Los sindicatos policiales condenan la 'irresponsabilidad' y 'extrema gravedad' de las declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al acusar a la Policía de falta de colaboración en la impugnación de candidaturas abertzales, y han pedido al ministro del Interior que 'dé la cara' y le desmienta.

'El señor Conde-Pumpido ha incurrido en una deslealtad de consecuencias imprevisibles al acusar públicamente a nuestro Cuerpo de no responder a las peticiones informativas cursadas por sus fiscales', ha señalado la Confederación Española de Policía (CEP) en un comunicado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) indica en otra nota que, ante una acusación tan grave, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba 'no puede permanecer ni un minuto más en silencio' y tiene que dar las explicaciones oportunas, a lo que añade que el fiscal general debe rectificar de inmediato o 'ser cesado en su puesto por irresponsable'.

Estas denuncias de los sindicatos policiales se producen después de que Conde-Pumpido haya acusado a la Policía Nacional de no atender las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo en los procesos de impugnación de las candidaturas de la izquierda abertzale con vistas a las elecciones europeas y sólo hacerlo a las del juez instructor en la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Ante esta queja del fiscal, la CEP subraya que los expertos de la Comisaría General de Información responden todos los requerimientos efectuados por los titulares de los Juzgados Centrales de Instrucción, por ser precisamente ellos quienes asumen la dirección de la investigación contra la banda terrorista ETA.

Este sindicato policial resalta que hay suficientes cauces para exponer cualquier problema que se pueda plantear en esta materia y que el hecho de desvelar esta supuesta laxitud en el auxilio a la Fiscalía en un foro ajeno al judicial sólo contribuye a generar 'alarma social y presiones' a la labor de los policías de la Comisaría General de Información.

'El señor Conde-Pumpido, que en su día se hizo famoso por manifestar en el Senado que 'el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el polvo del camino' y que la Justicia 'no está para obstaculizar los procesos políticos', en relación a los supuestos contactos con ETA durante la tregua, debería encauzar sus quejas a través de los mecanismos previstos en la legislación', indica la CEP.

También el SUP afirma que el fiscal general 'esta mintiendo' y 'poniendo en entredicho la profesionalidad de todo el Cuerpo Nacional de Policía', y asegura que los informes elaborados por los servicios de información relativos a la ilegalización de ANV fueron entregados al juez instructor del caso de la Audiencia Nacional, por orden suya.

'La Fiscalía sólo tenía que solicitárselos al juez instructor, cosa que desconocemos si hizo', explica el SUP, que además considera que 'si existen problemas entre jueces y fiscales' deben resolverlos entre ellos sin implicar a la Policía, que se limita a cumplir las órdenes del juez.