El Congreso apoya la ley de extranjería entre críticas

El Pleno del Congreso ha rechazado hoy las enmiendas a la totalidad planteadas a la nueva ley de extranjería, pese a las críticas generalizadas de los grupos, que, no obstante, han recogido la mano tendida del Gobierno para mejorar el proyecto.

Durante el debate del Pleno, que ha echado atrás las enmiendas a la totalidad del PP, PNV y ERC-IU-ICV por 183 votos en contra, 154 a favor y dos abstenciones, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido la necesidad de consensuar la nueva reforma de la ley de extranjería y de aparcar las diferencias partidistas.

Todos los grupos del arco parlamentario han recogido el guante, aunque han advertido a Celestino Corbacho de que habrá que mejorar mucho el texto original del Gobierno y habrá enmiendas en prácticamente todos los preceptos.

La política migratoria, "asunto de Estado"

Tras calificar la política migratoria de "asunto de Estado", el ministro de Trabajo e Inmigración ha pedido el apoyo de los grupos para aprobar una reforma que, ha dicho, consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo.

En posteriores declaraciones a la prensa, Corbacho ha rechazado la afirmación de algún grupo y de distintas organizaciones sociales respecto a que los inmigrantes sin papeles no podrían empadronarse en caso de carecer de papeles y, consecuentemente, se les cerrarían las puertas a la sanidad y a la educación.

Durante su intervención en el hemiciclo, a cuya tribuna de invitados han acudido organizaciones sociales y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, el ministro ha recordado los ejes de la cuarta reforma de extranjería que se lleva a cabo desde 2000 y ha acusado al PP de haber declinado la moderación en favor de intereses partidistas.

Casi cuatro millones de extranjeros más en una década

Ha añadido que la iniciativa legislativa se justifica porque en España hay una nueva realidad migratoria —de 800.000 extranjeros en 1999 se ha pasado a 4,5 millones en marzo de 2009— y es necesario "pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración".

A juicio del PP, en boca de su portavoz Rafael Hernando, la política migratoria del Ejecutivo ha pasado del "papeles para todos a problemas para todos" y sus regularizaciones "masivas" tampoco han servido, dado que el actual número de irregulares ronda "el millón, según un sindicato".

Hernando ha acusado a Corbacho de mentir, porque, pese a la crisis y a sus "declaraciones demagógicas de que España no necesita más extranjeros, en el segundo trimestre de 2009 unas 130.000 personas han obtenido el permiso de trabajo y residencia". Se trata a su juicio de una reforma "meramente cosmética que perpetúa los principales defectos" del reglamento de extranjería de Jesús Caldera.

Por último, ha expresado la voluntad del PP de alcanzar un acuerdo con el PSOE, aunque ello "dependerá de su altura de miras (de Corbacho), de su capacidad de mirar en el futuro y no solo en el presente".

Críticas de la oposición

Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, ha recalcado que la nueva ley "recoge pocos derechos" y no garantiza el control judicial en los centros de internamiento de extranjeros; en un tono similar el diputado Joan Tardá (ERC) ha afirmado que el PSOE necesita "mano de obra, pero llegan personas".

El tercer grupo en plantear una enmienda a la totalidad, el PNV, ha recordado —en boca de su portavoz Emilio Olabarría— que tanto Amnistía Internacional como Red Acoge, Cáritas o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han cuestionado el texto, "todo son críticas". Ha felicitado además a Corbacho de querer tender la mano, aunque "va a tener que tender las dos manos", ya que, entre otras razones, es una ley a la que se puede refutar casi todo.

Ana Oramas, de Coalición Canaria (Grupo Mixto), ha advertido de que la reforma, en sus actuales términos, será muy difícil que sea apoyada por CC, y ha considerado "grave" que no concrete nada sobre los menores extranjeros no acompañados.

Tanto Olaia Fernández Dávila (BNG) como Carles Campuzano (CiU) han confesado que el proyecto no responde a sus expectativas, sin embargo han dicho confiar en el trabajo que se haga durante su tramitación.