El Gobierno ultra de Costa Rica acelera su asalto a la Justicia
La presidenta Laura Fernández continúa la deriva autoritaria de Rodrigo Chaves, hoy su ministro. El oficialismo ultima una reforma para quedarse con el nombramiento de toda la judicatura.
Costa Rica, durante décadas la excepción democrática de América Latina, se agita. El Gobierno ultraderechista de Laura Fernández ha acusado a la Sala Constitucional de dar un "golpe de Estado", ha llamado "golpistas" a cuatro de sus magistrados, presentado una querella penal contra ellos e impulsado una reforma constitucional para arrebatar al Poder Judicial cualquier papel en el nombramiento de los jueces.
El detonante fue una sentencia dictada la noche del pasado jueves 30 de julio. Por cuatro votos contra tres, la Sala Constitucional (la Sala IV, como la llaman en Costa Rica) resolvió el recurso de amparo de un ciudadano y prorrogó el mandato de los magistrados suplentes del tribunal, vencido el pasado 16 de diciembre, hasta que la Asamblea Legislativa elija a sus sustitutos. Y anuló de paso la maniobra con la que el oficialismo llevaba meses ganando tiempo: había devuelto ya dos veces a la Corte Suprema la lista de candidatos sin someterla al pleno, y el fallo les obliga a votarla. Es una votación que no controlan, porque elegir magistrados exige una mayoría cualificada que su bancada no alcanza.
El Ejecutivo respondió al día siguiente. En un mensaje de cuatro minutos y flanqueada por su grupo, Fernández calificó la resolución de "ilegal e inconstitucional" y sostuvo que violenta siete artículos de la Constitución. "Esto es, ni más ni menos, que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, quien es el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados", afirmó en una declaración marcada por su habitual tono confrontativo. El Gobierno anunció además que no acatará el fallo en una decisión sin precedentes en la historia democrática del país.
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La Sala replicó ese mismo viernes que su resolución "responde exclusivamente al mandato constitucional de proteger a la ciudadanía", tachó de "desproporcionadas" las palabras del Ejecutivo y avisó de que seguirá actuando "con firmeza, valentía e independencia".
Cuatro años de un adversario útil
Pero el choque tiene raíces más profundas: el Poder Judicial lleva cuatro años funcionando como enemigo de referencia del movimiento que gobierna Costa Rica. Rodrigo Chaves, presidente entre 2022 y 2026 y actualmente ministro de Hacienda y de la Presidencia de su sucesora, lo llama "Poder Perjudicial" y a principios de 2025 encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, al que calificó de "matón". Fernández, su exministra y delfín política, ha heredado el marco, calificando a la cúpula judicial de corrupta, blanda con el crimen organizado, llena de privilegios y protectora de las "castas" políticas.
La Fiscalía costarricense acusó a Chaves de concusión, figura equiparable al cohecho español. El caso, bautizado como BCIE-Cariñitos, gira en torno a un contrato de 405.800 dólares pagado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica; según el Ministerio Público se adjudicó a dedo a una productora que después entregó 32.000 dólares al asesor de imagen y amigo del entonces presidente. La Corte Suprema avaló procesar al mandatario, pero levantar la inmunidad exige una mayoría cualificada de dos tercios, 38 de los 57 diputados: en septiembre de 2025 la moción se quedó en 34 y Chaves conservó el fuero. El Tribunal Supremo de Elecciones lo intentó después por beligerancia política y tampoco lo logró.
Ocho meses sin suplentes
Esa misma mayoría cualificada explica el bloqueo que ha desembocado en la crisis. Los suplentes de la Sala IV los elige la Asamblea de una lista que le envía la Corte Suprema, y también hacen falta 38 votos. La Corte remitió su nómina en octubre de 2025: 18 aspirantes para cubrir nueve plazas. Se votó 11 veces y ninguno alcanzó el umbral, porque los 31 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano se negaron en bloque. Después devolvieron dos veces la lista a la Corte alegando falta de consenso político. Ocho meses después, el tribunal que protege los derechos fundamentales de los costarricenses trabaja con siete magistrados y ningún sustituto.
