Pisos protegidos para siempre, cooperativas o topes a los precios: todo lo que hacen en vivienda las comunidades más allá del boicot del PP

Pedro Sánchez anunció la semana pasada un paquete de incentivos fiscales para los caseros que renueven sus contratos sin subir la renta a los inquilinos. El presidente se comprometió además a "establecer un régimen sancionador" para poner coto a los contratos de temporada, como hizo recientemente Catalunya. La primera de las medidas ha topado con la negativa de Sumar. "La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal", reivindicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y también con la del resto de los socios de investidura. Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han criticado el anuncio y consideran que "no tiene perdón". ¿Qué están haciendo otras comunidades para contener los precios de un mercado enloquecido? ¿Qué propuestas suenan a nivel autonómico más allá del boicot de los populares a la legislación estatal? ¿Cuál es el camino a seguir para aliviar la crisis de la vivienda? 

Cataluya abrió la puerta a las zonas tensionadas

El Govern de la Generalitat fue el primero en acogerse a la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler y declarar zonas de mercado tensionado. Catalunya aprobó además un régimen sancionador para imponer multas a los propietarios que no respeten la contención de las rentas o utilicen alquileres fraudulentos. "Las medidas en materia de vivienda requieren un tiempo más prolongado para su evaluación. Con todo, los precios [de los alquileres] en las localidades no incluidas en la declaración de mercado residencial tensionado siguen siendo ligeramente superiores a la evolución del IPC, mientras que los municipios de las zonas intervenidas tienen un comportamiento por debajo de este valor", señalan desde la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Catalunya declaró 171 ayuntamientos como zonas de mercado tensionado. La medida afecta a nueve de cada diez habitantes.   

La Generalitat también se convirtió el pasado mes de diciembre en la primera administración en aprobar una ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones. El Govern de Salvador Illa impulsó además una serie de cambios en materia fiscal para conseguir un impuesto de transmisiones patrimoniales más progresivo, "que pasa de dos a cuatro tramos", e incrementar el tipo a los grandes tenedores del 10% al 20%. La Conselleria tiene previsto además continuar con la adquisición de viviendas por tanteo y retracto para ampliar el parque público "en los próximos meses" y colaborar con los ayuntamientos para "desarrollar los sectores parados de suelo residencial" y poner más terrenos a disposición de las necesidades en vivienda. "El mercado del alquiler se sigue ampliando, hemos incorporado 24.518 nuevas viviendas en alquiler habitual y permanente entre el primer trimestre de 2024 y el primero de 2025", celebran fuentes de la cartera en declaraciones a Público.

Navarra: uno de cada dos alquileres están intervenidos

"Navarra lleva más de treinta años haciendo políticas de vivienda. La situación es complicada, pero no hablamos del nivel de dramatismo de otras regiones", advierten desde la empresa pública de vivienda de la comunidad foral, Nasuvinsa. Su gerente, Javier Burón, destaca que "todos los años se lanzan convocatorias de ayudas para la rehabilitación de edificios" y subvenciones a fondo perdido, tanto para la compra como para el alquiler de inmuebles. "Navarra apuesta por el alquiler social y asequible, pero también por la venta en derecho de superficie. Lo mismo ocurre con la compra de casas vacías y los acuerdos de cesión con actores privados. Las soluciones para movilizar vivienda no solo pasan por construir", insiste el también autor de El problema de la vivienda: cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España (Arpa).  

La región también ha legislado para que las viviendas protegidas no se descalifiquen y sean siempre viviendas protegidas. Esta norma afecta a todos los inmuebles que se han entregado desde 2021. "Las viviendas protegidas pasan al mercado libre muy rápido y muchas veces, con precios altísimos. Esto ocurre sobre todo en las comunidades gobernadas por el PP. Los pisos de este tipo se descalifican a los quince, diez e incluso siete años", insiste Javier Burón. 

