Fondos extranjeros controlan la mitad de las firmas que aspiran a gestionar los alquileres de la nueva empresa pública de vivienda
El concurso sigue abierto y ha recibido de momento una docena de ofertas, de las que solo una ha sido excluida. El Ministerio recalca que, en esta primera fase, "solo se ha mirado la forma de las propuestas, no el fondo".
El rastro de dos de las compañías conduce hasta Luxemburgo. Emerald Impact y Savills, por su parte, tienen capital británico. Servihabitat cuelga de un fondo con sede en Estados Unidos.
Madrid--Actualizado a
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sacó un concurso en diciembre para seleccionar a las empresas o fundaciones que se van a encargar de gestionar el "arrendamiento de las viviendas asequibles" que sacará al mercado Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, articulada sobre los cimientos del antiguo Sepes. La idea es que los precios estén topados y que los contratos tengan una duración de 75 años, para "sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado de Bienestar". El primer listado de compañías interesadas recoge los nombres de una docena de inmobiliarias, la mitad de ellas controladas por fondos de inversión extranjeros. Vivienda, no obstante, recalca que de momento "solo se ha mirado la forma de las propuestas, no el fondo" e insiste en que al tratarse de un concurso, no pueden vetar a ninguna compañía.
¿Quién está detrás de las empresas que se han presentado al concurso? ¿Cuántas están controladas por fondos de inversión? ¿Y cuántas se dedican realmente a la gestión de vivienda asequible?
Alquiler Seguro, una aspirante con polémica
Alquiler Seguro fua la primera en hacer pública su participación en el concurso. La agencia tiene actualmente una cartera de 30.000 viviendas, tal y como ha revelado Público en esta serie de artículos de investigación. El Ministerio de Consumo multó recientemente a la empresa por vulnerar los derechos de los inquilinos e imponerles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Sumar criticó que una inmobiliaria sancionada fuese admitida en el proceso, un hecho que genera "interrogantes muy serios sobre la coherencia, los criterios y la auténtica orientación social" de la iniciativa. EH Bildu también cuestionó la presencia en el concurso de Alquiler Seguro. El concepto de "vivienda asequible" y los valores de la empresa no parecen a priori compatibles.
Alquiler Seguro pertenece desde hace una década a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), propiedad de tres de los cinco socios fundadores. Aurica, un fondo de inversión con sede en Barcelona, posee el 49% de Enacom. El grupo integra desde una correduría de seguros hasta dos socimis y una comercializadora de luz y gas. La facturación rozó el año pasado los 34 millones de euros.
La única excluida: un 'servicer' vinculado a KKR
El Ministerio de Vivienda publicó a finales de enero la relación de candidatas que siguen en el proceso de licitación, una licitación que se estructura en cuatro lotes con arreglo a distintas zonas geográficas. De las 12 empresas que enviaron alguna oferta, solo una ha sido excluida: Hipoges, el servicer a través del cual el fondo estadounidense KKR, con intereses económicos en los territorios palestinos ocupados por Israel, administraba hasta hace poco el 55% del mercado residencial de la Sareb. Hipoges cambió de dueño en noviembre de 2025. Lo compró el fondo británico Pollen Street Capital. Vivienda dejó al servicer fuera del proceso para gestionar las viviendas de Casa 47 por "no haber presentado correctamente" la documentación requerida. Las otras once firmas han pasado a la siguiente ronda y siguen pendientes de la licitación de los contratos.
El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo
Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.
Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.
La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como "consultora especializada en la externalización de servicios públicos" y tiene "más de 70.000 viviendas gestionadas" en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la "recogida, eliminación, tratamiento" o "comercialización" de "residuos" de todo tipo.
La fórmula de las alianzas temporales la han utilizado también Ahora Asset Management y RTA Management Gestión Integral de Activos. La primera nació hace diez años y tiene como razón social la "prestación de servicios de gestión y administración, así como de consultoría y asesoramiento, en todo tipo de actividades en el campo inmobiliario". Marina Romero Bueno y Francisco Javier Hernández Martín figuran como sus representantes o administradores, igual que de otra veintena de sociedades pantalla destinadas a la adquisición de inmuebles para inversores, todas ellas domiciliadas en el mismo edificio de Madrid. RTA Management Gestión Integral de Activos por su parte tiene como administrador único a Pedro José Muñoz Perea. La empresa se define como "especialista en management inmobiliario".
