La iniciativa privada ganará protagonismo en la sanidad pública catalana a medio plazo. El Gobierno catalán lleva meses diseñando el futuro de su brazo asistencial, el Institut Català de la Salut (ICS) y ahora ha encargado un informe con el que, entre otras cosas, pretende "facilitar" la presencia de entidades "participadas minoritariamente por el ICS" en la gestión de los centros y servicios dependientes del organismo autonómico. Al menos así lo recoge la consultora PWC en la propuesta de asesoramiento para diseñar el futuro del organismo autonómico remitida a la dirección del ICS el pasado 29 de septiembre y a la que ha tenido acceso este diario.

El director del Institut Català de la Salut, Joaquim Casanovas, admitió ayer la existencia del documento pero negó, como ha hecho de forma reiterada el Gobierno catalán, cualquier deseo privatizador en el organismo público, que emplea a más de 40.000 personas. "Niego rotundamente que implique la privatización de la sanidad", señaló, para subrayar que "en ningún caso es voluntad de la dirección del ICS efectuar ninguna privatización, tampoco de la gestión de centros".

La participación del ICS será "minoritaria" en los nuevos entes

El Ejecutivo autonómico piensa en crear en el seno de su instituto de salud entidades de base asociativa (EBA), una especie de cooperativas de médicos que se podrían encargar de la gestión de su red de centros de salud, formada por casi 300 ambulatorios. Fuentes vinculadas al ámbito sanitario aseguran que ya ha habido contactos con plataformas científicas para sondear la acogida que podría tener entre los médicos este tipo de fórmula. "Buscamos fórmulas con más corresponsabilidad de los médicos", asegura Casanovas.

Casanovas admite que su equipo está buscando nuevas fórmulas que permitan una mayor implicación de los facultativos en la gestión y en los resultados de los centros de salud catalanes, pero que en estos momentos sólo se está "valorando" esa posibilidad. De hacerlo, el nuevo modelo de gestión se introducirá de forma paulatina y su implantación generalizada sólo será posible en el medio plazo. Antes, CiU tendrá que sacar adelante en el Parlament la Ley Ómnibus, donde trata la reorganización del ICS.

El Tripartito ya puso en marcha esta suerte de empresas durante su mandato, en una prueba para comprobar la optimización de recursos que conseguía. Pero siempre se han mantenido al margen del ICS, que siempre ha tenido bajo su paraguas entidades totalmente públicas. Las 12 entidades de este tipo que funcionan actualmente forman parte del 20% de ambulatorios concertados que gestionan parte de la red pública de salud.

El Gobierno catalán niega cualquier "privatización" de la sanidad

En todo caso, la Conselleria de Salut sopesa ahora avanzar en ese nuevo instrumento, que tan sólo se encargaba de gestionar determinados ambulatorios, para aplicarlo en las unidades territoriales a través de las cuales se organizan los servicios de atención primaria del ICS. El documento de la consultora afirma, no obstante, que se tendrá que "asegurar el control del ICS sobre los órganos de gobierno" de cada una de las nuevas sociedades.

Si el Gobierno hace caso de las conclusiones del encargo tal y como expresan sus objetivos, podría abrirse la puerta a que entidades participadas por capital privado se hagan cargo de centros del ICS, que tiene un presupuesto anual superior a los 2.000 millones de euros.

El presidente del organismo, Josep Prats, está recopilando informes para conocer las diferentes fórmulas que permitan convertir el actual ICS en un organismo más ágil de lo que es ahora y en el que rijan también nuevas reglas para controlar su amplia plantilla. El informe de PWC estará dirigido por un viejo conocido convergente, Joaquim Triadú, que fue conseller de Presidència con Jordi Pujol y que desembarcó en la prestigiosa consultora en enero de este año. El ICS pagará 15.000 euros por el informe, en el que deberá participar también el equipo del instituto público.

La futura estructura está clara: convertir el actual ICS en una sociedad hólding participada al 100% por la Generalitat, de la que penderían múltiples sociedades, cada una de ellas encargadas de cada uno de los ocho hospitales públicos o de una determinada área de influencia, que ofrecería el control de un grupo de ambulatorios y centros sociosanitarios.

El objetivo de la Generalitat de dar más protagonismo a la iniciativa privada en la red pública choca con sus principales interlocutores, los sindicatos, que desconfían que una fórmula de este tipo mejore la calidad asistencial del ICS.