Apuros legales para el 'Diccionario'

Muchos no toleraremos los intentos de rehabilitar regímenes genocidas, mucho menos con fondos públicos". Así se expresó ayer el catedrático de Lengua de la Universidad de Granada, Emilio GarcíaWiedemann, tras conocer el decreto por el que el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, traslada a la Fiscalía General del Estado la investigación penal incoada por los contenidos presuntamente injuriosos del Diccionario Biográfico Español. La Fiscalía andaluza abrió la investigación a raíz de la denuncia de un grupo granadinos contra la Real Academia de la Historia (RAH) y nueve autores de entradas del Diccionario Biográfico Español referidas a la dictadura. El diccionario, que costó 6,4 millones de euros públicos, causó un enorme revuelto por su falta de rigor y tendencia franquista. En las referencias a Franco hay un regusto hagiográfico, al tiempo que es a Juan Negrín a quien considera un dictador. Eso entre otros muchos dislates que escandalizaron a toda la comunidad historiográfica.

Los denunciantes solicitaban en su escrito, firmado por más de 800 ciudadanos representados por García Wiedemann, que se abriera una investigación para exigir responsabilidades a los dirigentes de la RAH y autores de determinadas entradas, que han difundido informaciones injuriosas sobre el golpe de Estado del 36 y sus consecuencias, falseando la verdad, con el ánimo de rehabilitar las figuras de los sublevados.

En el decreto, el fiscal García Calderón indica que es "evidente la trascendencia de la denuncia" y, aunque no se pronuncia sobre el fondo del asunto, entiende que la investigación es competencia de la Fiscalía General del Estado "por la referencia a unos hechos que exceden completamente" de su ámbito de actuación, "por cuanto afectan a todo el Estado". La resolución subraya que, según la denuncia, los textos referidos no pueden ampararse en la libertad de expresión, información o cátedra y afirma que "pueden constituir un delito", de acuerdo con el artículo 510 del Código Penal, que, en su apartado segundo, "castiga a los que [...] difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias". El decreto alude al artículo 607, apartado segundo, del Código Penal, que "sanciona la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de distintas formas de genocidio".

El fiscal cita las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la ONU que calificaban la dictadura franquista como un "régimen de naturaleza fascista impuesto al pueblo español por la fuerza, que debe ser condenado". El decreto se refiere a la condena a la dictadura franquista realizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2006. En los fundamentos, el fiscal alude al artículo 19 de los estatutos de la RAH, que se refiere a "la responsabilidad de los autores de las obras publicadas, señalando que los autores de las obras que la academia publique serán responsables de su contenido.

La denuncia por un supuesto delito de difusión de informaciones injuriosas y otro de difusión de ideas o doctrinas que justifiquen el genocidio fue interpuesta el 19 de julio. "La justificación del genocidio franquista supone rehabilitar su régimen represivo faltando a la verdad y atentando a la dignidad, la fama y la propia estima de sus víctimas", señala Wiedemann.