La Audiencia propondrá al Gobierno que modifique la entrega de etarras

La Audiencia Nacional propondrá al Gobierno que modifique la normativa que rige las Órdenes Europeas de Detención (OEDs) durante el primer semestre del próximo año, momento en el que el Ejecutivo asumirá la presidencia de la UE, para evitar casos como el de la etarra Maite Aranalde, que fue entregada a España con carencias de documentación de una de las dos causas que tenía abiertas en la Audiencia Nacional.

Según explicó Juanes, en declaraciones a los medios de comunicación, la propuesta se basará en una simplicación de los trámites que propicie una entrega en bloque de los miembros de ETA y otros delincuentes reclamados por España y detenidos en el extranjero.

Así ya no sería necesario documentar cada una de las investigaciones abiertas en el país que reclama al presunto criminal y se evitaría, en opinión de Velasco, las dilaciones "basadas en recelos de unos Estados contra otros".

La Corte de Apelación de París no ha logrado localizar la documentación incluida en la (OED) remitida por la Audiencia Nacional para solicitar a Francia la entrega de la etarra Aranalde por su presunta colaboración en la colocación de varios artefactos explosivos en distintas gasolineras durante la 'operación salida' del puente de la Constitución de 2004, según informaron fuentes fiscales.

La pérdida de los papeles ha provocado que el Juzgado Central de Instrucción número 2, que investiga la causa, se vea obligado a volver a remitir al país galo la citada OED. Las mismas fuentes precisaron que la OED fue cursada correctamente desde la Audiencia Nacional, donde se recibió confirmación de su llegada a la Corte de Apelación parisina. No obstante, la pista de la documentación se pierde a partir de ese momento.

Aranalde fue entregada a España el martes de la pasada semana después de cumplir en Francia una condena por asociación de malhechores. A su llegada a la Audiencia Nacional se comprobó que la documentación que la acompañaba se refería únicamente a una de las dos causas por las que se la investiga, un delito de tenencia de explosivos.

El juez Eloy Velasco -que sustituye a Baltasar Garzón durante sus vacaciones- decretó su ingreso en prisión por esta acusación de posesión de dinamita y le impuso para eludir la cárcel una fianza de 12.000 euros, que fue abonada por su familia. El Juzgado responsable de la otra causa se vio impedido de dictar medidas en su contra ante la carencia de papeles.

Posteriormente Baltasar Garzón revocó esta decisión de Velasco y ordenó el ingreso en la cárcel de la etarra pero las Fuerzas de Seguridad no pudieron localizarla y el juez dictó su busca y captura tras comprobar su fuga.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha respondido a las peticiones de reforma y ha declarado que el mecanismo actual es uno de los más "eficaces" para la cooperación jurídica, y que es un instrumento al que hay que "cuidar y proteger".

Caamaño ha reconocido que hay situaciones que desembocan en "efectos no deseados", como ha sido el caso de Aranalde, aunque ha considerado que "todos tenemos que aprender cuando estas cosas ocurren". Según el ministro, se trata de "perfeccionar" el mecanismo y no de reformarlo, como ha propuesto la Audiencia Nacional.