Brasil toma medidas contra la tala ilegal en el Amazonas

La policía medioambiental de Brasil confiscó el equivalente a 300 camiones cargados con madera en una gran redada contra taladores ilegales, dijo el Gobierno el miércoles, en el último esfuerzo por detener la destrucción de la reserva forestal del Amazonas.

Durante la redada sorpresa en Nova Esperanca do Piria, 190 kilómetros al sudeste de la ciudad de Belem, la policía clausuró 13 compañías forestales y aserraderos, e incautó tractores, armas y municiones, dijo el ministro de Medioambiente, Carlos Minc, durante una visita al remoto lugar de la selva.

Los dueños huyeron de la zona.

Esta orden fue la última de una serie de medidas tomadas por el Gobierno en favor de su nuevo objetivo de reducir la destrucción del bosque amazónico en un 50 por ciento durante la próxima década.

"Estamos determinados a disminuir la deforestación. Esta operación es una advertencia a los taladores ilegales", dijo Minc a Reuters antes de ordenar la destrucción de 120 hornos para fabricar carbón, usado por fundidoras de mineral de hierro para las calderas.

El Gobierno de Brasil el año pasado abandonó años de oposición a los objetivos de deforestación y ahora está bajo presión para mostrarle a la comunidad mundial y a los críticos en el país que puede cumplir con su meta, particularmente antes de una importante cumbre sobre el cambio climático en Copenhague en diciembre.

Minc prometió reducir la deforestación a aproximadamente 9.500 kilómetros cuadrados en 12 meses hasta julio, la extensión más baja registrada históricamente y menos que los 11.900 kilómetros cuadrados del año anterior.

El Gobierno inicialmente dijo que la última redada confiscó 400 camiones de madera ilegal, pero bajó el número a aproximadamente 300 después de inspeccionar el área.

Cada año taladores, granjeros y campesinos cortan enormes franjas de bosque en busca de tierras de bajo coste.

"Por esto Brasil tiene la imagen en el extranjero de destruir el bosque tropical y emitir dióxido de carbono", dijo Minc después de supervisar el desmantelamiento de un aserradero clandestino.

Decenas de pobladores, varios de ellos trabajadores del aserradero, miraban mientras la grúa demolía su fuente de sustento.

"Sabemos que esto es ilegal pero tenemos que trabajar", dijo Keno Alverenga, hijo de uno de los propietarios.

En un intento por prevenir disturbios sociales en Nova Esperanca, donde la mayoría de los 32.000 habitantes depende de la industria de la madera, el Gobierno prometió medidas de asistencia social y actividades económicas alternativas.

Las medidas incluyen beneficios para los desempleados, cestas de alimentos y terrenos para los más pobres. Los 2,24 millones de dólares estimados de la recaudación de la venta de la madera incautada financiarán proyectos de infraestructura local en donde los leñadores despedidos serán contratados.

El año pasado operaciones policiales similares en otras zonas causaron violentas protestas en las cuales los taladores tomaron como rehenes a funcionarios y huyeron con los troncos incautados.