Aprobado el proyecto de ley contra el blanqueo capitales y financiación terrorismo

El Gobierno aprobó hoy un proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que reforzará las garantías del sistema financiero para evitar que pueda ser utilizado para la financiación de fines delictivos.

Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que señaló que el nuevo proyecto de ley responde a la transposición en su totalidad de una Directiva europea.

Según De la Vega, una de las prioridades del Gobierno es la lucha contra el terrorismo "con todos los instrumentos del Estado de derecho", por lo que apuntó todas aquellas medidas que puedan contribuir "a cortar con las posibles fuentes de financiación".

Señaló que la futura ley se inscribe en la línea asumida por los países que componen el G-20 para el fortalecimiento del sistema financiero y para erradicar los paraísos fiscales contra el blanqueo de dinero.

En el mismo sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, dijo que el proyecto de ley pretende exigir "medidas especiales" a personas con responsabilidad pública y persigue "reforzar la estructura institucional".

Así, los agentes económicos señalados en la ley deberán identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

También deberán conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales, que según el Gobierno presenta dos riesgos, uno social, que favorece indirectamente la criminalidad porque "legitima el delito", y otro económico, ya que puede producir distorsiones de los movimientos financieros.

En el terreno de la prevención, la nueva normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capital, incluido el delito fiscal y contempla como nuevos sujetos obligados a "todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a quince mil euros".

Asimismo regula las medidas de diligencia debida con el cliente y distingue entre las "simplificadas" y las "reforzadas", éstas últimas dirigidas a sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.

Por otra parte, refuerza los medios e instrumentos colaboradores en la supervisión e inspección y establece un sistema de localización de activos financieros que permitirá reforzar las investigaciones patrimoniales, evitando la desaparición de los fondos, sistemas similares a los que existen en Francia y Alemania.