La Comisión Europea ha vuelto a sacar pecho este lunes por la "transparencia" en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Bruselas y Washington, y ha rechazado las críticas de ONGs, movimientos sociales y fuerzas políticas, que han denunciado en múltiples ocasiones la opacidad del acuerdo.

Este lunes, en la sede de la Comisión en Madrid, el Parlamento Europeo ha organizado un seminario sobre el TTIP (por sus siglas en inglés), en el que ha tratado de lavar la imagen del polémico acuerdo. Lo ha hecho arropada por PP y PSOE, partidarios de la alianza comercial, sin incluir a otras fuerzas políticas contrarias al mismo. Así, la Comisión ha comenzado reconociendo las críticas sobre la influencia de los lobbies empresariales en el proceso, o las acusaciones de opacidad, para después intentar echar por tierra sus argumentos.

"Las acusaciones de falta de transparencia no tienen mucha sustancia", ha asegurado Jochen Müller, analista político de la Comisión en España, jactándose de que la página web de la UE recoge numerosas informaciones al respecto, de que los representantes de los grupos del Europarlamento han tenido acceso a todos los documentos, y de que han mantenido numerosas reuniones con las ONGs y movimientos sociales más críticos.

Lo que ha obviado Müller son las quejas de estos grupos, como Ecologistas en Acción, que han defendido en varias ocasiones que las reuniones no son más que un trámite, que la Comisión no tiene en cuenta sus críticas, y que no reconoce los potenciales riesgos del tratado.Tampoco ha aclarado que, como denuncian formaciones como Podemos o IU, sólo siete eurodiputados -uno por grupo- tienen acceso a la reading room en la que se custodian los documentos, en la que no pueden tomar notas y está prohibido hacer fotos. "¿Por qué no se publica todo?". "Si usted quiere comprar una casa no dice abiertamente cuanto quiere pagar, se negocia", defiende.

Müller ha insistido en que el acuerdo servirá para crear empleo y permitirá incrementar el PIB de EEUU en 90.000 millones de euros, y el de la UE en 110.000, las cifras más optimistas del estudio de impacto encargado por Bruselas en 2013, que también incluye otras menos positivas a las que no suele aludir la Comisión.

En esta línea, Müller ha restado importancia a otro de los puntos más polémicos del tratado: el mecanismo de protección de inversiones ISDS que permitirá a las multinacionales demandar a los estados ante paneles arbitrales internacionales, y no ante los tribubales nacionales, de considerar perjudicadas sus inversiones por las decisiones de los gobiernos de estos estados.

Un estudio del Transnational Institute alertaba en 2013 de que el lucrativo sector del arbitraje internacional está en mano de unas pocas empresas de EEUU, Canadá o la UE, que concentran la mayoría de los casos en todo el mundo, y cuyos abogados cobran hasta 800 euros por hora de trabajo, en procesos que de prolongan durante años. Un ejemplo es el conflicto entre Uruguay con la tacabalera Phillip Morris, que demandó al país por incluir advertencias sobre los peligros del tabaco para la salud en las cajetillas de cigarros.

Uruguay ya ha invertido varios millones de euros en el proceso. Si el tribunal arbitral da la razón a la multinacional, deberá pagar además una indemnización millonaria, aunque Müller quite hierro al hecho de que la tercera parte de estos casos se salden con la victoria de las empresas.

Tampoco consideran que esta regulación vaya a beneficiar exclusivamente a las grandes empresas, a pesar de la probada influencia de los lobbies en un acuerdo en cuya negociación se han celebrado más reuniones con las empresas que con los representantes sociales, tal y como en su día denunció Público. En resumen, no hay autocrítica sobre un acuerdo que suscita un enorme rechazo en otros países europeos, y ya empieza a hacerlo en España. En su lugar, los impulsores del tratado piden a sus detractores que se informen.

Junto al analista, el director de la oficina de la CE en España, Ignacio Samper, el eurodiputado del PPE Santiago Fisas, la europarlamentaria socialista Inmaculada Rodríguez Piñero y el director general de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía, Antonio Fernández-Martos, han rechazado las críticas, y han insistido en los supuestos beneficios que generará el TTIP de aprobarse.

El cambio de estrategia de la Comisión, que ya no obvia las críticas, obedece a la "controversia" y la "polémica" que ha generado el tratado en las redes sociales. Insisten en que, frente a lo que denuncian los contrarios al TTIP, este no afectará al sector público, ni supondrá una reducción de estándares. "Si no es razonable no será aprobado por el Europarlamento", insisten.

Al encuentro han acudido representantes de distintos sectores empresariales como el textil o el del automóvil, y está previsto que las organizaciones sociales tomen la palabra pasadas las 12 de la mañana, aunque algunas han declinado participar por considerar que este acto no es más que un acto de maquillaje del polémico tratado.

"Los que vienen aquí a reivindicar la democracia son los que derogaron el artículo 135"

En el turno de preguntas del público, acotado a poco más de 15 minutos, uno de los asistentes ha recordado que quienes defienden en el encuentro el tratado, "los que vienen aquí a reivindicar la democracia", son "los mismos que derogaron el artículo 135".

En esta línea, ha cargado contra las empresas transnacionales "que violan los derechos humanos", y ha puesto de manifiesto que la Comisión del presidente Jean Claude Juncker, salpicado por el último escándalo fiscal en Luxemburgo, país del que era primer ministro, no está legitimada para representar a los ciudadanos en estas negociaciones.

El PP cree que los opositores son "de extrema derecha e izquierda"

Santiago Fisas, eurodiputado del PPE, ha defendido este lunes que la opsición al TTIP obedece entre otros factores a la entrada de cerca de 100 diputados de "extrema izquierda y derecha" en el Europarlamento. Obvia, sin embargo, que el acuerdo ya había cosechado las críticas de Los Verdes y la Izquierda Unitaria Euroea (GUE/NGL), antes de la llegada de formaciones como Podemos al Europarlamento.

Tanto Fisas como Inmaculada Rodríguez-Piñero respaldan a la Comisión en su rechazo a las críticas, y aseguran que el acuerdo no se firmará si no cumple unos mínimos. El matiz aportado por la eurodiputada socialista es que su grupo no es favorable al ISDS, pero en esencia respalda el polémico proyecto con la Comisión. "Es un instrumento para la creación de empleo", "un instrumento geoestratégico para la paz y la estabilidad", ha llegado a afirmar Fisas, en línea con la tesis de la Comisión.