El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un expediente sancionador a Alquiler Seguro, una "gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional", por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler. El procedimiento llega tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha iniciado así una investigación que podría derivar en cuantiosas sanciones.

Estas denuncian acotan las malas prácticas de las inmobiliarias que incumplen la Ley de Vivienda, que prohíbe explícitamente que los inquilinos asuman los gastos de gestión y formalización del contrato. Entre las denuncias interpuestas a la inmobiliaria en cuestión, destacan infracciones como "pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino", advierten desde el Ministerio.

El departamento de Bustinduy explica que "esta investigación sigue en marcha respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas". Las sanciones podrían ser muy elevadas, y acorde a la Ley de Defensa de los Consumidores podrían ser de hasta 100.000 euros, "pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido" si se considera una infracción grave. En el caso de considerarse muy grave, las multas podrían ser de hasta un millón de euros, "pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido".

"La decisión abre la puerta a la devolución de millones de euros a las inquilinas que reclamen sus derechos", advierten desde el Sindicato de Inquilinas. Las mismas fuentes reconocen que la documentación aportada, "proviniente de varias afiliadas", evidencia que la inmobiliaria exige en concepto de "garantía adicional" unas cantidades que "en ningún caso protegían al casero", sino que se las quedaba la propia empresa. Alquiler Seguro también obligaba a contratar el seguro del hogar y los suministros con compañías pertenecientes a su mismo grupo empresarial. 

El Sindicato de Inquilinas añade que "las malas prácticas" de la firma incluían además "el cobro de hasta 200 euros por visitar un piso", nula atención de las averías y desperfectos durante la vigencia del contrato y la exigencia de datos bancarios "excesivos" para los llamados "estudios de solvencia". El colectivo califica el modus operandi de la inmobiliaria de "estafa permanente" e insiste: "También eran víctimas los propios rentistas".

Esta vigilancia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 viene dándose en el tiempo desde que en diciembre se iniciara una investigación sobre Airbnb por publicidad ilícita. La Dirección General de Consumo solicitó a la plataforma que retirara de forma inminente estos anuncios y, ante su negativa, se le incoó el expediente. Esta misma semana, Bustinduy comunicaba al Ayuntamiento de Madrid de la existencia de más de 15.200 pisos turísticos ilegales en la ciudad y solicitaba al regidor José Luis Martínez-Almeida que pusiera coto a sus anuncios publicitarios. 

El próximo 5 de abril tendrá lugar una nueva manifestación por el derecho a la vivienda en España y las grandes capitales de provincia están llamadas a desbordar las calles para reclamar medidas ante el problema del acceso a la vivienda. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Cádiz, Bilbao, València, Murcia, Zaragoza, Burgos, Salamanca, Valladolid, Ibiza, Guadalajara, Gijón y Vigo tomarán las calles en abril para "tumbar el negocio de la vivienda".