El supuesto caso de espionaje del que el PP de Castilla-La Mancha acusó a los socialistas de la comunidad, sigue perdiendo fuelle. Fue un alto funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por los conservadores, el que encargó a la agencia de detectives Almirante hasta cinco dossieres sobre la alcaldesa Rosa Romero.

Según informó ayer la Cadena Ser, el funcionario quiso conocer el patrimonio tanto de la regidora como de otros dirigentes del consistorio al sentirse víctima de acoso laboral. El trabajador, apartado de sus funciones, atribuye el acoso laboral a posibles irregularidades llevadas a cabo por las personas a las que encargó investigar.

Este diario adelantó el pasado 1 de febrero que había sido un alto funcionario del ayuntamiento, concretamente un arquitecto, el que había iniciado la investigación por "problemas laborales serios" con el equipo de Romero. Pese a la insistencia de la número dos del PP y presidenta de los conservadores castellano-manchegos, María Dolores de Cospedal, de ver la mano del PSOE tras este caso, se desconoce cualquier vínculo político o familiar del funcionario con los socialistas.

Desde que la mano derecha de Rajoy lanzara su denuncia, el caso no ha hecho más que desinflarse. Primero, Cospedal aseguró tener pruebas del "espionaje". Más tarde, las redujo a indicios y fue muy insistente en que se trataba de algo que no era ilegal. Los socialistas llegaron a amenazar con llevar el asunto a los tribunales.