Bustinduy recuerda al PSOE que la prórroga de alquileres se ha aprobado ya ocho veces con el beneplácito del Constitucional

Continúa el debate en el seno del Gobierno desencadenado por el anuncio que lanzó este lunes Pedro Sánchez de un Real Decreto-ley con medidas urgentes en materia de vivienda. Entre estas medidas, se incluía una especialmente polémica: la bonificación fiscal del 100% para aquellos caseros que decidan, por propia voluntad, no subir la cuantía de sus alquileres. Una iniciativa que Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, ha rechazado frontalmente, calificándola de "inútil", "injusta" y "desenfocada".

La mañana de este martes ha sido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el que ha redoblado las críticas contra el proyecto que firma el departamento de Isabel Rodríguez. Aprovechando para contraponerlo al Real Decreto-ley que puso sobre la mesa de negociación su espacio el pasado mes de octubre, en el que, entre otras cuestiones, se proponía la prórroga automática de los más de 630.000 contratos de alquiler que expirarían en España a lo largo de 2026.

Una medida que desde el PSOE desechan por considerarla "inconstitucional". "La mejor demostración de que es una medida plenamente constitucional y eficaz es que el Gobierno de coalición la ha aplicado en ocho ocaciones desde el año 2020 y el Tribunal Constitucional, que es el órgano que puede determinar la constitucionalidad de una medida, nunca se ha pronunciado en contra", ha respondido a sus socios, en declaraciones a los medios de comunicación, el titular de Consumo. No solo eso, ha insistido Bustinduy. La prórroga ha recibido, además, el aval del Defensor del Pueblo.

Voces del Partido Socialista justifican la pasada aplicación de esta medida en el "contexto excepcional de la pandemia" y la consecuente declaración del estado de alarma que, recuerdan, ya no existe. Una argumento que también ha querido rebatir el ministro. "No solo la aprobamos durante la pandemia", ha puntualizado Bustinduy. "También lo hicimos como parte del escudo social para proteger a las clases trabajadoras del impacto económico de la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia", ha completado. Con una precisión más: las razones para considerar el momento actual como de "especial urgencia" y decretar una prórroga masiva de alquileres son las mismas que han impulsado al PSOE a redactar un Real Decreto-ley. "Al final están reconociendo que esa urgencia existe", ha razonado el ministro.

"La crisis de la vivienda", ha valorado el titular de Consumo, "es de una magnitud que justifica, por supuesto, una intervención de emergencia por parte del Gobierno, en cumplimiento de sus competencias constitucionales". Porque, ha proseguido, la legislación civil, incluida la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado. O lo que es lo mismo, del Gobierno central. "Se dan todas las circunstancias para poder hacerlo", ha concluido el ministro, asegurando que Sumar va a poner "todos sus esfuerzos" para mover al Partido Socialista en esta dirección.

Las declaraciones del ministro han tenido lugar apenas unas horas después de que salieran a la luz los datos de un nuevo informe de Consumo. Las conclusiones del mismo, valoran fuentes de Sumar, son directamente "estremecedoras". Según este análisis, los caseros tendrían una renta media anual de 23.638 euros más que los inquilinos, un 82%. Una cifra que, en comunidades autónomas como País Valencià, Extremadura o Murcia, es ya del 100%, "el doble". "No es momento, por tanto, de dar más ayudas a los caseros", apuntan a Público voces del socio minoritario del Gobierno. "Es momento de mirar por las familias trabajadoras, que son las que están pagando el precio de esta crisis".