La ofensiva diplomática y comercial contra Argentina por nacionalizar YPF se ha puesto en marcha y este viernes vivirá una doble batalla. Por un lado, el Gobierno español  anunciará este viernes las primeras medidas concretas contra el país sudamericano: el Ejecutivo de Mariano Rajoy está estudiando la posibilidad de eliminar "importaciones importantes para Argentina", como la soja o el biodiésel; por otro, el Parlamento Europeo decide este viernes si propone a la Unión Europea suspender parcialmente las ventajas arancelarias que concede a Argentina.

En Estrasburgo, todos los grupos, menos los Verdes/Alianza Libre Europea y la Izquierda Unitaria, han consensuado un texto en el que se insta a la Comisión Europea y al Consejo de la UE a que "estudien y adopten, en defensa de los intereses europeos, cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales".

A todo ello hay que sumar la reprobación de todos los organismos internacionales (G-20, FMI. Banco Mundial...) y de un buen número de países, incluyendo la de Estados Unidos, algo que el Gobierno español persiguió desde el mismo momento que se desebncadenó el conflicto. 

Pero esa presión internacional no inquieta ni preocupa a Argentina. Por boca de su ministro del Interior, Florencio Randazzo, el Gobierno argentino afirmó que no le preocupan las posibles "represalias" internacionales. "El Gobierno argentino toma sus decisiones pensando en los argentinos y no en lo que piensa Estados Unidos o España", dijo Randazzo, quien insistió en que Argentina tomó la decisión "de acuerdo a la ley y a las pautas que establece la Constitución Nacional".

Ese mismo jueves, Cristina Fernández, la presidenta argentina, hacía toda una declaración de intenciones por la que se deduce que Argentina no se va a arrugar: "Es hora de que Argentina inicie una etapa de grandeza, donde los que están en la oposición también apoyen, porque en realidad esto no es para este Gobierno, sino para nuestros hijos, nietos y todas las generaciones".