 Las viviendas protegidas pasan al mercado libre muy rápido y con precios altísimos  

La Consejería de Vivienda se ha mostrado asimismo partidaria de "diversificar los proveedores" de vivienda protegida e impulsar la creación de cooperativas, cediendo el suelo desde las mismas administraciones y prestando "apoyo técnico" o negociando la financiación, entre otras cuestiones. "La respuesta está siendo muy buena tanto por parte de la ciudadanía como de los municipios. Si todas las administraciones trabajamos en la misma dirección, podríamos ver resultados mucho antes de lo previsto", continúa el gerente de Nasuvinsa. Navarra ha declarado además una veintena de zonas tensionadas en 2025. Esta medida afecta a dos terceras partes de la población de la comunidad. "La realidad ahora mismo es que casi la mitad de los alquileres tienen algún tipo de intervención pública [mediante subvenciones o vivienda protegida]. Esto va a permitir una cierta moderación de los precios y un crecimiento del número de familias que viven de alquiler a corto plazo", valoran desde la empresa pública.

El modelo vasco: "construir más" pero topar los precios

El Gobierno de Euskadi viene de aprobar un nuevo texto para "aumentar la oferta de vivienda y contener los precios". La norma permitirá "agilizar la tramitación urbanística" y aumentar la "vivienda protegida y la vivienda accesible", tal y como señalan desde la Lehendakaritza. La construcción juega un papel fundamental para el PNV. El partido defiende además dotar de "seguridad jurídica a propietarias y propietarios" contra los "impagos" y "agilizar los trámites para desalojar okupas". Estas políticas están ligeramente alineadas con las que defiende el PP de Alberto Núñez Feijóo, pero no son las únicas. Los jeltzales también proponen dar "avales a los jóvenes para comprar" vivienda y han anunciado que van a "prohibir los nuevos alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionado".

La Consejería de Vivienda, en manos del PSE, impondrá "medidas de control temporal de los precios" en los municipios donde la situación es más preocupante. Esta segunda parte es la que se ciñe más a lo que dispone la Ley de Vivienda que ha impulsado el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez. La comunidad está a favor de topar los precios y ha diseñado medidas orientadas a intervenir el mercado, dos cuestiones en las que las políticas de socialistas y jeltzales se desmarcan de las de los populares. "El principal problema de la ciudadanía es la vivienda, especialmente el de miles de jóvenes y clases medias que ven cómo los precios suben mientras sus salarios no lo hacen. Y queremos darles una solución", precisa Jonatan Moreno, responsable del área de vivienda del PNV. Euskadi ha declarado en el último año una decena de zonas de mercado tensionado, entre las que se encuentran Donostia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Irún y Barakaldo.

Asturias, contra los beneficios fiscales al rentismo

El Gobierno de Asturias ha anunciado que declarará "en las próximas semanas" 16 zonas tensionadas, principalmente "municipios grandes y turísticos", tal y como propone la legislación estatal. La Consejería de Vivienda y Territorio confirmó el pasado mes de diciembre que los expedientes estaban "próximos a finalizar" y presentó además su propia regulación autonómica, aprobada en el Consejo de Gobierno. "La ley de vivienda asturiana establece la protección de por vida de los inmuebles protegidos, sin posibilidad de liberalizarlos con el paso del tiempo", señalan fuentes del departamento consultadas por Público.  

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El Principado también dice haber iniciado la construcción de "564 viviendas públicas, que se destinarán todas al alquiler asequible, muchas, con un plazo de ejecución que termina en junio", es decir, tendrían que estar listas antes del verano. "La legislatura pasada solo se han construido cinco viviendas públicas y ahora llevamos medio millar, pero tenemos previsión de licitar el triple. La idea es acabar la legislatura con un parque público que esté por encima de las 10.000", insisten desde la cartera. La Consejería está ahora en manos de Ovidio Zapico, de Izquierda Unida. El PSOE lideró en solitario el Ejecutivo entre 2019 y 2023.

