Sumar se aferra a la vivienda para marcar distancias con el PSOE y exige la prórroga de los contratos de alquiler

Darle un giro de 180º a la legislatura. Restructurar el Gobierno. Impulsar la agenda social. Avanzar en derechos. Son muchas las fórmulas que ha utilizado Sumar los últimos días para poner sobre la mesa que el Gobierno, cercado por los múltiples escándalos de corrupción y acoso sexual que afectan a las filas del Partido Socialista, ha entrado en barrena. Y que hacen falta cambios contundentes en materia social para conseguir alzar el vuelo. Desde Sumar, tienen claro por dónde hay que empezar. Por la que lleva siendo 13 meses consecutivos la principal preocupación de los españoles. Por la que es ya la principal trinchera de la legislatura. La vivienda. 

No es para menos. Según las últimas estimaciones del Ministerio de Consumo, hasta 632.369 contratos, firmados en los meses posteriores a la pandemia, llegarían a término el año que viene. Un vencimiento que podría dejar sin casa, expuestos a la imparable subida de los precios y al endurecimiento de las condiciones del mercado, a por lo menos 1,6 millones de personas en toda España.

No es el único frente abierto. Quedan menos de 15 días para que expire la conocida como "moratoria antidesahucios", una herramienta jurídica, integrada dentro del escudo social, que habría permitido paralizar en los últimos cinco años cerca de 60.000 procedimientos de desalojo contra familias vulnerables. Decenas de miles de procedimientos que se reactivarán con las campanadas de fin de año. Inaugurando una nueva cascada de desahucios que podría superar las cifras de los peores momentos de la burbuja inmobiliaria de 2008. 

Vivienda o derechas

Sumar está dispuesto a entrar en acción. Para revivir la legislatura, sí. Pero también para distanciarse de su socio de Gobierno. Para demostrar que ellos quieren, pero no les dejan. Y que el inmovilismo del PSOE es el principal aliado electoral de PP y Vox. En esta línea, hace un par de semanas, aprovechando los festejos por el Día de la Constitución, los de Yolanda Díaz hacían un anuncio: llevarán al seno del Gobierno un real decreto para prorrogar tres años más -cinco en el caso de las zonas tensionadas- todos los contratos de alquiler bajo amenaza de vencimiento. "Que nos lo tiren ahí, así por lo menos les obligamos a retratarse", apuntaban entonces fuentes del espacio.

Un compromiso en el que este lunes, en la rueda de prensa protocolaria de la formación, volvían a insistir. "Es momento de retomar las cuestiones que de verdad afectan a los ciudadanos. Nuestra voluntad de sacar adelante ese real decreto sigue en pie y de que se discuta cuanto antes en la CDGEA -la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, filtro previo al Consejo de Ministros- también", aseguraba entonces el titular de Cultura y portavoz de la agrupación, Ernest Urtasun. Que, si bien no ha querido concretar cuándo va a producirse finalmente ese debate, si ha sugerido que, por el momento, no tienen demasiadas esperanzas en que el Partido Socialista esté dispuesto a considerar una congelación masiva de alquileres.

Un extremo que parecía venir a confirmar la semana pasada, durante la sesión de control al Gobierno, la propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pidiendo "prudencia" a su socio de Gobierno. "La ley de vivienda está limitando ya los precios del alquiler y está protegiendo ya la prórroga de esos contratos", decía entonces la política socialista. "En una cuestión tan sensible como el problema de la vivienda, hay que acudir a datos públicos y contrastados", continuaba la titular de Vivienda. Un reproche indirecto al equipo de Consumo, que, desde el departamento de Pablo Bustinduy, responden con contundencia. "Ponemos la mano en el fuego por las cifras", aseguran fuentes ministeriales. "El número de contratos firmados es el que es", sentencian las mismas voces.

No es el único movimiento en materia de vivienda que ha protagonizado Sumar en las últimas horas. Frente al letargo en el que permanece el ministerio del ramo, ha sido precisamente el departamento que dirige Bustinduy el que ha optado por emplear toda su maquinaria reguladora para combatir la crisis de la vivienda. Este mismo lunes, Consumo anunciaba una multa de más 64 millones de euros a Airbnb, el gigante de los alquileres turísticos y de corta duración. La sanción castiga la publicación en la web de la plataforma de hasta 65.122 anuncios de alojamientos sin licencia. Una práctica que, además de reducir la oferta de vivienda disponible, influye directamente en el alza de los precios.

Ese es precisamente otro de los flancos pendientes del Gobierno de coalición: la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones. Una proposición de ley que, tras su paso por comisión, donde se aprobó por mayoría, sigue pendiente de aterrizar en el pleno del Congreso, después de hasta 11 ampliaciones formales del plazo de enmiendas. La semana pasada, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez se comprometía a negociar la norma a la vuelta del parón navideño. Exhortando a los grupos políticos a la izquierda del arco parlamentario a implicarse en su definitiva aprobación. Una declaración de intenciones que sus socios de coalición cogen con alfileres. "A ver si es verdad", dudan fuentes del espacio.

En cualquier caso, las tensiones entre los socios de Gobierno están en su punto álgido. Ya el pasado mes de octubre, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, cargaba contra Vivienda, acusando a Isabel Rodríguez de mostrarse incapaz a la hora de adoptar medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de vivienda. Unas críticas entre las que los de Yolanda Díaz arremetían con especial dureza contra propuestas con escaso impacto real en el mercado como la Ventanilla Única Digital, los "bizums" a caseros o el "teléfono de la esperanza" de la vivienda, el 047.  Sugiriéndole a la ministra una solución: "dar un paso al lado". Una sugerencia que la reciente propuesta de Sumar de una "restruccturación" en el seno del Gobierno ha avivado.

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"Nosotros no vamos a señalar a nadie, eso es una decisión exclusiva del presidente del Gobierno", ha silenciado rápidamente los rumores Urtasun. En medio de una rueda de prensa en la que el portavoz de Sumar ha asegurado que mantienen una comunicación fluida y efectiva con su socio de Gobierno. Al que, sin embargo, han decidido no acompañar en la copa de Navidad que celebraba Moncloa la tarde de este lunes.