La tercera unión la encabeza Emerald Impact, un "operador especializado en la gestión integral de vivienda social y asequible" que echó a andar en octubre del año pasado con la forma jurídica de una sociedad de interés y beneficio común. Esto quiere decir que además de un lucro económico limitado, busca un impacto social y/o ambiental. La gestora la impulsaron Ingeus y Fantastic 4 Real Estate, que completan la alianza con la que aspiran a gestionar los alquileres de Casa 47. Ingeus forma parte de un conglomerado europeo con el mismo nombre y sede en Reino Unido, que cuelga directamente del holding Ancora desde 2025. El jefe de la filial española y de esta última matriz es Adam Alexander Hart. Fantastic 4 Real Estate tiene su sede en Madrid, pero el rastro del dinero de esta candidatura pasa en cualquier caso por Londres.
La UTE restante es la que incluye a la Fundación Hàbitat3, conocida por haber comprado junto al Ayuntamiento de Barcelona la Casa Orsola, para evitar así la expulsión de casi una treintena de familias a manos del fondo Lionel Inversiones. El colectivo nació hace diez años de la mano del tercer sector para adquirir, rehabilitar y promover viviendas y destinarlas luego a familias vulnerables. Hàbitat3 cerró 2024 gestionando 1.300 alquileres sociales y asequibles. Esta no es la única entidad que quiere entrar en la puja por hacerse con alguno de los lotes que debe licitar la nueva empresa pública de vivienda. Provivienda también ha presentado una oferta y ha confirmado a este diario su interés en seguir avanzando en el proceso. La "asociación sin ánimo de lucro" trabaja desde hace cuatro décadas "por el derecho a una vivienda digna", pero prefiere no valorar de momento a sus competidores en el concurso del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez. Provivienda está presente en 15 comunidades y ha gestionado a lo largo de su trayectoria 72.000 inmuebles.
El listado de propuestas admitidas -y presentadas en solitario- lo completan cuatro grandes empresas del sector inmobiliario, como DoValue, Solvia, Servihabitat, la consultora Savills, además de Procuradores Gestimed. DoValue se presenta a través de su marca española, pero el clúster cotiza en la bolsa italiana y está presente además en Portugal, Grecia o Chipre. El grupo tiene su origen en los activos del banco Unicredit comprados por el fondo de inversión Fortress. INPL Investment Holdings, integrado precisamente en la estructura de Fortress y afincado en Irlanda, tenía en abril del año pasado una quinta parte de las acciones de DoValue. Los fondos luxemburgueses Tiber Investment y Sankaty European Investments poseían entonces el 18,20% y el 11,14%, respectivamente.
Solvia es otro servicer que creció al calor del Banco Sabadell, hasta que lo compró -por fases- la multinacional sueca Intrum, que a finales de 2025 tenía como principal accionista al fondo Nordic Capital. La operación se completó definitivamente en diciembre de 2022. Solvia opera en el mercado con su propia inmobiliaria, una en la que la matriz nórdica vende y alquila "más de 170.000 activos" entre viviendas, locales comerciales, oficinas y trasteros. Los alquileres asequibles no forman parte de sus objetivos, al menos, no figuran en su página web. Servihabitat, por su parte, tiene entre sus "principales accionistas" a "sociedades controladas por Lone Star Funds", un fondo con sede en Estados Unidos. CaixaBank le vendió hace ocho años el grueso de los activos tóxicos de su "negocio inmobiliario", tal y como publicitó el propio banco en una nota de prensa. Lone Star controla el parque residencial de la firma española a través de Coral Homes, vehículo creado expresamente para la adquisición de Servihabitat.
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El nombre de la penúltima firma vuelve a conducirnos al Reino Unido. Savills se presenta al concurso del Ministerio de Vivienda con una de sus filiales, Savills Consultores Real Estate SAU, controlada, una vez más, por fondos extranjeros. La matriz tiene más de setecientas oficinas en todo el mundo y cotiza en Londres. Savills y otras consultoras se mostraron contrarias en su momento a la reforma que proponía el Gobierno para elevar la presión fiscal sobre las socimis que no destinaran una parte de sus carteras "a la promoción de vivienda en alquiler asequible".
Procuradores Gestimed cierra un listado en el que más de la mitad de las empresas -seis de once admitidas- están controladas por fondos de origen extranjero. La firma se dedica principalmente al asesoramiento y los servicios de representación legal, sin que conste experiencia previa en la gestión inmobiliaria. El plazo de inscripciones para el concurso finaliza todavía el 20 de febrero.
El Ministerio de Vivienda sostiene que la "concurrencia" de tantas empresas "demuestra que es un proyecto que suscita interés".
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