La denuncia contra el ex DAO evidencia la impunidad incluso dentro de la Policía: "Los protocolos no se están aplicando bien"

La dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, ha marcado buena parte de la agenda política desde este martes. González ha dado el paso de marcharse tras conocerse que se había admitido a trámite la querella de una subordinada por agresión sexual. Desde el Ministerio del Interior, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que "los hechos son de tal gravedad que, cuando fueron conocidos, se exigió la renuncia y, si no, la dimisión" de González. Y así ha sucedido. "Los protocolos de acoso no se están aplicando bien", lamenta Alicia Sánchez -miembro de la Plataforma para la visibilización de las mujeres policías y militares, integrada por CCOO, SUP, AUGC, AUME-.

La querella, a la que ha tenido acceso Público, describe delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad. En ella, el abogado de la víctima señala que la integrante de la Policía Nacional mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el DAO. Una relación marcada en todo momento por una "asimetría de poder" evidente, dada la jerarquía laboral existente entre ambos. 

"Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión", refiere el escrito.

La querella recoge una agresión sexual en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que -de acuerdo con el testimonio de la víctima- fue presionada a subir en abril de 2025, estando de servicio. "Tras los hechos (...) el querellado inició una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica" sobre la víctima. No dejaba -atendiendo a la querella- de llamarla por diferentes vías, desde distintas terminales, llegando a insultarla, invirtiendo "los roles de agresor y víctima, presentándose a sí mismo como la parte perjudicada".

Tanto la portavoz del PP, Ester Muñoz, como Miguel Tellado -secretario general del partido- han arremetido contra Grande-Marlaska, al que se ha acusado de estar "a favor de encubrir violaciones de un mando policial", y han pedido su dimisión. Lo cierto es que la querella se interpuso el pasado 9 de enero, aunque no ha sido hasta este 17 de febrero cuando se ha admitido a trámite. El ministro ha insistido en que no tenía constancia de la misma y, sobre la consideración de dimitir, ha expresado que "de la única persona" que aceptaría "cualquier crítica es de la propia víctima". "Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha señalado Grande-Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles.

El abogado de la denunciante no ha desmentido al ministro. Al contrario, ha manifestado este miércoles -tal y como ha recogido eldiario.es- que "la primera información que trasladaron sobre el caso al Ministerio fue el martes, en el momento en que la demanda fue admitida a trámite". El letrado no se ha olvidado de mencionar a la mano derecha del ex DAO, el comisario y asesor de González, Óscar San Juan: "Ha tenido una participación activa en los hechos y tendrá que dar su versión". La querella refiere que "San Juan mantuvo conversación telefónica con la víctima, en la cual le propuso textualmente que 'elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap'". El Ministerio del Interior ya le ha abierto una investigación.

La Policía Nacional, por su parte, ha anunciado que abrirá una convocatoria para elegir al nuevo DAO. Se trata de un procedimiento "presidido por el principio de celeridad" que permite acortar los plazos, donde el nombramiento recae en el Ministro del Interior, a propuesta del director general del Cuerpo y previo informe de la secretaria de Estado de Seguridad.

La Dirección Adjunta Operativa, cuyo titular es el número dos de la Policía Nacional, es la encargada de la colaboración con el director general en la dirección de las funciones de mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, además de la dirección, coordinación y supervisión de las unidades centrales, supraterritoriales y territoriales. Además, es "responsable de la dirección, impulso y coordinación de las funciones policiales operativas, que en el nivel central serán realizadas por las Comisarías Generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de Extranjería y Fronteras y de Policía Científica, todas ellas con nivel orgánico de subdirección general, así como por la División de Operaciones y Transformación Digital", entre otras cuestiones. Es decir, un cargo de enorme envergadura y responsabilidad.