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El resultado es una parálisis progresiva. En Costa Rica, el amparo es la vía ordinaria por la que un ciudadano pleitea contra la Administración. Y cuando uno de los siete magistrados debe apartarse de un asunto por recusación, no hay quien ocupe su silla y el expediente queda congelado. A mediados de julio había al menos 123 procedimientos detenidos por esa vía.
Entre los trámites atascados hay uno que afecta al propio Gobierno. Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, la penal, advirtió el pasado 16 de julio de que sin suplentes la Corte Plena no logra integrarse para votar el levantamiento de la inmunidad de Chaves, ahora como ministro, por el presunto financiamiento paralelo de la campaña de 2022. El bloqueo protege, de paso, al hombre fuerte del Gobierno.
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Este lunes, la presidenta y los diputados del PPSO acudieron a la Corte Suprema para presentar una querella por prevaricación contra los cuatro magistrados de la mayoría: Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya. El delito del que el oficialismo les acusa se castiga con entre dos y seis años de cárcel por dictar resoluciones contrarias a la ley.
El martes, el oficialismo fue a la raíz. Registró un paquete de reformas constitucionales que incluye modificar el artículo 164 para apartar a la Corte Suprema de la selección de candidatos y trasladar a la Asamblea todo el nombramiento de magistrados, titulares y suplentes. A ello se suma el recorte del 5% al presupuesto judicial de 2027 ya anunciado por el Gobierno.
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Fernández, de 39 años, ganó las elecciones del 1 de febrero con el 48,3% de los votos y la mayor participación en dos décadas. Se define "liberal en lo económico y conservadora en lo social", admira sin disimulo a Nayib Bukele y llegó al poder prometiendo trasladar su modelo. Dos promesas lo resumen: la megacárcel más grande del país, con capacidad para 5.100 reclusos e inspirada en el CECOT salvadoreño, y los estados de excepción con suspensión de garantías en zonas dominadas por el narcotráfico, un problema creciente.
Las alertas llevan meses acumulándose. El pasado 16 de junio, ocho expresidentes —de Óscar Arias a Carlos Alvarado, pasando por Laura Chinchilla y José María Figueres, de distintas familias políticas— firmaron un comunicado conjunto advirtiendo de que la Sala Constitucional no podría cumplir su función. Ese mismo mes, la Comisión de Asuntos Penales del Colegio de Abogados y Abogadas del país concluyó que cinco proyectos de seguridad del Ejecutivo vulneran principios constitucionales y recomendó archivarlos; uno faculta a la Policía Judicial a interrogar a los detenidos, práctica que en el pasado derivó en torturas. El pasado 28 de julio, su presidente, Miguel Arias Maduro, rechazó los recortes y avisó del riesgo de "parálisis técnica" de un tribunal que definió como "el baluarte de las garantías constitucionales".
La aritmética marca el límite. El PPSO obtuvo 31 de los 57 escaños, la bancada más grande desde 1982, suficiente para aprobar leyes ordinarias sin negociar. Pero una reforma constitucional exige de nuevo 38, y ahí depende de una oposición que hasta ahora ha cerrado filas con la Sala IV.
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Costa Rica abolió el Ejército en 1949 y levantó sobre aquella Constitución un sistema de contrapesos que la convirtió en la referencia de la democracia liberal de la región: alternancia pacífica, tribunal electoral autónomo y aparato judicial independiente. La Sala IV, creada en 1989 para resolver amparos y habeas corpus, remató ese edificio. 37 años después, el Gobierno quiere a cuatro de sus magistrados procesados y su bancada aspira a elegir a quienes los sustituyan, en una región donde las siete presidenciales celebradas desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, la costarricense entre ellas, las ha ganado la derecha; una derecha cada vez más radicalizada.
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