A finales del año pasado, Asturias también puso en marcha el programa Alquilámoste, con la premisa de "movilizar vivienda vacía y facilitar el acceso al alquiler asequible de las familias trabajadoras". La iniciativa funciona de tal forma que los propietarios ceden sus inmuebles a la administración autonómica "durante un período máximo de siete años" para que esta se encargue de "buscar inquilinos, pagar el IBI" e incluso financiar las reparaciones. Los precios son más bajos que los del mercado libre y los caseros no tienen por qué hacerse cargo de ciertos trámites ni de la relación con las familias. "El programa no lleva ni un mes activo, pero doscientas personas están apuntadas para buscar piso por esta vía y una treintena de propietarios han ofrecido sus viviendas", señalan desde la Consejería. Zapico no contempla ninguna bonificación fiscal para los caseros y se ha mostrado en contra de la propuesta del Ministerio de Vivienda: "Es inaceptable. El único camino es legislar".

Canarias pide limitar las compras a extranjeros

Coalición Canaria presume de haber dotado al archipiélago de "herramientas activas capaces" de dar respuesta al "problema" de la vivienda, un problema que preocupa más –si cabe– en una comunidad golpeada por la "presión del alquiler" y la huella del turismo masivo. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad impulsó y dio continuidad a una serie de "actuaciones de respuesta inmediata", como las ayudas al alquiler y el Bono Joven. El Gobierno de Víctor Clavijo también impulsó dos decretos leyes para "favorecer la construcción" y la promoción de la vivienda asequible incentivada, una figura que consiste en premiar con beneficios fiscales a los propietarios que establezcan una renta por debajo de los precios del mercado. Estas dos propuestas son comunes entre las formaciones de derechas.

Canarias propone limitar "la compra de vivienda a extranjeros". Balears no se lo plantea, pero estudiará un "régimen especial" si ve que es "viable"

"Las anteriores medidas han permitido dar oxígeno a muchas familias mientras avanzamos en el resto de los objetivos", reconoce en una conversación con este diario el consejero del ramo, Pablo Rodríguez. Los planes a corto y medio plazo están principalmente orientados a favorecer la compra de inmuebles, pero la administración insular también contempla medidas para movilizar viviendas y limitar la penetración de actores extranjeros en el mercado. Canarias tiene la intención de lanzar "en este primer tramo del año" el programa Hipoteca Joven, con el que prevé cubrir "hasta el 95% del valor de la vivienda" de la mano de entidades financieras. Los beneficiarios podrán tener entre 18 y 40 años.

El archipiélago pondrá en marcha además un plan piloto para "incorporar viviendas vacías de propietarios particulares al mercado del alquiler, con precios limitados y condiciones equilibradas". Los dueños de los inmuebles recibirían a cambio una serie de "incentivos", recalca Pablo Rodríguez. Canarias dice estar "luchando" paralelamente por la "limitación de la compra de vivienda a extranjeros", una propuesta que, insisten desde la Consejería, planteó inicialmente la administración autonómica. Exteriores lo solicitó la pasada semana ante la Unión Europea. "Lo que proponemos es que los ayuntamientos puedan contar con herramientas para limitar la compra de viviendas a personas que no acrediten una residencia efectiva durante un número determinado de años", desliza el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

Page apuesta por la "intervención a favor de la gente"

Castilla-La Mancha articula sus políticas de vivienda en torno a una "triple estrategia", consistente en "impulsar la construcción de nueva vivienda", rehabilitar el parque residencial existente y eliminar las "barreras económicas y administrativas" de acceso con las que tiene que lidiar la ciudadanía. La Consejería de Fomento, responsable de la materia, dice haber diseñado "diez medidas clave" para "intervenir" el mercado "a favor de la gente", cumpliendo así con una de las sugerencias del Ministerio de Vivienda. El aumento de la oferta en alquiler asequible y los préstamos para la compra de la primera residencia para los jóvenes y las familias con menores a cargo son dos de los puntos que vertebran este paquete de medidas. La construcción también adopta un papel protagonista.  

