"En Bormujos querían dar un pelotazo"

Tomás Martín Morales, abogado, ex alto cargo del PP de Madrid e imputado en la trama Gürtel, teledirigió la moción de censura en Bormujos (Sevilla), que en 2005 desbancó al alcalde del PSOE, Juan Antonio Iglesias. Martín Morales logró que el independiente (PDB) Baldomero Gaviño, regidor hasta los comicios de 2003, le firmara un documento, cuyo original quedó bajo custodia del letrado, en el que se comprometía a celebrar la moción de censura y a nombrar como tenientes de alcalde con plenos poderes en sus parcelas al tránsfuga del grupo AIB-La Paloma José Sánchez y a Ana Hermoso (PP), actual alcaldesa del municipio.

El contrato, al que ha tenido acceso Público, entre Gaviño y Martín Morales –quien se jactaba de preparar mociones “con la gorra”– se redactó el 17 de diciembre de 2004, el mismo día en que el plan urbano de Bormujos, elaborado por AIB y el PSOE y que era muy diferente del que Gaviño pretendía, salía a exposición pública. A los pocos días, se hizo efectiva la moción.

“[En Bormujos] querían cambiar el gobierno para dar un pelotazo urbanístico”, afirma José Luis Peñas, denunciante del caso Gürtel e imputado en la causa, en una declaración ante el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso.  

Escuela de enfermería

Correa, en una conversación transcrita en el sumario, dice: “Ahí el que manejó los hilos fue Máximo. Espero que no me salpique. Menos mal que no bajé a Bormujos”. Máximo González Jurado, presidente del Consejo de Enfermería, ya intentó junto a Correa hacer una Ciudad Sanitaria con facultad de enfermería, en Majadahonda (Madrid), según un informe policial incluido en el sumario Gürtel. Hoy, en Bormujos, existe una escuela de enfermería junto al Hospital San Juan de Dios, cuyo suelo –8.000 metros cuadrados– fue cedido gratis por el ayuntamiento cuando lo dirigía Gaviño.

La Justicia investigó la moción de censura después la denuncia de los compañeros en AIB del tránsfuga Sánchez, quienes dijeron que Eusebio Gaviño, primo del ex alcalde, había ofrecido 840.000 euros en sobornos. Pero el caso se archivó por falta de pruebas en 2006.