La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado no abrir diligencias para investigar al juez Eloy Velasco tras la huida de la etarra Maite Aranalde, a la que dejó en libertad bajo fianza tras ser extraditada por Francia. El organismo entendiende que el magistrado actuó correctamente y que su decisión estuvo motivada.

Así lo ha dado a conocer a los medios de comunicación el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que ha explicado que tanto la decisión de Velasco de imponer la fianza a Aranalde por un delito de tenencia de explosivos, como la de su compañero Baltasar Garzón —instructor de la causa— de reformarla y ordenar su ingreso en prisión, 'son resoluciones jurisdiccionales motivadas que responden a criterios legales de los jueces'.

Por tanto, la Sala de Gobierno 'se da por enterada' del asunto y, 'sin perjuicio ni invasión' de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha decidido que no ha lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al órgano de gobierno de los jueces.

Juanes ha detallado los pasos seguidos por el juez Velasco, que también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, y ha recordado que la Fiscalía recurrió en un mismo auto tanto la fianza como las medidas cautelares impuestas a Aranalde, y solicitó que se le impusieran comparecencias diarias y vigilancia policial permanente.

Ese recurso se registró en el Juzgado a las 13.40 horas del pasado viernes y Velasco dio traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de tres días, tras lo que Garzón resolvió el recurso el lunes y acordó su ingreso en prisión.

'No ha habido ninguna anomalía en el funcionamiento del Juzgado en cuanto a la tramitación del recurso', ha subrayado Juanes.

Aranalde fue extraditada la semana pasada, pero sólo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al 'comando Donosti' de ETA, y no por su presunta participación en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en el puente de la Constitución en 2004, ya que Francia había 'extraviado' la documentación de esta última causa.

La pérdida de esos documentos impidió dictar la prisión contra Aranalde por esa causa a su llegada de Francia -ya que es preciso contar con la autorización de la Justicia gala- y obligó a la Audiencia a tramitar de nuevo la euro-orden.

Para impedir casos como este, la Sala de Gobierno propondrá al Gobierno que modifique la tramitación de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OED) para que en vez de acordar las entregas de los terroristas por cada causa pendiente en los tribunales españoles, lo hagan por todos los procedimientos.

Juanes ha anunciado que la Sala de Gobierno, compuesta por el presidente de la Audiencia Nacional, por los presidentes de las salas de lo penal, de lo social y de lo contencioso-administrativo y por tres magistrados electos, elevará esta petición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero durante la presidencia española de la Unión Europea (UE), que tendrá lugar el primer semestre de 2010.

La nueva fórmula pretende que los terroristas y demás delincuentes sean entregados 'en bloque', y no por cada uno de los procedimientos que tienen abiertos en los tribunales españoles.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido respetar y valorar el trabajo de los jueces de la Audiencia Nacional, incluido Eloy Velasco.

Rubalcaba ha querido hacer 'una defensa cerrada de la Audiencia Nacional, y de todos sus jueces y de todos sus fiscales', puesto que gracias a esta institución y a estos funcionarios 'estamos donde estamos en la lucha contra ETA'.

El ministro ha aclarado que su defensa de los magistrados de la Audiencia 'incluye al juez Eloy Velasco', puesto que 'los jueces toman decisiones, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero son sus decisiones y tenemos que respetarlas'.

Al mismo tiempo, el titular de Interior, tras reiterar que Aranalde será detenida sin 'ninguna duda', ha dicho que cuestionar la colaboración de Francia contra ETA es 'poco responsable', puesto que las autoridades y los poderes públicos galos colaboran 'como nunca'.