El Gobierno de García-Page reconoce que la comunidad presenta una "dualidad territorial" que impregna de particularidades sus propuestas de vivienda. Castilla-La Mancha tiene "corredores limítrofes" con Madrid, donde los precios siguen al alza "tanto en venta como en alquiler", pero también muchas zonas rurales con "viviendas en desuso" que requieren "intervenciones específicas y diferenciadas", señalan desde Fomento. La comunidad no ha declarado de momento ninguna zona de mercado residencial tensionado, pero insiste: "Trabajamos para que tener una vivienda digna sea un derecho".

El modelo de las comunidades del PP

La Ley de Vivienda de 2023 permite entre otras cuestiones intervenir los precios del alquiler, toda vez que la decisión queda en manos de las comunidades autónomas. El PP lidera actualmente once de los diecisiete gobiernos autonómicos. La formación manifestó desde el primer momento su rechazo a la norma y prometió boicotear la declaración de zonas de mercado tensionado. El modelo que defienden los populares tiene más que ver con el ladrillo: construir bloques sin límite de precios ni operaciones para, supuestamente, multiplicar la demanda y calmar el mercado. Esto es lo que promueven algunos de los territorios donde las rentas son ahora mismo más elevadas, como la Comunidad de Madrid o Illes Balears. Las dos rechazan abiertamente topar los precios y la capital tampoco avala limitar las compras, como sí proponen algunas de las regiones gobernadas por las izquierdas, los nacionalistas vascos o Coalición Canaria. 

"La declaración de zonas tensionadas no funciona", argumentan desde el PP, pese a los datos de otras comunidades

"No vamos a limitar los precios del alquiler porque esta medida no ha funcionado allí donde se ha aplicado. La consecuencia directa ha sido una fuerte reducción de la oferta", indican desde la Consejería de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los expertos vienen explicando desde hace meses que la oferta se reduce en estos casos porque los contratos son más largos y estables, sin tanta rotación, provocada, precisamente, por la subida desenfrenada de los precios. La Comunidad de Madrid presume de los avales para jóvenes que quieran acceder a una hipoteca y de las futuras entregas del Plan Vive, una iniciativa de la administración autonómica para aumentar la oferta de alquiler asequible en la región. Balears tiene previsto incorporar "más de 7.000 viviendas asequibles para residentes en las islas", pero no contempla de momento una propuesta firme para restringir las compras a no residentes. El Govern de Marga Prohens sí se abre a estudiar con las instituciones europeas "un régimen especial para las islas", siempre que los resultados sean "viables".

La Junta de Andalucía también confirma a este medio su apuesta por "desarrollar" más vivienda protegida, no para siempre, pero con "límites tanto en el precio de venta como en el alquiler". La hoja de ruta vuelve a tomar como referencia la construcción. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, de hecho, presume de tener "la comunidad que más vivienda construye y la que más vivienda protegida ha iniciado en 2025". El Gobierno autonómico no piensa en ninguno de los casos "intervenir el mercado", porque "es un modelo que ya fracasó en otras ciudades", concluye la titular de la cartera encargada, Rocío Díaz Jiménez.

La Xunta de Galicia se pronuncia en los mismos términos y secunda el boicot del resto de los territorios gobernados por los populares. "La declaración de zonas tensionadas no funciona. El ejemplo está en A Coruña, donde el número de contratos de alquiler firmados bajó un 70%", señalan desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, sin tener en cuenta de nuevo lo que advierten los expertos de la congelación de los precios en el mercado catalán y de la mayor estabilidad de los hogares.

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El Gobierno de Alfonso Rueda apuesta por "agilizar la conversión de bajos en viviendas" y ha legislado para "permitir la construcción de vivienda en suelos dotacionales en desuso". La Xunta también ha financiado la rehabilitación de viviendas en los cascos históricos para ponerlas en "alquiler accesible". La Generalitat Valenciana, por su parte, también contempla aumentar el número de viviendas de protección pública y reforzar tanto los avales para la adquisición de la primera vivienda como el "plan antiokupación". Los populares siguen la estela de sus homólogos en otras comunidades y rechazan también aquí intervenir el mercado. Lo mismo defienden los gobiernos de Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Cantabria y Aragón.