Los hospitales de Quirón y Ribera Salud pasaron en 2024 al Gobierno de Ayuso una factura de 2.194 millones

El modelo de gestión destapado en el discurso de Pablo Gallart, consejero delegado del grupo Ribera Salud, a los directivos del Hospital de Torrejón ha llevado de nuevo al punto de ebullición el polémico, y caro, sistema de colaboración público-privada de la sanidad madrileña. El informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tras fiscalizar su cuenta general, y que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado día 23, ofrece algunas pistas sobre el precio que los contribuyentes madrileños están pagando a los hospitales gestionados bajo concesión administrativa y bajo concesión de obra pública. La gestión sanitaria de los primeros –Rey Juan Carlos (Móstoles), Villalba, Infanta Elena (Valdemoro) y Fundación Jiménez Díaz– corre a cargo de los grupos Quirón y Ribera Salud –Torrejón–. En los segundos –Infanta Leonor, Infanta Sofía, Majadahonda-Puerta de Hierro, Infanta Cristina, Sureste, Tajo y Henares– la gestión sanitaria es pública, pero la de los servicios no asistenciales es responsabilidad de empresas privadas, desde constructoras hasta fondos de inversión. 

Por todos ellos, la Comunidad de Madrid paga cada año la  factura correspondiente. Según el informe de la Cámara de Cuentas, en 2024 el gasto consignado a los cinco hospitales gestionados bajo concesión administrativa ascendió a 1.755,6 millones de euros. Esa cantidad se incluye en una partida llamada "convenios y conciertos para atención especializada", que se eleva hasta los 1.957,62 millones si se le añaden otros conciertos de menor importe como las ambulancias, las pruebas diagnósticas de imagen o las diálisis. En total, esa rúbrica se disparó nada menos que un 65,7% en 2024 respecto al ejercicio anterior, destaca el informe.  

Además, a los 1.755,6 millones hay que añadir, explica la Cámara de Cuentas, una provisión por obligaciones pendientes de reconocimiento de esos mismos hospitales, que suma 438,2 millones. Es decir, en 2024 la factura total fue de 2.193,8 millones. 

El informe detalla cómo se distribuyen esos pagos. La Fundación Jiménez Díaz se llevó 877,45 millones de euros, el mayor importe. Casi tanto como se les asignó a los otros cuatro hospitales bajo concesión administrativa, un total de 878,15 millones. Al Hospital de Torrejón, del grupo Ribera Salud, le correspondieron 144,4 millones de euros, la menor cuantía. Al Hospital Rey Juan Carlos se le reconocieron unas obligaciones de 350,3 millones; al Hospital General de Villalba, 195,67 millones, y al Infanta Elena, 187,78 millones de euros.  

El canon creciente de la concesión de obra pública

Para los hospitales bajo concesión de obra pública, la factura es más escueta. Se les paga un canon. La Cámara de Cuentas se remite a otro informe, redactado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que fiscalizó las cuentas de estos centros entre enero de 2021 y agosto de 2024. De ahí que la cifra más reciente que aporta se refiera a 2023: 198,6 millones de euros.  

También menciona la Cámara de Cuentas una compensación de cinco millones de euros que se le asignó al Hospital Infanta Leonor de Vallecas –gestionado por el fondo de inversión holandés DIF Infrastructure– para restablecer el "reequilibrio económico" de su contrato con el Sermas por "ajustes en los servicios no asistenciales e inversiones de reposición" realizadas entre 2014 y 2021. Ese "reequilibrio económico" se establece en una cláusula de todos los contratos de concesión y es el que, por ejemplo, ha permitido a Torrejón Salud ingresar 121 millones de euros desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al Gobierno madrileño. Los 32,8 millones reconocidos este mismo año han evitado su quiebra.  

El informe de la Intervención General destaca, además, el enorme crecimiento de los cánones cobrados por los hospitales Infanta Sofía, Sureste y Puerta de Hierro, de entre un 61% y un 68% respecto al canon inicial. Pese a la inquietante lista de "deficiencias en la gestión económica y presupuestaria" en esos centros que revela el documento: errores en la imputación presupuestaria del canon y de gastos ajenos al contrato, como servicios extraordinarios y de la covid-19; falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos; actuaciones sin expediente previo y sometidos posteriormente a convalidación; deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión y en la gestión de inventarios, insuficiente control de los seguros exigidos a las concesionarias, carencia de control de las explotaciones comerciales en las zonas de gestión privada... 

Retrasos que aumentan la factura

Otro aspecto llamativo del modelo de gestión bajo concesión administrativa es el retraso de las liquidaciones y de los pagos a Quirón y Ribera Salud. Tanto los convenios con los hospitales como el concierto singular del que disfruta la Fundación Jiménez Díaz establecen liquidaciones mensuales de la actividad asistencial que presta cada hospital a su población de referencia. Pero después, debe hacerse una liquidación definitiva, siguiendo los criterios de cada convenio y concierto. Finalmente, hay que liquidar también la actividad de los pacientes que eligen tratarse en otro hospital distinto del que tienen asignado, lo que se llama "libre elección". Ese proceso de revisión es tan "complicado", lamenta la Cámara de Cuentas, que da lugar a continuas reclamaciones administrativas e incluso a procesos judiciales. Y retrasa inevitablemente los pagos.  

No obstante, a tenor de las cifras del informe, en 2024 el Gobierno de Díaz Ayuso se tomó especial interés en ajustar cuentas con las concesionarias y abonó casi 910 millones de euros a Quirón y Ribera Salud, cuando el año anterior sólo les había pagado 283,3 millones. Los triplicó, por tanto. Aun así, al cierre de 2024 todavía tiene pendientes liquidaciones de años anteriores por importe de 480,55 millones de euros. 

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De hecho, el volumen de reclamaciones administrativas por solicitudes de reequilibrio de las concesionarias, pago de liquidaciones de ejercicios antiguos o sobrecostes ascendía al cierre de 2023 a 105,82 millones de euros, a los que hay que añadir las nuevas reclamaciones de 2024, otros 65,32 millones. Además, sólo en concepto de intereses de demora reclamados ante los tribunales por los hospitales Infanta Elena, Majadahonda, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital de Torrejón, el Gobierno madrileño tiene consignada en sus gastos financieros la cantidad de 17 millones de euros. 

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, repite que el aumento de gasto en los hospitales de gestión indirecta que se refleja en los presupuestos obedece sólo a la mayor demanda asistencial. También insiste en que los de gestión 100% pública son los que reciben más fondos cada ejercicio. "El modelo de colaboración público-privada en la sanidad pública madrileña", subraya, "es un sistema transparente, garantista y sometido a una exhaustiva fiscalización".