Consumo sanciona con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a a la plataforma de alquiler turístico Airbnb por la publicación de anuncios de alojamientos sin licencia, entre otras infracciones de la normativa de consumo.

La resolución -que llega tras la apertura de un expediente sancionador- deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo, según ha comunicado el ministerio este lunes. 

Además de la multa económica, la resolución incorpora dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a corregir los incumplimientos detectados. En concreto, Airbnb deberá eliminar los contenidos considerados ilícitos y hacer pública la sanción impuesta. Las infracciones afectan a un total de 65.122 anuncios de alojamientos turísticos publicados en la plataforma.

La principal infracción corresponde a prácticas comerciales desleales hacia las personas consumidoras, tipificadas como infracción grave en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Entre estas prácticas se encuentra la publicación de anuncios de viviendas turísticas sin licencia, incumpliendo las normativas autonómicas que obligan a indicar el número de registro en la publicidad. También se detectaron anuncios que incluían números de licencia que no se correspondían con los registros oficiales o que ofrecían información falsa o incompleta sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa. 

Por estos hechos se ha impuesto una sanción de 64 millones euros, una cuantía equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en que los anuncios permanecieron publicados tras el apercibimiento del Ministerio y hasta su retirada. La orden de retirada ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en distintos autos.

La resolución también sanciona, en primer lugar, el incumplimiento de las obligaciones relativas a los contratos celebrados a distancia, al omitirse información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión de los alojamientos anunciados. Esta infracción leve ha sido castigada con una multa de 10.000 euros. En segundo lugar, se impone otra sanción leve, también de 10.000 euros, por la obstrucción o negativa a facilitar información a la Administración durante la instrucción del expediente. Por último, se sanciona con 55.000 euros el incumplimiento de las órdenes y medidas provisionales dictadas por el órgano instructor para evitar riesgos o perjuicios a las personas consumidoras durante la tramitación del procedimiento, infracción considerada grave.

El Ministerio de Consumo abrió el expediente sancionador del que deriva esta multa en diciembre de 2024. Durante meses, la compañía se negó a retirar los más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia cuya eliminación le había ordenado el Gobierno, y no fue hasta este verano cuando procedió a su retirada. No obstante, el expediente continuó su tramitación, dado que las infracciones ya se habían producido. 

Consumo destaca que estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, el que consideran uno de los principales problemas del país. "Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha manifestado el ministro Bustinduy, al tiempo que también ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".

En este contexto, el ministerio ha confirmado recientemente una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por el presunto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos.