Comienzan las obras de la incineradora más costosa y polémica de Euskadi

Las excavadoras más temidas de Euskadi ya están en marcha. A pesar de las protestas y denuncias judiciales impulsadas por colectivos ciudadanos, la Diputación Foral de Gipuzkoa –en manos del PNV, que gobierna en coalición con el PSE- ha puesto en marcha las obras para construir la incineradora de residuos de Zubieta, un proyecto que requerirá varios millones de euros. Sus impulsores dicen que solucionará un problema, pero sus detractores responden que generarán otros tantos.

“¿Irnos para casa? En absoluto. Hoy no termina nada”, resumió a Público el portavoz de la plataforma GuraSOS, Joseba Belaustegi. Durante los últimos meses, este guipuzcoano ha aparecido en reiteradas ocasiones delante de las cámaras, alertando sobre los graves riesgos que encierra la quema de residuos. También pidió, una y otra vez, que se abriese un proceso de participación ciudadana, dirigido a pensar y diseñar soluciones en materia de gestión de basuras. Belaustegi y sus compañeros buscaron un acuerdo, pero no hubo entendimiento. En otras palabras, fue como hablarle a la pared. O a la excavadora.

Las instituciones no escucharon a GuraSOS. Tampoco al Grupo de Estudios sobre Incineración y Salud (GEIS), conformado por varios médicos. En un documentado informe, ese colectivo sanitario advirtió que la población que vive en un radio de hasta diez kilómetros de las incineradoras -al igual que los trabajadores de esas plantas- enfrenta serios riesgos: tumores malignos –incluyendo leucemia infantil y cáncer de mama-, malformaciones congénitas –entre las que situaron “anomalías letales”, como espina bífida- o trastornos pulmonares, además de un “aumento de mortalidad general”.

A modo de conclusión, el GEIS incidía en la “relación existente entre emisiones gaseosas y residuos tóxicos y sus efectos perjudiciales para la salud humana”. “Con los conocimientos actuales y el principio de prudencia que debería guiar todas las decisiones que afecten a la salud pública, deberían investigarse otros métodos de gestión de residuos”, apuntaban en su documento.

No era la primera vez que se advertía sobre las nefastas consecuencias de la quema de residuos. Cinco años antes, Ecologistas en Acción se hacía eco de un estudio científico realizado por un grupo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. “Hay estadísticamente más riesgo, tanto para hombres como para mujeres, de muerte por cánceres (estómago, pulmón, pleura, riñón y ovario) en ciudades situadas cerca de incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos”, apuntaba aquel estudio.

Lluvia de millones

Ninguna de estas advertencias hizo torcer los planes de PNV y PSE, fervientes defensores de este proyecto –respaldado también por el PP-. Según anunciaron sus impulsores, la planta de Zubieta estará acabada en septiembre de 2019. Los trabajos tendrán un coste de 217 millones de euros, mientras que el Consorcio de Residuos —formado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y un centenar de ayuntamientos— deberá abonar a la unión de empresas un canon de casi 24 millones de euros anuales durante 35 años.

“Queremos conseguir que los inversores se vayan de la obra, queremos contarles lo que van a hacer aquí con su dinero”

El terreno en el que ya están las excavadoras se encuentra muy cerca de Donostia, una ciudad que se vería directamente afectada por sus humos. Lo mismo ocurriría con los vecinos que viven en el entorno más cercano de la futura incineradora, así como con los habitantes de otros municipios próximos. Muchos de ellos han participado activamente en la lucha contra la llegada de esta infraestructura. La “batalla jurídica”, como suele decir Belaustegi, incluyó varios pleitos, algunos de los cuales aún están en trámite.

El malestar de los manifestantes contrastaba con la alegría del Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano (PNV), quien aseguró que el reinicio de los trabajos –suspendidos durante la legislatura anterior por EH Bildu- sólo traerá cosas positivas para los ciudadanos de este territorio. Entre otros aspectos, el responsable foral aseguró que se crearán 180 empleos y se pondrá punto final a la “incertidumbre” sobre el destino final de los residuos generados por sus coterráneos.

Las obras serán realizadas por una UTE liderada por Urbaser, una de las empresas investigadas en el marco de la denominada Operación Lezo. En el acto de este miércoles en Zubieta, sus encargados prometieron que las emisiones serán muy bajas y estarán estrictamente controladas. Sin embargo, los integrantes de GuraSOS se resisten a bajar los brazos.

“Queremos conseguir que los inversores se vayan de la obra”, explicó Belaustegi a este periódico. Con ese objetivo, los integrantes de GuraSOS miran ahora hacia dos ciudades de Europa: París y Oslo. En la primera intentarán reunirse con los directivos de Meridiam, el grupo inversor que aportará el 50% de la financiación. De allí saltarán a Noruega, debido a que el dinero aportado por los inversores franceses proviene principalmente de fondos de pensión de familias escandinavas. “Queremos contarles lo que van a hacer aquí con su dinero”, comentó. La batalla aún no ha terminado.