El Banco de España ha abierto este lunes el procedimiento para decidir si impide o no al actual consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, ejercer la profesión bancaria después de que el Tribunal Supremo fallara recientemente a favor de su inhabilitación. El regulador financiero, en un comunicado, explica que  ha iniciado los trámites para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo por la que se anulaban los efectos administrativos del indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, al considerar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se extralimitó al concederlo.

La institución que dirige Luis María Linde ha decidido iniciar este procedimiento 'de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo' con la intención de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1245/95 de 14 de julio, según el Banco de España. Esto es, el organismo tiene que analizar ahora si Sáenz, el número dos del mayor banco de España, ha perdido su honorabilidad y, dependiendo la conclusión a la que llegue, decidir si puede seguir como consejero delegado de la entidad o debe abandonar su cargo.

El Banco de España no prejuzga cuál será el resultado final de este procedimiento que permite a las partes interponer sus respectivas defensas.

El Supremo falló en febrero en contra de los efectos administrativos del indulto que el anterior Gobierno concedió a Sáenz en lo relativo a la inhabilitación para ejercer el oficio de banquero. El tribunal calificó de 'clara extralimitación' la decisión del Gobierno de pretender que el perdón en lo relativo a la pena se extendiera también a la inhabilitación para ejercer la profesión bancaria. La normativa impone el requisito legal de 'honorabilidad', imprescindible para seguir ejerciendo como directivo del banco, según exigen las Directivas Europeas y el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito del Banco de España. El consejero delegado solicitó en marzo de 2011 el indulto con relación a una sentencia del Supremo que condenaba al ejecutivo de la entidad a tres meses de arresto por un delito parcial de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, lo que acarreaba la inhabilitación para ejercer la actividad bancaria.

Actualmente, el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en un real decreto para modificar los requisitos de 'honorabilidad' en las entidades de crédito en la que se contemplan posibles excepciones a delitos probados y condenados. En la modificación normativa se establece que el banco central español -que es quien en última instancia será quien decida sobre la honorabilidad de los banqueros condenados y por tanto sobre la eventual inhabilitación- deberá consultar a los jueces antes de tomar su decisión.

Tras conocer la sentencia del Supremo, la defensa del consejero delegado anunció que recurriría el fallo en amparo ante el Tribunal Constitucional. Según informaron en fuentes jurídicas, los abogados de Sáenz sustentarán el recurso en una posible infracción del derecho de igualdad y también del derecho a la tutela judicial efectiva.

Igualmente, el Banco Santander y el consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz, presentarán las 'oportunas alegaciones' ante el Banco de España a la vista de la decisión anunciada este lunes. Fuentes jurídicas han explicado que la defensa de Sáenz alegará en este proceso que la normativa europea aprobada por la EBA (European Banking Authority) contempla unos requisitos de idoneidad que 'son cumplidos perfectamente' por Sáenz.

Además, argumentará que el indulto que aprobó el Gobierno a finales de noviembre 'sigue vigente', ya que el Supremo sólo ha derogado una parte, al tiempo que solicitará al Banco de España que suspenda este trámite hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el incidente de nulidad, paso previo al recurso de amparo ante el Constitucional que prevé plantear Sáenz.