María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, está dando los últimos retoques de lo que va a ser el octavo intento, después de los seis proyectos de la magistrada Elisa Pérez Vera y de uno, el más reciente, del vicepresidente Guillermo Jiménez, que ni siquiera fue sometido a votación, de sacar adelante la sentencia sobre el Estatut en más de tres años y medio. El pasado 31 de mayo, 12 días después de asumir la ponencia, la presidenta convocó una reunión para el próximo jueves 10 de junio que puede ser el comienzo del debate.

La presidenta ha hecho repartir entre los magistrados una referencia escrita al sistema de votación. En su primer intento, buscará una sentencia conjunta, sobre todo mediante la repesca de Manuel Aragón, el magistrado que parecía estar dispuesto, si se cumplían ciertas condiciones, a votar a favor el proyecto elaborado por Elisa Pérez Vera pero que, finalmente, por un desacuerdo de principios con el encaje del término nación, se apartó, frustrando la mayoría necesaria.

La presidenta Casas necesita a Manuel Aragón, y no parece hecho

El contexto político-institucional es diferente a los anteriores intentos. Desde el Gobierno y el PSOE se ha canalizado positivamente la iniciativa del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) y del Parlament en el sentido de iniciar los trámites para renovar el Constitucional. Y aunque los magistrados saben que esta amenaza de echarlos, por así decir, requiere un acuerdo sobre los candidatos a sucederlos entre los dos grandes partidos, no se les escapa el desprestigio para ellos a título personal y para la institución que supondría tal eventualidad. Es en esta situación en la cual María Emilia Casas ha visto la oportunidad para encontrar una salida que salve la cara, suponiendo que todavía quede algo por salvar, al Constitucional. Y dado que se trata de su proyecto sentencia, la presidenta está dispuesta a usar su voto de calidad para inclinar la balanza.

Pero, para ello, necesita recuperar a Manuel Aragón. Y no parece hecho, incluso en el nuevo contexto, habida cuenta de que los enfrentamientos siguen estando a flor de piel. Con todo, ciertas fuentes estiman que Aragón no lo tiene tampoco fácil. Porque ya ha tenido la oportunidad de liderar/tutelar el proyecto de sentencia presentado sin éxito por Guillermo Jiménez y ha fracasado.

Pero, las citadas fuentes señalan que Aragón se verá obligado finalmente a enfrentarse a una situación relativamente injustificable. Si en el derecho romano, existía el concepto de non liquet, que en latín significa "no está claro", para evitar su respuesta a una cuestión controvertida, la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos prohíben esa indefinición, algo que está recogido, bajo la mención del "deber inexcusable de resolver", en el Código Civil español.

La votación punto por punto llegará si la nueva ponencia también fracasa

Si, finalmente, María Emilia Casas no lograse repescar a Aragón para obtener una mayoría de seis votos a favor, incluyendo en este recuento su voto de calidad, contra cinco en contra, la presidenta pondría en práctica, como opción final, la votación de los artículos por bloques, con una sentencia resultante que anticipa un nutrido número de votos particulares.

La cuenta atrás, pues, comienza esta semana. Bajo la amenaza de despido como espada de Damocles, puede salir a estas alturas la única sentencia posible. Una sentencia mala para Catalunya que será fiel reflejo del empantanamiento en el que ha estado metido el Tribunal Constitucional durante estos años.