Miguel Ángel Fernández Ordóñez no quiere ser menos que Ben Bernanke. Si la crisis financiera internacional ha demostrado que el Banco de España ha sido uno de los supervisores más estrictos del mundo, ahora no quiere dejar de serlo. Por eso, ha creado la versión española del stress test realizado por la Reserva Federal a los bancos estadounidenses.

En este caso, como en casi todos, ha sido bastante más severo. El supervisor ha impuesto a todas y cada una de las entidades financieras españolas (no sólo a las 19 más grandes, como en Estados Unidos) que analicen su capital y su solvencia y le demuestren que son lo suficientemente fuertes para sobrevivir sin problemas serios los tres próximos años, que se avecinan como los más duros e inciertos de las últimas décadas.

El Informe de Autoevaluación de Capital, que es como el regulador ha denominado este ejercicio, obliga a las entidades a calcular, tomando como base los datos de cierre de marzo, cómo sería su situación en tres supuestos diferentes de gravedad de la economía durante los próximos tres años. El Banco de España quiere conocer así si los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito españoles son lo suficientemente solventes para superar las duras condiciones que se les vienen encima o si, por el contrario, necesitan ayudas públicas o fusiones para subsistir.

Para hacer este análisis, las entidades han tenido que contar con diferentes evoluciones del Producto Interior Bruto (PIB), de la tasa de paro y de la morosidad. En este último aspecto y en otros puramente financieros, el Banco de España no ha dado unas cifras de referencia, sino que cada entidad ha tenido que hacer sus propios supuestos dependiendo de su modelo de negocio.

Los bancos y cajas españoles no quieren reconocer públicamente la existencia de esta prueba de estrés y argumentan que el Banco de España ya conoce suficientemente bien la situación de cada uno de ellos, sin necesidad de obligarles a hacer un trabajo de este tipo. Intentan así evitar la incertidumbre y expectativas que se han generado en las últimas semanas en todo el mundo en torno a la situación de los 19 bancos analizados en Estados Unidos. En España, no habrá publicidad de los resultados. El gobernador los guarda como un gran tesoro y, cuando termine de analizarlos, dará las órdenes que crea convenientes, pero con discreción.

Tras conocer los datos, el Gobierno de Estados Unidos obligó a los bancos necesitados de capital a presentar un plan para solucionar sus deficiencias. En España, todavía está por ver qué se va a hacer y cómo. Lo que parece decidido es que el Gobierno creará un fondo de ayuda para las entidades con problemas, pero queda por concretarse cómo se utilizará.

Su intención es que las entidades con problemas intenten una solución privada (con fusiones, principalmente) y si no lo consiguen que reciban ayuda del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Sólo en caso de no prosperar ninguna de esas salidas se les daría dinero del fondo de rescate.

Sin embargo, en el sector financiero no hay unanimidad sobre cómo se debe hacer. Por un lado, están los que defienden que el dinero de ese fondo sólo deberá utilizarse cuando un banco o caja esté realmente en problemas, como ocurrió con Caja Castilla La Mancha.

Por otro, están los que mantienen que lo más beneficioso para el sector sería que se inyectara capital directamente a todas aquellas entidades financieras que demuestren en las pruebas de estrés que su situación no sería sostenible a medio plazo si la economía continúa su deterioro. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, tendrá la última palabra.

Su antecesor, Pedro Solbes, manejaba unas necesidades totales de capital para bancos y, principalmente para cajas de ahorros, de 40.000 millones de euros. En el sector financiero, sin embargo, creen que podría reducirse mucho sólo con que el Banco de España suavizara alguna de sus exigencias actuales en las provisiones para cubrir la morosidad.

Sea cual sea finalmente el resultado de las pruebas, lo que en el sistema financiero tienen claro es que hay un grupo de entidades suficientemente sanas (en general las más grandes); otras -la mayoría- a las que les vendría bien una ayuda para operar con más tranquilidad y dar crédito sin miedo, y un último grupo que necesita mucha ayuda.

La mayoría de las entidades que tendrán que reforzar su solvencia para salir adelante serán cajas de ahorros. Y, precisamente, la debilidad que muchas de ellas han demostrado en esta crisis es lo que ha abierto el debate sobre la necesidad de introducir cambios en su modelo.

El Banco de España pidió al Gobierno que modificara su estatus jurídico para, entre otras cosas, que los bancos pudieran comprar cajas, pero los grupos parlamentarios han decidido no hacer cambios por ahora.

Desde el propio sector de cajas quieren que haya cambios, pero no para que les compren bancos sino para reducir el poder político en sus órganos de gobierno, para facilitar las fusiones interregionales y para tener más fácil la captación de capital. Tienen muy difícil conseguir su objetivo porque las comunidades autónomas no están dispuestas a ceder al Estado el control que ejercen sobre sus cajas.