Balears, País Valencià y Canarias, las comunidades en las que más crecerá en 2026 la desigualdad entre caseros e inquilinos

Continúan las fricciones dentro del Gobierno en torno a la propuesta del PSOE de aprobar, como parte de un nuevo Real Decreto-ley en materia de vivienda, una bonificación fiscal del 100% para los propietarios que decidan, por su propia voluntad, no subir el precio de sus alquileres. Una medida "de emergencia" con vistas a la renovación masiva de contratos que tendrá lugar en nuestro país a lo largo de 2026. No es cosa menor. Más de 630.000 contratos heredados de la pandemia caducan este año, según las estimaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy.

Desde el ala socialista del Ejecutivo aseguran que esta iniciativa "beneficia a todos, caseros e inquilinos". Sus socios de Gobierno, integrados en el espacio de Sumar, no están precisamente de acuerdo. "Es una propuesta ineficaz, injusta e inadecuada", trasladaba este lunes, horas después del anuncio, el titular de Consumo. Una propuesta, insistía el ministro, que ignora a las verdaderas víctimas de la crisis de vivienda que desangra España: los inquilinos.

Para demostrarlo, el equipo de Bustinduy ha decidido acudir a una fuente que no miente: los datos. Comparando las rentas brutas de propietarios e inquilinos en España para calcular la ratio de desigualdad entre estos dos grupos. La conclusión de este análisis es, cuanto menos, demoledora: la brecha entre caseros (52.449€) e inquilinos (28.810€) es, a día de hoy, de 23.638€. En otras palabras, los caseros tienen una renta un 82% superior.

Esta cifra, puntualizan desde el ministerio, es solo la punta del iceberg. El desglose de los datos por comunidades autónomas revela una realidad especialmente preocupante en cuatro regiones, en las que la renta de los propietarios duplica ya la de los inquilinos. La lista la encabeza el País Valencià, donde los caseros (52.279€) se embolsan un 124% más que los inquilinos (23.383€).

Le siguen de cerca Extremadura y Murcia, con unas ratios de desigualdad del 117% y del 114% respectivamente. Completa la enumeración Castilla-La Mancha, donde los propietarios aventajan en un 103% a sus vecinos que viven pagando un alquiler. Una motivo de alerta más: cuatro comunidades están a punto de rebasar el 100%. Se trata, por un lado, de Galicia,  donde la ratio de desigualdad asciende ya al 99%. Por el otro, de Canarias, Cantabria y Asturias, las tres en torno al 97%.

La brecha se agranda

Hasta aquí, lo que tenemos. Ahora, lo que se nos viene. Dentro del mismo estudio, al que ha tenido acces Público, Consumo ofrece una estimación de cómo podría afectar a la brecha entre arrendadores y arrendatarios la cascada de renovaciones que se espera para este 2026. Todo ello a partir de las cifras del Panel de Hogares 2022 y de la tendencia del aumento de los precios en los últimos años, reflejada en los sucesivos informes de Idealista. Una subida media del 34,3%.

Al dato: de media, la desigualdad entre propietarios e inquilinos crecería 2.216 euros en España. De nuevo, con variaciones significativas según la comunidad. Las subidas más acusadas ocurrirían en Balears (5.667€) y en País Valencià (3.009€), que ya es de por sí la comunidad con la ratio de desigualdad más alta. No están solas. También en Canarias (2.653€) y en Cantabria (2.610€) la escalada de precios se reflejaría en un aumento de la brecha de más de 2.500 euros. Una cantidad que en la Comunidad de Madrid se queda cerca, en 2.406 euros más al año.

"En este contexto, destinar recursos públicos a los propietarios y a los caseros, a quienes tienen prácticamente el doble de renta que los inquilinos, es una medida que no compartimos y no vamos a compartir en ningún caso", se ha pronunciado este martes el titular de Consumo. Por eso, desde Sumar exhortan a buscar "un gran acuerdo", que incluya en la conversación a los agentes sociales, que proteja y alivie el esfuerzo de las familias trabajadoras, "que son quienes están pagando el precio de esta crisis".

Sumar insiste en la congelación de alquileres

La mañana del martes fue precisamente el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Bustinduy, el que ha redoblado las críticas contra el proyecto del departamento de Isabel Rodríguez. Aprovechando para contraponerlo al Real Decreto-ley que puso sobre la mesa Sumar el pasado mes de octubre. En este documento se proponía, entre otras cuestiones, la prórroga automática por otros tres años —cinco en el caso de las zonas tensionadas—de todos los contratos que caducan en los próximos meses.

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Una medida que fuentes del PSOE tachan de "inconstitucional". Con las cifras del nuevo informe en la mano, Bustinduy les ha respondido: "La mejor demostración de que es una medida plenamente constitucional y eficaz es que el Gobierno de coalición la ha aplicado en ocho ocaciones desde el año 2020". Ocho años, ha ampliado el ministro, en los que el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado en contra.

"La crisis de la vivienda", ha apremiado el titular de Consumo, "es de una magnitud que justifica una intervención de emergencia como esta por parte del Gobierno". Porque, ha recordado, la legislación civil —incluida la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)— es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, del Gobierno. "Por tanto, se dan todas las circunstancias para poder hacerlo", ha concluido el ministro.

Fuentes de Sumar insisten a Público en la necesidad de una "intervención urgente" del mercado de la vivienda y del alquiler que garantice, por encima de todo, el derecho a la vivienda de los inquilinos, "no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no".