Consumo ha pedido a Airbnb que, de manera inmediata, retire un total de 65.935 anuncios "ilícitos" de viviendas turísticas que se ofrecen en su plataforma, por "contravenir" la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.

En los últimos meses, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, y ha instado a la empresa a bloquear esta publicidad.

Airbnb recurrió en los tribunales la acción de Consumo y ahora un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncia sobre una de las resoluciones y respalda la iniciativa del ministerio e insta a la multinacional a eliminar "de manera inmediata" una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplen la legislación.

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas ubicadas en las regiones Andalucía, Madrid, Catalunya, País Valencià, Illes Balears y Euskadi. En palabras del departamento dirigido por Bustinduy, se "vulnera" la normativa de diferentes comunidades autónomas.

Desde el ministerio han precisado que, "en todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales".

A través de la Dirección General de Consumo, el ministerio de Consumo ha instado a la filial de esta multinacional, que se encuentra en Irlanda, a eliminar un total de 65.935 anuncios, al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa pertinente.

Incumplimiento de "diferentes normativas"

En primer lugar, se vulnera la normativa al no incorporar los anuncios el número de licencia o registro, lo que supone la infracción "más común" en la publicidad analizada.

Por otra parte, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores (es decir, no se especifica si los arrendadores son profesionales o particulares). Esta cuestión, a juicio del ministerio, resulta "fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no". A su vez, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.

Acabar con el "descontrol" y la "ilegalidad generalizada"

Bustinduy ha manifestado de forma pública su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para poner fin al "descontrol" y a la "ilegalidad generalizada" de estos alojamientos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.

Desde Consumo se trabaja en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades y se "redobla" el "compromiso" con la causa, aportando la información recabada por la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y "pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados".

Expedientes anteriores

El ministerio ha hecho hincapié en que la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia.

En febrero de 2025, igualmente, abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador. Además, el 27 de marzo se abrió otro más contra una gran inmobiliaria por sus prácticas abusivas contra los inquilinos.

Desde Consumo aseguran que "estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas".