La trampa del sistema de libre elección sanitaria: "No es libertad, es una privatización encubierta"
Madrid fue la primera en ejecutar este modelo y es la única con un alto grado de implantación, aunque también está presente en Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Euskadi.
Voces del ámbito sanitario aseguran que el sistema obliga a elegir entre esperar meses en la pública o acudir a la privada, una decisión condicionada por el "desmantelamiento" de la sanidad pública.
La Consejería de Sanidad madrileña defiende que la libre elección "beneficia a 1,2 millones de madrileños" y que el modelo público-privado es "un modelo de éxito, avalado por los ciudadanos".
Madrid--Actualizado a
El último capítulo del idilio entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la sanidad privada ha reabierto una polémica que lleva años latente en la Comunidad de Madrid: el sistema de "libre elección" sanitaria. El foco mediático se ha vuelto a posar sobre el Ejecutivo regional tras conocerse que los populares han recurrido a los remanentes de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), el organismo encargado de las residencias públicas de mayores, para saldar facturas de hospitales gestionados bajo concesión administrativa.
En total, 252 millones de euros que no se invirtieron en residencias públicas acabaron destinados a cubrir deudas con las empresas de la sanidad privatizada, en su mayoría del gigante sanitario Quirón. Como desveló Público, el primer desvío se produjo en 2022, cuando el Gobierno de Ayuso destinó 191 millones procedentes del ámbito residencial para pagar facturas de empresas privadas. En 2024 hizo lo mismo con otros 61 millones. Este periódico también informó de que estas operaciones fueron posibles porque el PP reformó la ley justo después de la pandemia para poder transferir dinero desde las residencias a otros destinos.
¿Dónde encaja aquí la "libre elección" sanitaria? Precisamente en el destino de esos fondos. Los 252 millones de euros sirvieron básicamente para abonar la actividad derivada del sistema de "libre elección" correspondiente a los centros sanitarios gestionados por Quirón: la Fundación Jiménez Díaz, que es el buque insignia del grupo, y los hospitales Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y General de Collado Villalba. El Gobierno de Ayuso no quiso aclarar, a preguntas de Público, si parte de ese dinero se destinó también al Hospital de Torrejón, que gestiona la empresa Ribera Salud.
Elegir sí, pero ¿a qué precio y con qué límites?
¿Cómo funciona el armazón legal y político de este sistema? Según detalla la administración, en Madrid se reconoce el derecho del paciente a elegir médico de familia, pediatra y personal de enfermería en Atención Primaria, así como hospital y especialista en Atención Especializada, siempre que exista una prescripción previa. Su pilar normativo es la Ley 6/2009 de Libertad de Elección, que convirtió toda la región en un Área Única de Salud, permitiendo escoger profesional o centro en cualquier punto del territorio. El desarrollo práctico de este modelo se recoge en el Decreto 51/2010.
La elección se ejerce, eso sí, cuando el circuito asistencial prescribe la atención especializada. Y no todo entra en este régimen: la propia ley excluye las urgencias y la atención domiciliaria. Además, aunque el decreto regula el procedimiento, la capacidad real de elegir está condicionada por la organización del sistema: agendas saturadas, cupos cerrados y disponibilidad limitada. No es, ni mucho menos, un cheque en blanco para ser atendido de inmediato. Aquí aparece el verdadero nudo del debate: las listas de espera. Los datos oficiales sobre demoras quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas publicados por el departamento revelan que la "libertad de elección" choca, en la práctica, con la capacidad real del sistema.
Elvira denuncia que no conseguía cita en su hospital público, pero sí de forma inmediata en centros de gestión privada
Elvira, usuaria de la sanidad pública madrileña, pone rostro a esta problemática. "No entendía por qué cuando pedía cita con mi hospital de referencia a través de la aplicación aparecía siempre el mismo mensaje: no había disponibilidad. Sin embargo, el sistema me ofrecía acudir a otro centro y, cuando aceptaba, me daba cita casi inmediata", cuenta a Público. ¿La alternativa? La consulta se fijaba en el hospital de Collado Villalba, a 42 kilómetros de su domicilio, y para el día siguiente. En cambio, en su hospital de referencia, Elvira solicitó en mayo del año pasado una cita con el servicio de otorrinolaringología y la respuesta fue una espera de casi ocho meses: el 19 de enero de 2026. "Presenté una queja, pero no sirvió de nada. La cita no se movió", confiesa.
