El Gobierno aprobó este viernes una nueva reforma del sistema financiero, o "una segunda fase", en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos —la segunda desde que Mariano Rajoy ocupa la Moncloa— que obliga a los bancos a elevar sus provisiones de los créditos inmobiliarios sanos, a diferencia de la reforma aprobada en febrero, que exigió a la banca 54.000 millones para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos. Esa medida obligará a la banca española a movilizar cerca de 30.000 millones de euros más y repercutirá en su cuenta de resultados.

Hasta ahora, las entidades debían provisionar sólo con un 7% los créditos considerados no problemáticos, pero este porcentaje se eleva considerablemente, hasta un 52% en el caso del suelo y de los préstamos sin garantía real, el 29% en el caso de la promoción en curso, y en un 15% en la promoción terminada.  

De esta manera, la banca española deberá destinar un total de 84.000 millones de euros para sanear los créditos a la promoción inmobiliaria, que sumaba a finales de 2011 un total de 310.000 millones de euros. De esta cifra, unos 123.000 millones son considerados no problemáticos, si bien se cree necesario aumentar los saneamientos.

Una vez acometidos estos saneamientos, la banca disfrutará de una cobertura del 45% en su cartera de crédito para la promoción inmobiliaria. Las entidades contarán además con un corto periodo de tiempo, sólo hasta el 11 de junio, para presentar al Banco de España sus planes acerca de cómo piensan cumplir con estos requerimientos. 

Los bancos tendrán cinco años para devolver todo el dinero público

Si alguna entidad no pudiera hacer frente a esa provisión, algo que el Gobierno cree que ocurrirá, el Estado inyectaría dinero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en forma de acciones o de bonos convertibles, aunque "prioritariamente" se optará por esta segunda. El interés que cobraría el Estado por ese dinero rondaría el 10%. Los bancos tendrán cinco años para devolver todo el dinero público.

En cualquier caso, el Gobierno nombrará dos auditores independientes para valorar los balances de todos los bancos españoles, según anunció la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. El objetivo es dar confianza al sistema.

Además, los bancos estarán obligados a traspasar antes de acabe 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos y éstas podrán aportar las provisiones que fueran necesarias. El Gobierno insistía en las últimas semanas en que los bancos decidirían si traspasaban sus activos inmobiliarios, pero finalmente será obligatorio.

La ventaja es que si las entidades, en su carrera por sanear estos activos tóxicos que rondan los 180.000 millones, son incapaces de hacerlo por sí solas, podrán ser ayudadas si tienen un socio en la nueva entidad.

Esta sociedad se hará cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir los que ya entraron en mora o tienen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del "ladrillo sano" que pasen a ser problemáticos. Además, con el fin de agilizar la venta de los activos tóxicos, la sociedad deberá colocar anualmente al menos un 5% de ellos a un tercero para que el banco que los aportó se desvincule de ese lastre. 

"El decreto ley se aprueba para dar credibilidad y confianza a nuestro sistema financiero y, como consecuencia de ello, recuperar el crédito en nuestro país. Hay también una tercera razón: conseguir la venta de viviendas a un precio razonable", explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.