Cuando el actual jefe de Gobierno de Andorra, Albert Pintat, llegó al poder en 2005 se propuso que el Principado saliera de la 'lista negra' de la OCDE, en la que consta como paraíso fiscal junto a Mónaco y Liechtenstein, y casi cuatro años después, afronta la recta final para lograrlo.

Pintat, durante un almuerzo reciente con la prensa, aseguró que para salir de la lista de paraísos fiscales será "clave" la firma de los convenios de eliminación de doble imposición fiscal con los Estados vecinos, España y Francia, y también con Portugal.

Incluso, fuentes próximas al jefe de Gobierno consultadas por Efe no descartan que a la lista pueda añadirse algún país más, aunque de momento prefieren ser prudentes y no dar nombres.

El punto de partida en este viaje comenzó con la aprobación en 2006 del conocido como "Plan Estratégico Andorra 2020", cuyo objetivo es cambiar el modelo fiscal andorrano, que pasa por la apertura del país al capital extranjero y mejorar la exportación de sus servicios por la vía de la eliminación de la doble imposición fiscal fundamentalmente, con España y Francia.

De hecho, Albert Pintat está plenamente convencido de que, una vez que firme estos convenios, que incluirán una cláusula de intercambio de información, la OCDE podría dar el visto bueno para iniciar las negociaciones que permitan a Andorra dejar de ser uno de los tres únicos paraísos fiscales que actualmente constan de forma oficial.

El primer paso que se fijó Albert Pintat para conseguir su objetivo fue llevar a cabo una reforma fiscal que, al parecer, está a punto de concluir, tras la aprobación por el Consell General (Parlamento andorrano) de la ley de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, la ley de inversiones extranjeras o la ley de contabilidad, entre otras.

Otra reforma legislativa de calado es la que permitirá que el Ministerio de Finanzas pueda intercambiar información en materia tributaria sobre sociedades andorranas o de no residentes, pero que operen en el país, cuando lo solicite un Estado miembro de la OCDE en casos de fraude fiscal.

El Ministerio de Finanzas podrá dar información sobre la titularidad, los administradores y la contabilidad de sociedades andorranas o sociedades de no residentes que operen en el país a través de una sucursal cuando, entre otros, la administración tributaria que lo solicite fundamente y acredite la existencia de un posible fraude fiscal.

Eso sí, la decisión de intercambiar información se aplicará a solicitudes relativas a fraudes fiscales que hayan tenido lugar en el Estado solicitante después del 1 de enero de 2009 y nunca antes.

El jefe del Gobierno andorrano considera que la reforma fiscal está a punto de terminar y que ello posibilitará el inicio de las negociaciones para la firma de los convenios con España, Francia y Portugal, que podrían alargarse durante "unos doce meses", aunque Pintat ha anunciado que durante el primer semestre de 2009 pasarán "cosas importantes" en el entorno de la OCDE sobre Andorra.

De momento, no ha querido dar más datos al respecto.