Los 152 folios con los que Garzón rellenó su auto no hacen más que acrecentar la frustración de las víctimas del franquismo; las consecuencias jurídicas son varias: la de ponerse el parche antes de la herida, evitando el varapalo jurídico que le iba a dar la Sala de lo Penal el jueves y, también, intentar condicionar el trabajo que realizarán los jueces competentes para investigar estos hechos.

Garzón dedica un quinto de su resolución a defender su actuación y a atacar al fiscal, con algunos de cuyos planteamientos tampoco concordamos en su día; una resolución judicial no debe ser campo para las discusiones personales ni para las descalificaciones entre juristas.

En el ataque a la Fiscalía, Garzón se desorientó alejándose de la investigación inicial para, ex novo, adentrarse en el problema de los “niños perdidos del franquismo” cometiendo errores jurídicos de bulto; una resolución judicial es tal cuando se ajusta a derecho y no se aparta de lo que son las funciones jurisdiccionales contrarias a las arengas políticas como las contenidas en la página 75 del auto.

Lo que se ha visto desde fuera en este procedimiento es una mera actuación estratégica que sólo generará más desconfianza hacia la función jurisdiccional, erosionando la figura de los jueces instructores y ratificando en su razón a quienes sostienen que la instrucción ha de encomendarse a Fiscalía, como se hace en muchos países de nuestro entorno.

Un juez de instrucción no puede ni deber tener estrategia, ha de limitarse a investigar unos hechos con apariencia de delito y tratar de determinar al o a los responsables de los mismos; en este caso, ha pasado de todo menos eso.En cualquier caso, lo relevante es que esta resolución carece de un rigor jurídico suficiente como para alcanzar los fines que las víctimas esperaban, viéndose sus expectativas nuevamente frustradas y, sobre todo, postergadas, vaya uno a saber por cuánto tiempo. En mi tierra (Chile) a esto se le llama: “Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa”.