuando ella le conoció, en 2002. Ella no sabía que había matado a su esposa. La relación fue degenerando en episodios violentos que culminaron con la quema de su coche y una paliza. Francisca logró que su pareja fuera condenada. El hombre salió de nuevo de la cárcel en septiembre de 2009. Desde entonces, Francisca está incluida en el programa de protección que ofrece la Policía a través de UPAP, las unidades de prevención, asistencia y protección a las mujeres maltratadas, según informa Efe.

Hasta el 31 de octubre de 2010, los jueces habían dictado en Andalucía 3.455 órdenes de protección, el doble que a lo largo de todo el año 2008, según los datos que maneja la Delegación del Gobierno en Andalucía. Hace dos años, fueron protegidas, como Francisca, 1.720 personas. En 2009, la cifra llegó a las 2.435.

El responsable de la UPAP en Sevilla, Carlos Sánchez, sostiene que la eficacia que logra con los 12 agentes destinados a proteger a mujeres "es casi del cien por cien". Cada uno de los policías, todos hombres, protege en Sevilla a entre 30 y 40 mujeres. Estas están catalogadas en cinco niveles de riesgo: extremo (que se produce los días posteriores a que denuncie la agresión), alto, medio, bajo y no apreciable.

Cuando el riesgo es extremo, los agentes están ante el domicilio de la mujer incluso las 24 horas del día. Carlos Sánchez anima a las mujeres maltratadas a denunciar para no entrar "en el círculo de la violencia", que consiste en perdonar la primera agresión hasta que esta se repite, lo que les provoca un "sentimiento de culpabilidad y sumisión".

Con la ayuda de la policía, considera Sánchez, las mujeres maltratadas "lograrán salir de esa situación". Los agentes actúan con las agredidas y también con los agresores tras recibir una formación específica sobre cuestiones legales y psicológicas para que tengan una "actitud especial" con las víctimas, según subraya el responsable de la UPAP.

Francisca confirma que se siente "segura" con la presencia cercana de los agentes policiales, a los que puede llamar cuando percibe alguna circunstancia extraña. Sólo lamenta que aún no haya prosperado la petición que ha hecho a varias administraciones para cambiar "urgentemente" su casa, donde recibió la última agresión, por otra cuya dirección no conozca el agresor. "Lo que vale es la vida de la persona, no lo material", dijo.

El Área de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla precisó ayer que está haciendo gestiones para ese cambio de domicilio, algo que ya ha llevado a cabo en otros casos similares, aunque aún no ofrece una fecha aproximada para el traslado.