La CE define sus ayudas por el calentamiento

La Comisión Europea trató ayer de resucitar la negociación de un acuerdo global sobre el clima que considera "peligrosamente cerca del punto muerto", según el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso. Bruselas quiere que la Unión Europea amplíe gradualmente hasta los 15.000 millones en 2020 su contribución al desarrollo limpio de los países menos industrializados. Para el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, los países en desarrollo, en especial los que están en crecimiento como China o India, necesitan 100.000 millones al año desde 2020 para lograr un crecimiento más verde.

Hasta un 40% del dinero que Bruselas pide para estos países vendría de la subasta a escala mundial de licencias contaminantes, que deberá negociarse de cara a la cumbre de Copenhague en diciembre, que concebirá un sucesor para el Protocolo de Kioto.El objetivo es reducir en dos grados centígrados el calentamiento global en este siglo, pero todavía no hay compromisos concretos de actores clave, como EEUU. Además, varios países en desarrollo han amenazado con vetar el acuerdo, al no estar dispuestos a pagar los platos rotos de una amenza provocada por décadas de contaminación de los países industrializados.

"Sin dinero de los países desarrollados no habrá acuerdo en Copenhague", reconoció Dimas en rueda de prensa, aunque también alertó de que "sin esfuerzos para mitigar el cambio climático en los países en vías de desarrollo no habrá dinero".

La propuesta de Bruselas debe aún buscar el acuerdo de los 27 Estados de la UE, que difieren en la fórmula para calcular la factura. Así, Polonia defiende que se tenga en cuenta la capacidad de pago y no tanto el nivel de emisiones, que por su dependencia del carbón elevaría su contribución. "Sobre esto no hay una propuesta concreta", lamenta en conversación con Público un portavoz del Gobierno, "por lo que tendremos que negociarlo". Fuentes diplomáticas españolas se limitaron a prometer "una implicación que conduzca al éxito en Copenhague", pero declinaron valorar el coste de la medida para España.