Cuando parte de la red pública está gestionada por empresas privadas mediante concesiones, la libre elección se traduce en más actividad asistencial y, por tanto, en más financiación pública dirigida a centros de gestión privada, aunque sigan integrados formalmente en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Cabe señalar que este sistema no es exclusivo de la Comunidad de Madrid, aunque sí es en esta región donde el modelo se ha desplegado en su totalidad. Desde la descentralización del sistema sanitario, cada comunidad autónoma ha desarrollado este derecho de forma desigual. En Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón o Euskadi, el acceso a la libre elección también está operativo. En otras regiones, como Galicia, País Valencià, Cantabria o Balears, existen fórmulas o marcos normativos en marcha, aunque su aplicación resulta más limitada. En el extremo opuesto, territorios como Catalunya, Murcia o Extremadura presentan un desarrollo muy incipiente del modelo. Madrid destaca sobre el resto porque fue una de las primeras comunidades en implantar la libre elección y porque la ha blindado jurídicamente como un derecho del paciente.
Ahora bien, ¿la respuesta de este sistema responde de verdad a lo que promete su nombre o se ha convertido, en la práctica, en un instrumento que favorece a la sanidad privada?
¿Trampa o libre elección?
Javier Cordón, miembro del Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de Sanidad (MATS), sitúa el origen del actual sistema madrileño en más de dos décadas de planificación y ejecución impulsada por gobiernos del PP, con el objetivo, dice, de derivar crecientes cantidades de dinero público hacia centros privados mientras los hospitales y centros públicos se infrafinancian. "Las bases las puso Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre consolidó el sistema y Ayuso lo hace funcionar a todo ritmo", asegura en declaraciones a Público.
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Cordón recuerda que la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, aprobada por Gallardón, sentó los pilares. "Durante el mandato de Aguirre se consolidó la separación entre aseguramiento, compra y provisión de servicios sanitarios: el presupuesto lo gestiona el SERMAS mientras que la provisión se articula a través de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública, que integra centros públicos y privados financiados con fondos públicos", explica. "De este modo, la provisión sanitaria deja de realizarse solo por la red pública y se convierte en un sistema mixto, justificando la colaboración privada", resume.
Javier Cordón, (Mats): "Convierten a los pacientes en consumidores, rompen la continuidad de la atención y dificultan la prevención"
Para Cordón el mecanismo central es que el dinero sigue al paciente, "un sistema que permite transferir fondos públicos a empresas privadas mediante derivaciones desde la sanidad pública, modificando gradualmente la estructura del sistema". "Este proceso se reforzó con la creación de hospitales en concesión y conciertos con entidades privadas, que se benefician tanto de la financiación por población asignada como de las derivaciones de pacientes. Para facilitar aún más este flujo, en 2010 se eliminaron las 11 áreas sanitarias y se redujo todo a un Área Única de Salud. Al mismo tiempo, los hospitales públicos sufrieron infrafinanciación mediante presupuestos más bajos que el año anterior, cierres temporales de camas, debilitamiento de urgencias extrahospitalarias y plantillas insuficientes", completa.
"El sistema que llaman 'libre elección' no tiene nada de libre, es una elección bastante forzada", afirma tajante el miembro del Mats. Indica que no solo se trata de que el paciente carezca de información sanitaria suficiente para decidir, sino sobre todo de que la administración lo coloca en una tesitura en la que solo hay dos opciones: esperar meses para ser atendido en su centro público de referencia o acudir a un hospital privado, donde lo atienden mucho más rápido. "El resultado de esta elección forzada no es una mejora asistencial: convierte a los pacientes en meros consumidores de servicios sanitarios, rompe la continuidad de la atención y dificulta la prevención", valora.
