El Gobierno madrileño ya ha pagado más de 15 millones a la empresa que supervisa los hospitales de gestión privada

La Comunidad de Madrid ha encargado a una empresa privada la vigilancia de los hospitales públicos cuya gestión ha dejado en manos de otras empresas privadas. Se llama Hill International Spain SA y lleva casi 20 años supervisando la actividad y las cuentas de esos centros sanitarios. La Consejería de Sanidad le adjudicó el primer contrato en 2007, nada más abrir sus puertas los siete hospitales de concesión de obra pública con los que Esperanza Aguirre inauguró las nuevas fórmulas de colaboración público-privada sanitaria en Madrid. Después le siguieron otros tres contratos más y cinco prórrogas entre unos y otros, hasta llegar al último, en 2022, que fue prorrogado en 2025 hasta septiembre de 2027. En virtud de ese contrato, empezó también a monitorizar y evaluar el funcionamiento de los cuatro hospitales gestionados con otro modelo de gestión privada, la concesión administrativa. De uno de ellos, el Hospital de Torrejón, Hill International Spain fue accionista indirecto hasta el pasado mes de agosto: un vínculo societario que, como ha desvelado Público, puede suponer un conflicto de intereses. 

En esas dos décadas, Hill International Spain ha recibido de las arcas públicas madrileñas más de 15 millones de euros. Este periódico ha podido sumar hasta 13,85 millones de euros de los cuatro contratos adjudicados y de tres de las cinco prórrogas firmadas. Pero esa cifra, en realidad, es unos cuatro millones mayor si se le añaden las dos prórrogas de 2010 y 2014 que no figuran en la plataforma de contratación de la Comunidad de Madrid ni en los boletines oficiales del Estado y de la Comunidad. El contrato de 2022 le fue adjudicado por 3,54 millones de euros, y la última prórroga de dos años, hasta 2027, por 2,36 millones.   

Al primer concurso para adjudicar el servicio de apoyo a la Unidad Técnica de Control se presentaron 11 ofertas, y al de 2015, cinco. Pero en los de 2011 y 2022, Hill International Spain fue el único candidato.  

De la limpieza y la cafería a las facturas mensuales

Para los trabajos de supervisión de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), esta empresa, filial española de una de las mayores compañías de gestión de proyectos y construcción de Estados Unidos, emplea un grupo de 16 personas. Desde 2022, cuando se le amplió el contrato, no sólo se ocupa de vigilar y evaluar a los siete hospitales de concesión de obra pública que le encargó Sanidad en 2007 –Puerta de Hierro, Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y Hospital del Tajo (Aranjuez)–, sino que también supervisa los cuatro de concesión administrativa y –Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Torrejón y Villalba–. En todos ellos vigila el funcionamiento de los servicios de limpieza, seguridad, lavandería o almacenes, pero también el de los locales comerciales, cafetería, aparcamiento y servicio de telefonía y televisión. 

Además, revisa la facturación mensual y liquidación anual de la actividad de la Fundación Jiménez Díaz –gestionada por el grupo Quirón– y del Hospital Central de la Defensa, ambos con un convenio singular con el Sermas. Además, se encarga del seguimiento de los contratos centralizados de limpieza, lavandería y vigilancia de los hospitales 100% públicos del Sermas. Quirón es el grupo privado sanitario que más dinero público recibe de la Comunidad de Madrid. Lleva años en el centro de la polémica, desde que se supo que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, trabajaba precisamente para Quirón.

En concreto, ese equipo de 16 personas elabora informes mensuales sobre todos esos servicios no sanitarios y sus planes de calidad. También supervisa el estado de las instalaciones y analiza las incidencias –que se pueden traducir en penalizaciones–. Además, presta asesoramiento técnico y jurídico al Sermas en materia de concesiones y a sus órganos de contratación en la elaboración de pliegos para concursos públicos. 

Sus tareas se extienden también al control financiero: estudio del balance y cuentas de las concesionarias, así como de los costes de explotación de los hospitales, supervisión de facturas mensuales y liquidación anual "según los parámetros de actividad y procesos de auditoría". En los cuatro hospitales bajo concesión administrativa y en la Fundación Jiménez Díaz, para verificar la liquidación anual, Hill International Spain debe revisar tanto la cápita –los pacientes que tiene asignados cada centro–, como la asistencia prestada en virtud del sistema de libre elección y de las listas de espera derivadas por el resto de los hospitales del Sermas.   

Los pagos a las concesionarias 

Todos estos parámetros –cápita, libre elección, listas de espera– son fundamentales a la hora de calcular los pagos que Sanidad debe hacer a las concesionarias –Grupo Quirón y Ribera Salud– y que llevan años traduciéndose en recursos administrativos y litigios. También son la base para las frecuentes solicitudes de "reequilibrio económico" que hacen las concesionarias a la consejería en cumplimiento de los contratos que firmaron en su día.   

Así, a los cuatro hospitales gestionados en régimen de concesión administrativa el Gobierno madrileño les concedió en 2025 un total de 138,78 millones de euros para restablecer el reequilibrio económico del contrato. Se trata de un mecanismo establecido en los pliegos de la concesión para el caso de que se produzcan "circunstancias extraordinarias o imprevisibles" que "alteren significativamente la economía del contrato".  

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En el caso de Torrejón Salud, el hospital reclamó tres veces a Sanidad, entre 2022 y 2025, que le subiera la cantidad que le paga por la asistencia sanitaria. Los fondos conseguidos le sirvieron a la filial del grupo Ribera Salud para salir de la insolvencia en que se encontraba en esos momentos. Pero no para cerrar el litigio que mantenía con su socio minoritario, Concessia. Esta sociedad, creada por las cajas de ahorro y Hill International Spain en 2008, terminó vendiendo su participación (10,53%) al socio principal, Ribera Salud, en agosto de 2025, tras perder en los tribunales la demanda que había presentado por el impago de un préstamo de 13 millones de euros a Torrejón Salud. 

Además, Sanidad aprobó en 2023 aumentos del canon anual de los hospitales Infanta Sofía, Sureste e Infanta Leonor, en concepto de reequilibrio económico, por importe de 4,69 millones de euros, tal y como figura en los informes de la Comisión de Evaluación Financiera de la Consejería de Economía. En 2025, se aprobó otro aumento para el Hospital Infanta Leonor de 4,12 millones. En 2022, la subida del canon para el Hospital Puerta de Hierro ascendió a 750.563 euros. Todos estos reequilibrios los solicitaron los hospitales tras acometer diferentes obras en sus instalaciones.