El Ayuntamiento de Madrid ha derribado esta mañana un total de 10 infraviviendas del poblado chabolista de El Gallinero, ubicado a tan sólo 12 kilómetros de la Puerta del Sol por la autovía de Valencia, en un operativo que contaba sólo con orden judicial para el desalojo de dos de ellas.

Según fuentes del consistorio que dirige Ana Botella, los servicios sociales habían detectado el "abandono" en el caso de siete viviendas que han sido derribadas sin la resolución de un juez. Una actuación que ha sido denunciada por las organizaciones que trabajan diariamente con los habitantes del poblado, casi cien familias gitanas rumanas en situación de extrema pobreza.

"Cualquiera que conozca las costumbres de la población romaní sabe que se están moviendo constantemente. Quizás dejan el lugar durante 15 días y luego vuelven. Que no estén físicamente en la casa no significa que no vivan en ella. Lo que han hecho es completamente ilegal", declaró a Público Miguel Ángel Vázquez, voluntario de la parroquia de San Carlos Borromeo en El Gallinero.

Sobre las 07.15 horas del jueves, aproximandamente unos siete furgones antidisturbios, varios coches de la policía municipal y un dispositivo del Samur Social han llegado al terreno, perteneciente al distrito de Villa de Vallecas, para comenzar los derribos a puerta cerrada. La abogada de las familias, Patricia Fernández Vicens, y los voluntarios que acuden por las mañanas a repartir el desayuno a los cientos de niños que viven allí no han podido entrar, ya que la Policía había cerrado tanto los accesos de entrada y salida al poblado.

En consecuencia, las rutas escolares que pasan cada día a las 08.00 horas de la mañana no han podido recoger a los menores, que se han quedado sin acudir a los centros mientras contemplaban cómo las excavadoras tiraban abajo sus viviendas y las de sus vecinos. Aunque todavía no se ha podido hacer un recuento exacto, las orgaizaciones calculan que apróximadamente unas 50 personas se han quedado sin en lugar donde habitaban.

"Lo que ha sucedido hoy aquí es un auténtico atentado contra los derechos humanos y los derechos de la infancia", ha denunciado Vázquez. "¡Están arramplando!", exclamaba el párroco de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, presente durante el desalojo mientras trataba de llegar a una negociación.

El Ayuntamiento dice que siete de las viviendas estaban "abandonadas" El poblado chabolista de El Gallinero, aunque está muy cercano a la Cañada Real,  quedó fuera del plan de realojo planificado para el mismo. Las alternativas planteadas por el Ayuntamiento para sus pobladores dejan escasísimas oportunidades para la integración social de sus cerca de 700 habitantes que, en su mayoría, sobreviven de la mendicidad o la recogida de basura. La opción planteada por la alcaldesa es que, o bien acudan a los campamentos habilitados para este tipo de casos (donde sólo pueden permanecer un máximo de seis meses en los que deberían de encontrar otra vivienda); o bien que sean deportados a Rumanía.

"Niguna de las dos es válida. La primera tiene trampa porque además no hay sitio suficiente en los campamentos para todas las personas que viven aquí; y la segunda supone una violación del tratado de Schengen, puesto que son ciudadanos comunitarios", afirma Miguel Ángel Vázquez.