De momento, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, ocupará el cargo hasta que llegue un sustituto. Precisamente fue a ella a quien la víctima comunicó "que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, momento en el que fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial". Desde entonces, la denunciante se encuentra de baja laboral por el "grave menoscabo de su salud mental e integridad psíquica" que le acarrearon la agresión sexual -de la cual ha aportado una grabación- y el acoso posterior denunciados.

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Protocolos... ¿para qué?

Si algo ha generado estupor de este caso es que ha tenido lugar en el seno de una institución, la Policía Nacional, fundamental en la lucha frente a la violencia contra las mujeres en todas sus formas, también la violencia sexual. En 2020, este medio se preguntaba: "¿Quién investiga a un sospechoso de acoso sexual y/o laboral cuando este lleva uniforme?". A lo que el periodista Eduardo Bayona daba respuesta con un amplio reportaje donde exponía que "menos del 20% de las denuncias por hostigamientos de uno de los dos tipos que se dan dentro de las plantillas de las fuerzas de seguridad españolas da lugar a la activación de los protocolos para aclarar lo ocurrido".  

En el caso de la Policía, en particular, "el número de denuncias internas por algún tipo de acoso entre miembros del cuerpo entre 2015 y 2019 asciende a 142, cifra que incluye las presentadas por personal tanto funcionario como laboral, aunque de ellas solo 44, el 30,98%, dieron lugar a la activación del protocolo para investigarlas y, en su caso, activar un proceso disciplinario o judicial". La mayor parte de las denuncias (102) corresponde además a miembros de la escala básica. Esto es, agentes y oficiales.

Actualmente, la Policía Nacional -según ha detallado a Público- cuenta con un plan de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida, un protocolo ante supuestos de violencia de género de 2021 y un protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual. Este último, vigente desde 2022. 

  Alicia Sánchez: "Cuando una víctima me habla de una situación de acoso sexual, le digo que vaya al juzgado. No se puede confiar en los protocolos"    

Alicia Sánchez -miembro de la Plataforma para la visibilización de las mujeres policías y militares, integrada por CCOO, SUP, AUGC, AUME-, sin embargo, se muestra muy crítica sobre su efectividad en conversación con Público. "Los protocolos de acoso no se están aplicando bien", lamenta. Ella, como secretaria de mujer e igualdad en la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), expresa que "cuando una víctima" le habla "de una situación de acoso sexual", le suele decir "que vaya al juzgado directamente para cuidarse de contar las cosas mil veces": "No se puede confiar en los protocolos tal y como se aplican ahora mismo", cuestiona.

"Hemos dicho muchas veces que los protocolos no son garantistas con las víctimas", insiste Sánchez. Se refiere sobre todo a las medidas cautelares de protección que, a su juicio, deberían implementarse nada más identificarse un posible caso de violencia sexual. En concreto, a tomar la decisión de alejar "a la víctima del señor que la ha agredido": "Se pasan meses compartiendo espacio".

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Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) valoran que "la querella describe hechos extremadamente graves que deben ser esclarecidos por la Justicia. Precisamente por eso existen protocolos específicos dentro de la Policía para garantizar protección a la víctima y medidas cautelares frente al presunto autor. Habrá que determinar cuándo se activaron formalmente los mecanismos y si se hizo conforme al protocolo [de violencia de género]". 

"Lo importante es que el sistema existe, prevé medidas concretas y permite adoptar decisiones cautelares incluso antes de sentencia", añaden en declaraciones a Público. "Ese protocolo contempla retirada de armas, restricción de acceso a bases de datos sensibles, adaptación del puesto y protección reforzada para la víctima. Si la víctima es funcionaria, tiene derecho a asistencia psicológica, movilidad y protección de su intimidad. Existe además una Comisión Central de Seguimiento que evalúa la aplicación del protocolo. Ahora estamos ante una querella admitida a trámite por hechos muy graves. Corresponde a la Justicia esclarecerlos y, en paralelo, analizar si los mecanismos internos se activaron en tiempo y forma", concluyen.