Sergio Fernández, (ADSPM): "La gente no opta por la privada porque quiera, sino porque la sanidad pública ha sido desmantelada"
Sergio Fernández, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), coincide en que lo que se vende como "libre elección" es en realidad una elección condicionada. "La gente no opta por la privada porque quiera, sino porque la sanidad pública ha sido desmantelada para no ofrecer atención en tiempo y forma. Eso no es libertad, es una presión que funciona como privatización encubierta", recrimina en conversación con Público. Además, incide en que no se trata de que la sanidad privada sea mejor por naturaleza, sino de que la pública ha sido deteriorada a propósito.
"Más que libertad de elección, parece una estrategia de mercado que empuja a la población, especialmente a quienes tienen recursos, hacia el aseguramiento privado", prosigue. Para él, si el sistema facilita el acceso a lo privado y dificulta el público, se está orientando la demanda sanitaria de manera deliberada. "No es casualidad: son decisiones políticas que afectan directamente a la igualdad. La verdadera libertad de la ciudadanía madrileña no es poder elegir un hospital privado, sino ser atendidos en una sanidad pública bien financiada, cercana, coordinada, con profesionales en condiciones dignas y sin depender de intereses empresariales".
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Ángela Hernández, (AMYTS): "Aunque en teoría existe la libre elección, los pacientes se dirigen a los hospitales con menores listas de espera"
En la misma línea, Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), señala a Público que el modelo sanitario del PP en las últimas décadas ha buscado potenciar la gestión indirecta: "Se construyeron seis hospitales tipo PFI (iniciativa privada de financiación), se trasladó Puerta de Hierro a otro modelo PFI y se crearon cuatro hospitales tipo PPP (Participación Público-Privada), donde la gestión del centro es completamente indirecta a través de empresas privadas. En 2012 anunciaron un Plan de Sostenibilidad que pretendía convertir los PFI a PPP y poner en marcha 27 centros de salud tipo EBA (Entidades de Base Asociativa), pero se frenó por la presión de las Mareas Blancas y sentencias judiciales sobre las garantías económicas necesarias para adjudicarlos".
Hernández razona que, aunque en teoría existe la libre elección, "en la práctica los flujos de pacientes se dirigen hacia los hospitales con menores listas de espera. La lista de espera funciona como un mecanismo de regulación en la gestión directa, mientras que en la indirecta se tiene mayor flexibilidad para priorizar patologías frecuentes y no graves". La dirigente de Amyts advierte sobre el efecto de este sistema: "La población busca alternativas privadas a través de seguros médicos para acelerar consultas o pruebas, pero la letra pequeña de estos seguros low cost no cubre procesos graves y costosos que requieran ingreso prolongado en UVI. Así se genera una relación complementaria con la sanidad pública, que combina gestión directa e indirecta, pero con un sesgo claro hacia favorecer a los centros PPP y a la Fundación Jiménez Díaz por la facturación de pacientes externos a su área".
Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que cuentan con un "proceso exhaustivo de garantía" que monitoriza cada euro invertido en sanidad
Una visión muy diferente tienen en la Consejería de Sanidad madrileña. Un portavoz traslada a Público que el sistema de libre elección "beneficia a 1,2 millones de madrileños" y defiende que el modelo público-privado de la región es "un modelo de éxito, avalado por los ciudadanos que se benefician de este sistema". Incide, además, en que "el acceso equitativo está garantizado, y el propio ciudadano es el principal garante, al disponer de libertad absoluta para decidir en qué centro recibir atención o tratamiento".
Desde la Consejería de Sanidad destacan que Madrid cuenta con un "proceso exhaustivo de garantía", que audita, monitoriza y fiscaliza cada euro invertido en sanidad. Recuerdan que "nueve de cada diez euros del presupuesto regional se destinan a partidas sociosanitarias" y que la Consejería ha detallado en diversas ocasiones los sistemas de fiscalización y control del gasto. Por último, destacan que, según las listas de espera oficiales publicadas por el Ministerio de Sanidad en noviembre pasado, la Comunidad de Madrid "sigue liderando los menores tiempos de espera de España".
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