Arde en verano lo que no se 'apagó' en el invierno

Desperté y el fuego seguía allí. Lo confirmaba el olor a chamusquina y las cenizas sobre el balcón. Con rabia pero sin sorpresa, asisto a la mayor catástrofe ecológica desde la del valle de Ayora en 1979, al inicio de aquella transición inacabada cuyas secuelas padecemos. Valencia pierde su pulmón verde.

Con Franco, en la ingenuidad de la pubertad política, casi nos consolaba la ironía de Perich y su famoso "Cuando un monte se quema, algo suyo se quema... señor Conde". Hoy, ese monte que ocupa el 51% de la extensión del País Valencià, además de ser nuestro patrimonio natural y nuestro paisaje, aporta Servicios Ambientales esenciales, que se cuantifican en euros. Hoy, que todo se compra y se vende, incluso el aire y el derecho a contaminar, amanecemos más pobres, y no sólo por el comienzo del "repago" y la subida de la luz. Durante este "finde" de aurora roja, nuestra renta como pueblo valenciano ha disminuido en 500 millones de euros anuales. En esa cifra se valoran los servicios ambientales que ya no puede prestar la superficie quemada.

El fuego que ha arrasado más de 50.000 hectáreas no ha caído cielo. El monte no arde por casualidad ni por ninguna conjura del destino que haya propiciado la "tormenta perfecta" de condiciones climáticas (viento de poniente a 50 Km. /h. 35 ºC y sequedad de la masa forestal), junto a la sempiterna mano humana que, por descuido o acción criminal, prende la chispa sobre la yesca. No es la adversa fortuna la que nos castiga, sino la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan. No la confundan con la de quien quema unos matojos o suelta una chispa trabajando en el campo. Para eso debería existir la prevención, la prohibición de ciertas actividades en época de riesgo, la vigilancia de su cumplimiento y la disponibilidad de brigadas de actuación temprana.

La acción proactiva consiste en desarmar las condiciones de riesgo. Es justamente lo que no hace la Generalitat valenciana Todo lo que puede suceder sucede. Lo improbable sólo tarda un poco más y la acción proactiva de los responsables consiste en impedir que pase, en prevenir y desarmar las condiciones de riesgo. Es justamente lo que no hace la Consellería de Governació de la Generalitat valenciana, a la que cada año recriminamos que centre sus menguantes recursos en la extinción de incendios, sacrificando la prevención. Ni la Consellería de Medio Ambiente, responsable del cambio irregular, a través de la ley de acompañamiento del presupuesto de 2012, de la prohibición de construir sobre terrenos quemados durante los últimos treinta años, como ordena la normativa estatal. Una medida imprescindible que fue arrancada por el ecologismo para impedir recalificaciones de parajes naturales por esta vía del "casual" incendio.

Advertidos estaban tras tres años de sucesivos recortes de unos medios que de partida ya eran insuficientes. Se advertía al Consell que la orientación hacia la extinción era errónea y que los recursos disponibles no cubrían la posibilidad cierta de tener que enfrentarse a más de un incendio simultáneo. Y menos todavía a la complejidad de que se produzcan con interfaz urbana, es decir en zonas en las que hay que dar prioridad a la protección de vidas humanas, casas e instalaciones, lo que impide centrarse en los núcleos del fuego, sobre todo si escasean medios.

El Gobierno valenciano se niega a entender que los incendios se apagan en invierno, con silvicultura y cuidado del monte, con medidas de gestión preventiva y vigilancia, con la actuación de suficientes y cualificadas Brigadas de Actuación Temprana, hoy tan menguadas y desmotivadas por los sucesivos recortes. Recortes de personal absurdos, que llegan al extremo de dificultar la seguridad operativa de una unidad con autobomba para poder prescindir de una docena de empleos. No sólo se han eliminado puestos de trabajo de agentes medioambientales y medios para la protección más directa de los espacios naturales, sino que también se han reducido los equipos de técnicos necesarios para la tramitación de expedientes y denuncias, la revisión de proyectos que pueden afectar al medio ambiente...

Esa política errónea y esa insuficiencia de medios se encuentran en la raiz del incendio que arrasa nuestra tierra. Una gestión irresponsable es una catástrofe anunciada. Un colega de Ecologistes de la Serrania informaba este viernes pasado a las 15.45 del inicio del incendio en Andilla, un municipio al que, pese a sus 16 mil hectáreas forestales, le fue retirada su motobomba. La primera ayuda llegó a las 20 horas. El fuego se habría podido atajar con un par de autobombas y apoyo de brigadistas. Incluso era posible todavía al amanecer del sábado, con un frente de fuego de un kilómetro. Pero ayer domingo Andilla ya no tenía bosque que proteger y tres mil personas desplazadas vuelven a sus casas a llorarlo.

No necesitábamos confirmarlo, pero la confirmación ha llegado. Para los responsables políticos, la pérdida del patrimonio natural apenas preocupa en comparación con la victoria de la Roja. Es a ese ardor patriótico al que prestó Rajoy su atención y no al fuego que arrasaba cincuenta mil hectáreas de pulmón verde. No es un agravio comparativo, sino menosprecio de los “servicios ambientales” que aportan las masas forestales. El 51% de la superficie del País Valencià ayer, y hoy solo el 46. Poca cosa para un neocon incapaz de valorar su aporte económico inducido al PIB, ni siquiera el coste en derechos de emisión de un CO2 que absorben y "fijan". Un aporte cuantificable en unos 10 mil euros por hectárea, que conocen pero no comprenden, desde su obsesión por un PIB y una economía virtual que no valora lo importante.

"Sólo" hemos perdido 500 millones de renta anual, pero de una renta que no figura en los Presupuestos de la Generalitat. Mala suerte pensarán sus irresponsables políticos. Hemos “ahorrado” un poco más en prevención de incendios, se dirán. Esa es la lógica con la que trabaja el conseller de Governació de la Generalitat valenciana, Serafín Castellano, y por eso no ha dimitido. Aún. Seguimos esperando #CastellanoDimissió, tal como se clama desde las redes sociales.

¿Qué menos que la dimisión? Él fue quién, ante el primer incendio de un junio negro, acusó de "alarmistas" ignorantes a quienes denunciaron su irresponsabilidad en una interpelación parlamentaria, d'EUPV. No saben, dijo, que un incendio sólo es una catástrofe ambiental si llega a las 20 mil hectáreas, y, que "su gestión" venía avalada por la ausencia de incendios de ese tamaño? Se le explicó que es difícil encontrar en el País Valencià una superficie forestal continua superior a ese tamaño, pero que nada impediría que se produjeran varios focos simultáneos y, entonces, no tendríamos nada que los detuviera. Desgraciadamente profético.

* Antonio Arnau es miembro de Ecologistes en Acció en el País Valencià.