Menos de 24 horas ha tardado el Gobierno de la Comunitat Valenciana en invocar la denominada cláusula Camps (la disposición adicional de su Estatuto que le legitima para promover actualizaciones de sus competencias si otra autonomía la tiene atribuida) una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. El consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, afirmó ayer que estaban estudiando la posibilidad de iniciar "la reforma estatutaria para defender" lo suyo y evitar "privilegios " o "discriminaciones", sobre todo en lo relativo a la financiación y el agua. Subrayó que no permitirá "que se pueda ver mermado cualquier tipo de derecho o potencialidad para los valencianos".

Consciente de que aún no se conoce la sentencia, Castellano anunció la convocatoria de la comisión de expertos de Les Corts para estudiar de forma detallada la resolución del TC, tanto en los 14 artículos declarados inconstitucionales como en los sujetos a interpretación, antes de decidir si aplicar la cláusula Camps. Esto supondría iniciar un proceso aún fresco en la memoria de los valencianos. Entró en vigor en abril de 2006 y fue recurrido ante el Alto Tribunal por el Gobierno de Aragón y el de Castilla-La Mancha, en lo referido al agua. El Tribunal avaló su constitucionalidad.El portavoz del PSPV, Ángel Luna, sostuvo que había que tomarse el fallo "con un poco más de sosiego" y explicó que no iban a ejercer un "oposición desleal".

Antich: "Algún artículo puede hipotecar futuras actuaciones"

Estatutos tocados

La valenciana no es la única comunidad que ha empezado a analizar el fallo del alto tribunal. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, explicó ayer en rueda de prensa que la sentencia del Estatut de Catalunya puede afectar en otros estatutos. "Si algunos de los artículos de otros Estatutos de Autonomía se ven afectados" por lo declarado inconstitucional por el TC, "tendrán que acomodarse a lo establecido por el tribunal", informa Ángeles Vázquez. Las similitudes de algunos artículos y preceptos de los estatutos de Andalucía, Aragón e IllesBalears con el de Catalunya han provocado una cadena de reacciones y de estudios gubernamentales ante los efectos que podría tener en sus textos estaturarios.

El presidente del Govern Balear, Francesc Antich, consideró que la sentencia del alto tribunal "no es aplicable" al Estatut balear, pero manifestó cierta preocupación por las inconstitucionalidades declaradas en el Estatut. "Algún artículo puede salir tocado e hipotecar futuras actuaciones que nos podrían afectar", aseguró. El equipo jurídico del Govern trabajaba ayer en revisar punto por punto los artículos del Estatut de Catalunya declarados inconstitucionales y su posible repercusión en el texto balear para dar a conocer hoy el resultado.

Iglesias: "Los estatutos de nueva generación son constitucionales"

El Estatuto balear, que entró en vigor en febrero de 2007 y contó con el apoyo del PSOE y Partido Popular, no fue recurrido ante el Tribunal Constitucional. Por ello, desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que para que se aplicasen las supuestas inconstitucionalidades del Estatut catalán tendría que recurrirse previamente el balear.

La Corona de Aragón

En Aragón, el presidente Marcelino Iglesias ha valorado la sentencia del TC aduciendo que con ella "los estatutos de nueva generación, entre ellos, el aragonés, son plenamente constitucionales". Iglesias, de viaje en Bruselas, resaltó la constitucionalidad de cuestiones que había criticado el PP como la "bilateralidad o las nuevas competencias". Y también se refirió al asunto más polémico para Aragón, el Archivo de la Corona, que ha despertado las críticas de la oposición.

La sentencia del alto tribunal ha avalado la constitucionalidad de la disposición adicional XIII referida al Archivo de la Corona de Aragón, cuestión que fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional en octubre de 2006, al entender que modificaba las competencias del Ejecutivo autonómico en esa materia.

A pesar del pronunciamiento del Constitucional, Iglesias pide tiempo para "conocer los fundamentos jurídicos y esperar una nueva sentencia respecto al recurso que planteó el Gobierno de Aragón". Un planteamiento que comparten el Partido Aragonés (PAR), socio de legislatura. Más críticos se mostraron desde la Chunta Aragonesista, donde su presidenta Nieves Ibeas, calificó el fallo de "muy negativo para Aragón". Además del archivo, Ibeas aludió a la constitucionalidad de los temas referidos al agua y las obras hidráulicas.

El PSC solicita al PSOE trabajo conjunto

En la dirección del PSC se impusieron las tesis moderadas. Las intervenciones de alto voltaje catalanista de los consellers Montserrat Tura y Antoni Castells se diluyeron frente a una mayoría que apostó por estar al lado del PSOE pero con la exigencia de que el Estatut pactado no puede plegarse a un TC deslegitimado.

Su portavoz, Miquel Iceta, recordó la paternidad del PSOE, al que "se ha hecho llegar la indignación", sobre el Estatut y reclamó trabajar juntos en las soluciones legales.

Deslizó algún reproche al PSOE al recordar que "muchas cosas deberían mejorar" en la concepción federal del Estado y que algunas que no eran muy evidentes "ahora lo son más". "Vertebrar la España federal es más necesario que nunca y todos nos tendremos que espabilar", advirtió ante la prensa.