La purga silenciosa de Trump para acelerar la campaña de deportaciones

La maquinaria represiva interna de la administración de Donald Trump continúa operando con la misma eficiencia que antes de la guerra de Irán. A pesar de que ahora el foco está puesto en el exterior y en las aspiraciones imperialistas del magnate, dentro de Estados Unidos los esfuerzos para acelerar la campaña de deportaciones masivas continúan. Fuera del foco de las calles, el presidente estadounidense ha estado purgando también los juzgados de inmigración. Dos de las últimas víctimas han sido jueces que frenaron deportaciones de estudiantes propalestinos.

A principios de abril, la Administración Trump notificó la destitución de seis jueces. Según informó The New York Times, entre ellos estaban Roopal Patel y Nina Froes. Ambos supervisaron los casos de deportación de Rümeysa Öztürk y Mohsen Mahdawi, dos estudiantes que fueron arrestados el año pasado como parte de la campaña de Trump contra el movimiento de protesta de Gaza. Froes bloqueó la deportación de Mahdawi el pasado mes de febrero. El año pasado, otro juez federal ya ordenó la liberación de Mahdawi del centro de detención de ICE donde estaba, comparando su arresto con la represión ideológica del McCarthismo.

Lo mismo pasó con Öztürk, quien el año pasado fue arrestada en medio de la calle por agentes enmascarados y sin identificar. Cuando su caso llegó a la mesa de Patel, la jueza ordenó frenar su deportación. En declaraciones a The Guardian, Patel dice que no cree que su despido sea una represalia directa por el caso de la estudiante turca. Pero sí que señala que hay un claro patrón en los últimos meses por lo que respecta a la remodelación del cuerpo de jueces de inmigración.

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"Creo que existe una agenda más amplia para intentar reformar el panel de expertos en inmigración y que refleje mejor la agenda política de la administración", exponía Patel en declaraciones a The Guardian poco después de ser despedida.

A pesar de que a los jueces de inmigración se les exija un "juicio independiente" a la hora de decidir el futuro de las personas migrantes, lo cierto es que no forman parte del poder judicial. A diferencia de los otros magistrados que existen en el país, los jueces de inmigración son funcionarios que trabajan para el Departamento de Justicia. Es decir, dependen del poder ejecutivo y, en última instancia, del presidente de turno. En este caso, Donald Trump. Es por eso que se les puede remover de su puesto con mayor facilidad.

En total, se calcula que la Administración Trump ya ha despedido a más de 100 jueces de inmigración de los aproximadamente 750 que estaban en funciones cuando el magnate volvió a la Casa Blanca. Así pues, cada pocos meses, un nuevo grupo de jueces ha ido recibiendo la notificación de que habían sido despedidos. A menudo, incluso, recibían el aviso mientras estaban participando en audiencias ante el tribunal de inmigración. El caso de Patel, fue así: un viernes por la tarde estaba celebrando una audiencia y, en medio del descanso, recibió un correo electrónico informándola de que ese era su último día. La razón: el departamento no le daría la plaza permanente.

Este es otro patrón al que ha recurrido la Administración para ahorrarse problemas: por el momento, se ha centrado en esos jueces que están a punto de finalizar su período de prueba de dos años. Se trata del período de prueba estándar para todos los funcionarios antes de ser incorporados de forma permanente.

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Un análisis de los antecedentes profesionales hecho por la NPR (National Public Radio) de 70 jueces de inmigración que han sido despedidos recientemente, reveló que se trataba de magistrados con experiencia en la defensa de inmigrantes, y sin historial laboral previo en el departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para hacer comparativa, NPR también analizó las promociones de jueces incorporados entre febrero de 2023 y noviembre de 2024, que habrían finalizado sus períodos de prueba este año o que aún se encuentran en ese período. De este grupo, aquellos jueces con experiencia previa en el DHS, incluyendo su trabajo como oficiales de asilo y como abogados para ICE, constituían la mayor parte de los que seguían en funciones.